Hace una semana, cuánto menos un mes, ni podíamos imaginar la situación en la que hoy nos encontraríamos. El coronavirus ha pasado de estar controlado y no constituir una amenaza a expandirse por toda España y afectar a casi la totalidad de provincias del país. Con las medidas tomadas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, muchas personas han entrado en pánico, lo cual les ha hecho aprovisionarse y llenar las despensas, a la espera de una posible cuarentena o escasez de recursos. A la vez, el sistema sanitario no da abasto, y muchos productos de salud, como mascarillas o geles desinfectantes, se han agotado. Todo esto, en definitiva, se ha traducido en picos de demanda para la oferta existente de esos bienes y servicios.
En estas circunstancias, en las que los precios de algunos artículos se disparan o los mostradores y frigoríficos de supermercados se quedan vacíos, muchos se inclinan por la intervención, la planificación y el control como solución al problema. Cuando el coste de las mascarillas aumentó de forma tan abrupta, muchos políticos se manifestaron en contra de esta subida, sugiriendo incluso una fijación de precios o abastecimiento garantizado por el Estado. El problema, según ellos, residía, como siempre, en el libre mercado. La codicia capitalista hacía que empresas y especuladores aprovecharan la alta demanda para elevar precios y obtener mayor beneficio. El Estado debía frenar eso.
Sin embargo, y como es común en los argumentos intervencionistas, este razonamiento adolece de falta de un riguroso sustento teórico. Esto se debe a que no entienden en profundidad las leyes de la oferta y la demanda ni, sobre todo, el importantísimo papel de los precios. F.A. Hayek, economista de la Escuela Austriaca y premio Nobel de esta disciplina, estableció en 1945 que el sistema de precios constituía el mejor transmisor de información, pues lo hacía de la manera más rápida y ajustada, y a partir del conocimiento preciso. Por ello, la planificación central, al carecer de precios, no podía competir con su nivel de eficiencia.
El sistema de precios es el mejor transmisor de información, pues lo hace de la forma más rápida y ajustada
El precio traduce una preferencia subjetiva que depende de cada persona. Si el de las mascarillas se incrementa, quiere decir que hay muchas que prefieren comprar este artículo frente a cualquier otro, por considerar que reviste una gran utilidad. Los empresarios no tienen que conocer y comprender los motivos que hay detrás de esa preferencia: les basta con saber que la gente quiere más. Y eso, precisamente, lo saben gracias a la subida de precios. Más aún, esto deriva en un aumento extraordinario de los beneficios, lo que supone un gran incentivo para que más empresarios entren a ofertar, hasta satisfacer toda la demanda. Es decir, los consumidores quieren de repente este bien, y se lanzan a comprarlo. Esta información se transmite vía precios, lo que, a la vez, multiplica beneficios, y esto atrae a productores que llegan con el objetivo de abastecer la alta demanda. De esta forma, con el conocimiento justo y mínimo que implica una subida o bajada de precios y de beneficios, los oferentes del mercado pueden adaptarse de forma rápida a las necesidades de los ciudadanos.
Pero, ¿qué pasa si no hay precio? Que, entonces, resulta mucho más difícil que los productores conozcan la demanda. Intentarían adivinar los motivos que mueven a la gente a requerir más mascarillas, pero nunca sabrían con tanta exactitud cuántas fabricar, cómo y cuándo.
Entendiendo el funcionamiento del sistema de precios, cualquier sustitución o traba que se ponga a su libre fluctuación, que es sinónimo de fluctuación de información, tendrá consecuencias negativas para el abastecimiento de la demanda. Su fijación impide que esta pueda manifestar su deseo y necesidad, lo que provoca situaciones de ineficiencia y descoordinación. En este caso, si se impusieran precios mínimos sobre productos de higiene sanitaria, tendríamos escasez, lo que supone una mayor probabilidad de contagio del virus, al quedar muchas personas sin los medios para prevenirlo. El sistema sanitario español se enfrentaría así a un gran problema, pues, al ser público y carecer de mercado y precios, le cuesta mucho más gestionar los recursos y responder a los picos de demanda que va a experimentar. Y cuidado; las consecuencias de esta escasez revisten una gran seriedad, puesto que muchas vidas están en juego. Por todo ello, hay que combatir la demagogia y las alternativas fáciles. Comprender cómo funciona el libre mercado evitará que caigamos en el error de la planificación o alteración de ese proceso, que, como hemos visto, puede tener terribles efectos sobre los ciudadanos, y más concretamente, sobre su salud. Lo último que le faltaba a esta crisis del coronavirus es un Estado planificador, que descoordine los mercados y trastoque el mejor mecanismo de transmisión de información: el sistema de precios.
