La convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, anunciada por Pedro Sánchez, sitúa a la economía española en una mejor posición para sortear, como viene haciendo los últimos meses, el contexto de desaceleración europea, al abrirse la expectativa de aglutinar un nuevo Gobierno con más representación parlamentaria y, sobre todo, al haber decaído la puesta en marcha del hachazo fiscal que tenía en agenda el Ejecutivo socialista, que incidía en un 70% sobre las empresas. Son las conclusiones de los expertos consultados por elEconomista, que identifican más riesgos a la baja en el impacto del contexto económico internacional que en la batalla política interna.

En solo una semana se ha dado la vuelta a un horizonte que se dibujaba hostil para las empresas y, por ende, para la generación de empleo, aducen los expertos, ya que los fracasados Presupuestos Generales del Estado para 2019 incluían alzas impositivas (Sociedades, IRPF, fiscalidad del diésel) llamadas a sumarse a la creación extrapresupuestaria de nuevas figuras tributarias como la tasa Google y el gravamen a las transacciones financieras.

Las tornas de la escena política cambiaron desde que el presidente del Gobierno -ante la presión de los partidos constitucionalistas, incluido el suyo- se vio forzado a rectificar su estrategia negociadora con el soberanismo catalán, sacrificando la figura del relator el pasado 8 de febrero y, con ello, desbaratando el apoyo a su proyecto presupuestario para este año, lo que exhibió la debilidad de un Ejecutivo en minoría, incapaz de sostener la acción de Gobierno con sólo 84 escaños.

La economía española se enfrenta a un contexto de desaceleración europea que por el momento está capeando, como certifican los datos de PIB de cierre de 2018, según los cuales avanzó por encima de la eurozona, siendo la economía que más crece de las cuatro grandes del euro, con un 2,5%. Pero la ralentización en 2019 está descontada (hasta el 2,2) y avisada por los diversos organismos de predicción públicos y privados, algo que se agravaría con la sobrecarga impositiva prevista por el Ejecutivo de Sánchez.

Las empresas, contentas

Por ello, no extraña que el empresariado haya celebrado un adelanto electoral que alienta la expectativa de una mayor estabilidad a la política económica. Y según los analistas consultados, el horizonte de ralentización se suavizará ante la expectativa de un nuevo Ejecutivo que pueda implementar políticas liberalizadoras y proempresa.

En este sentido, el socio fundador de Nextstep Finance, Víctor Alvargonzález, indica que el mercado verá con buenos ojos la conformación de una coalición con mayoría suficiente para estabilizar la economía. «Un Gobierno inactivo ya no podrá adoptar medidas draconianas. El adelanto electoral supone que los mayores gravámenes a las empresas ya no se van a aplicar y la actividad económica ya no estará fiscalmente penalizada», indica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, quien abunda en que el adiós al hachazo fiscal se traducirá en una consecuente mejora de los beneficios empresariales, la inversión y la creación de empleo. Un argumento en el que coincide el presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quien además asegura que un Gobierno inestable es el escenario más nocivo para el contexto de declive del PIB.

El escenario previo al adelanto electoral también ha sido tachado de negativo para la economía española por Juan Velarde, economista y catedrático, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; y por el economista-jefe del think tank Civismo, Javier Santacruz, quien indica que gracias a la convocatoria de elecciones se terminará con la cuasiparálisis legislativa que depararía un Gobierno sin apoyos suficientes para activar su hoja de ruta.

Tras el anuncio de Sánchez, la agencia de calificación Moody’s salió al paso el viernes con un informe de urgencia sobre el adelanto electoral español, donde quita hierro a la incertidumbre política derivada de la llamada a las urnas, al entender que tendrá un impacto limitado. En esta línea apunta Alvargonzález, quien recuerda que en 2016 la economía española exhibió su resistencia a los 314 días que vivió bajo un Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. La política ya es un factor más con el que batallan los agentes económicos y han demostrado su resistencia, explica. No es tan optimista Alvargonzález respecto a la influencia del contexto internacional. La economía española resiste principalmente por el turismo y la construcción, y ambos se verán afectados por la desaceleración europea. En consecuencia, atribuye más riesgo al contexto internacional que al escenario político.

Temor a un Gobierno débil

No obstante, los expertos consultados coinciden en que tras la cita del 28-A habrá más volatilidad si se reeditan unos resultados que dejan un Gobierno débil o se replica la situación actual. A juicio de Bernaldo de Quirós, la vuelta a un Gobierno inestable empeoraría la situación. Alvargonzález cree que el mercado no se tomaría mal un resultado que genere una solución a la andaluza. En este sentido, Robles no ve plausible que se conforme un Gobierno alternativo capaz de cambiar la política económica sin reeditar una coalición a la andaluza.

«Unas elecciones anticipadas podrían dar lugar a una situación política algo más estable si surgiera una coalición gubernamental con una mayoría estable y la capacidad de aplicar un elenco de reformas macroeconómicas y fiscales estructurales», argumenta el estudio de Moody’s, según el cual la ausencia de tales reformas y el retroceso en algunas importantes, como las del sistema de pensiones, «han sido una de las razones por las que hemos visto escaso potencial de subida de la calificación soberana de España».

Con todo, España sigue funcionando con la prórroga de los Presupuestos de 2018, que se estima dejará el déficit en el 2,4% si no se toman medidas adicionales. El proyecto de Sánchez apuntaba a un objetivo del 1,3%, tras rechazar las Cámaras su pretensión de llevarlo al 1,8%. En cualquier caso, no se espera que desde la Comisión Europea se castigue el desempeño fiscal de España con un proceso electoral en curso. En este punto, Robles explica que es posible que las subidas de pensiones y otras alzas salariales deriven en un aumento del déficit al no financiarse ya con nuevos tributos, pero también pronostica que podrá arbitrarse la congelación de algunas partidas presupuestarias para cumplir con Bruselas, «lo que resultará positivo», zanja el profesor del CEF.