20
feb
Expansión

Ha hecho falta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la gran mayoría de los españoles se enteraran de la increíble regulación de la actividad en los puertos espa- ñoles. Gracias a ella, han sabido que la gestión del personal de un sector de extraordinaria importancia para nuestra economía está controlada de facto por unas denominadas sociedades anónimas de gestión de los trabajadores portuarios, que impiden a las empresas estibadoras la contratación libre de sus empleados. Y que dicho control tiene, naturalmente, sus efectos; entre ellos, unos salarios muy por encima de las condiciones de mercado –las estimaciones publicadas por la prensa indican que la mayoría de los estibadores cobran más de 80.000 euros al año– y tratamientos de privilegio a los familiares de estibadores para acceder a tan generosos ingresos.

La sentencia del Tribunal de la UE de diciembre de 2014 da la razón a la Comisión Europea en su denuncia contra el Gobierno español por mantener una situación que ataca de forma clara el derecho a la libertad de establecimiento y obliga a nuestro país a modificar la regulación del sector. Sorprendentemente, durante más de dos años no se ha hecho nada. Y parece que, por fin, ante posibles sanciones de la Unión Europea por su incumplimiento, el Gobierno español se ha decidido a dar el paso. La reacción del sindicato dominante en el sector ante una norma que pone en cuestión sus privilegios ha sido la esperada: amenazas de huelga, paros encubiertos, violencia con daños a instalaciones y vehículos… y un claro chantaje al Ejecutivo para que no cumpla con su obligación y no aplique la sentencia del Tribunal de la UE. Y me temo que, al menos por el momento, han ganado la partida, porque Fomento ha anunciado que retira, temporalmente, su proyecto de reforma.

No sé qué resulta más sorprendente en toda esta historia, si el hecho de que haya llegado a existir una reglamentación como la que tenemos o que ningún gobierno, a lo largo de varias décadas, haya decidido cambiarla. La Unión Europea tiene hoy serios problemas y muchas de sus políticas son, ciertamente, criticables. Pero no cabe duda de que, para un país como España, es un instrumento importante para ayudar a mejorar aspectos relevantes de la regulación. Porque parece bastante claro que, sin la sentencia de diciembre de 2014, la regulación del sector portuario permanecería como está ad calendas graecas.

Dos son las estrategias con las que un gobierno puede afrontar el problema de modificar una norma legal ineficiente. La primera es proceder a realizar los cambios necesarios tan pronto como se observa la conveniencia de la reforma. La segunda, ampararse en una norma exterior, que obliga a ese gobierno, le guste o no, a modificar la situación. La primera de estas soluciones es la mejor por diversas razones. En primer lugar, porque si un gobierno es consciente de una ineficiencia grave debe corregirla sin esperar a que, desde fuera, se lo indiquen; y, además, porque es su obligación explicar a la gente que el cambio es necesario y que redundará en beneficio de la mayoría del país. Pero tal estrategia no está exenta de costes. Toda reforma, por muy necesaria que sea, va a encontrar siempre detractores en los grupos de interés que se benefician de la situación actual. En nuestro caso, el sindicato mayoritario en el sector de los puertos es perfectamente consciente de que la liberalización y la introducción de competencia harían imposible mantener las ventajas excepcionales de las que hoy disfrutan sus afiliados. Y, naturalmente, van a oponerse con todos los medios a su alcance.

Poder de coacción

Es importante recordar que no todos los sindicatos tienen la misma capacidad para influir en una negociación sobre condiciones laborales. Existe una amplia evidencia que indica que son los sindicatos más reducidos y especializados, que controlan un segmento concreto de la actividad productiva de la que muchas otras dependen, los que mayores beneficios pueden conseguir, tanto en lo que se refiere a ingresos para sus miembros como en lo que respecta a privilegios de otro tipo. Los sindicatos de pilotos, controladores aéreos o, en este caso, de los estibadores son buenos ejemplos. Una huelga organizada por estos sindicatos, aunque el número de personas que la sigan no sea elevado en términos absolutos, puede tener efectos importantes en la economía del país.

Por ello, los gobiernos tienen miedo, en muchas ocasiones, a enfrentarse a ellos directamente y prefieren la segunda estrategia, basada en la existencia de una imposición externa imposible de evitar. Es lo que en literatura económica se ha denominado la “teoría del cubo de basura”. Se plantea un gobierno que hay que hacer una reforma que resultará, sin duda, impopular en grupos de interés que pueden crear problemas; pues bien, digamos que los cambios, realmente, no son cosa nuestra, que lo que de verdad nos gustaría sería seguir como estamos… pero hay unos señores en Bruselas que no nos dejan. ¡Qué le vamos a hacer!

Al final estas estrategias, mal que bien, acaban funcionando porque no hay otra solución. Pero sería de agradecer que –en éste y en otros casos que se puedan plantear en el futuro– quien debe tomar las decisiones ponga las cartas sobre la mesa, explique a la población que las cosas no pueden seguir así, no espere a que le obliguen desde Europa y asuma la responsabilidad de realizar los cambios que el país necesita… que no son pocos.


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