09
mar
Periodicos del Grupo Vocento

Analizar la teoría que justifica la subida del IVA no sirve para comprobar cuál es el efecto práctico de aumentar este tributo. Si lo que queremos es ver cuánto suben los precios por efecto de este impuesto, lo que hay que hacer es ir al mercado. Lo mismo ocurre cuando lo que se quiere es contratar a diez ingenieros altamente cualificados con un suelo neto de 100.000 euros al año. Dado que estos profesionales tienen gran facilidad para desplazarse, las empresas buscarán implantarse en la región donde los impuestos sean menores y permitan optimizar el coste total para la empresa de ese importe neto.

La diferencia de cargas tributarias es muy elevada entre las Comunidades autónomas. Por ejemplo, el coste de fichar a uno de los citados profesionales varía desde los 163.964 euros brutos para una empresa del País Vasco, según datos de la Hacienda de Vizcaya, a los 187.815 euros en Cataluña (cantidades en las que se ha incluido la partida de la Seguridad Social). Una diferencia de 23.815 euros al año. Pagar un sobrecoste de 87.815 euros (sobre el neto) respecto a 63.964 euros resulta un 37,3% más elevado. Este porcentaje parece suficiente para que una empresa tecnológica de capital humano intensivo se replantee, por mucho arraigo que se tenga en un territorio, dónde radicarse.

No obstante, hay un grupo de regiones caracterizadas por tipos de IRPF bajos: además del mencionado País Vasco, Navarra (con un coste total de 171.056 euros), la Comunidad de Madrid (171.092 euros) y La Rioja (172.807 euros). Es cierto que las comunidades forales cuentan con una mayor facilidad para bajar los impuestos, pero tampoco son un ‘paraíso’, ni es imposible competir con ellas a la hora de atraer a los mejores talentos, como evidencia la similitud entre las cifras de Madrid y Navarra. En segundo lugar, se encuentran regiones con variaciones mínimas respecto a la media: Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-LaMancha y Galicia (todas ellas con 173.319 euros) y Comunidad Valenciana y Murcia (ambas con Las Provincias.es.263 euros). Su mayor problema es que, si bien no suponen un coste extra, tampoco ofrecen un incentivo para atraer población muy cualificada.

Por último, las comunidades con una fiscalidad por encima de la media: Canarias (175.781 euros), Extremadura (176.716 euros), Asturias (El Norte de Castilla.493 euros), Andalucía (El Norte de Castilla.957 euros), Cantabria (187.749 euros) y Cataluña (187.815 euros). A pesar de su elevada fiscalidad, es cierto que algunos países, como los nórdicos, basan su capacidad de atraer buenos profesionales en la calidad de los servicios públicos (buena sanidad y educación, zonas verdes, ocio). Sin embargo, estas comunidades harían bien en cuestionarse si realmente ofrecen mejores prestaciones que el País Vasco, Navarra o Madrid o si, por el contrario, se han apuntado al discurso de ‘castigar a los ricos’ y han terminado perjudicando a toda la población.

Hace un par de semanas se trataba aquí sobre el incentivo para la creación de empresas que supone la barrera de costes de entrada a la actividad. Estos proyectos no tienen gastos importantes en materias primas o energía, como las industrias tradicionales, ni en alquileres y suministros, como el comercio. Sin embargo, su principal inversión corresponde al del personal con formación muy elevada. Por ello, la mejor forma de ayudar a estas empresas a salir adelante y cambiar el tejido productivo consiste en facilitar la contratación de los técnicos de alto nivel que necesitan. Está en nuestra mano decidir si queremos acelerar la generación de estas nuevas empresas, con sus consiguientes empleos. Si nos obcecamos en una falsa justicia social que promueva solo muchos empleos de bajo valor añadido, seguirán faltando esas industrias innovadoras que tiran del resto.


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