La separación de poderes se encuentra en cierta medida adulterada en España por la intensidad ideológica y la presión de la opinión pública. En el ámbito de la administración de justicia, una manifestación de dicho fenómeno es el denominado “activismo judicial”, es decir, la lectura forzada de la ley por parte de jueces y magistrados para distanciarse de la intenció o el espíritu seguido por el legislador. Todo ello, además de perjudicar gravemente el estado de derecho, genera una enorme inseguridad jurídica que debe, y puede, evitarse a toda costa.