20
dic
El Economista

Una hipotética independencia de Cataluña tendría unos efectos
importantes sobre el presupuesto de la Generalitat, que debería asumir nuevas competencias, crear estructuras de Estado inexistentes a día de hoy y reforzar las estructuras administrativas actuales, que se traduciría en un incremento del gasto público.

Por otro lado, el nuevo Estado resultante no contaria con la financiación del Estado ni podría acceder a los mecanismos de ayuda para las comunidades, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de los que hasta ahora Cataluña se ha beneficiado.
En concreto, la comunidad catalana es la que más fondos ha recibido del FLA este año, que se traduce en 7.920 millones de los 23.241 millones que ha repartido entre las comunidades adheridas, lo que representa el 34,1 por ciento del total.
Gracias a los recursos que ha recibido del Estado, ha podido pagar este año a las farmacias catalanas, a las que ha desfinado
1.010 millones de euros procedentes del FLA.
Además de afrontar las deudas con el sector farmacéutico, la Generalitat ha destinado más de 4.000 millones de los fondos que ha recibido este año a afrontar el vencimiento de la deuda, adermás de destinar casi 1.000 millones a pagar conciertos sanitarios y otro montante a saldar contratos de obras, suministros y servicios.
Catalufia es la que más se ha beneficiado estos años de este fondo que el Estado puso en marcha en 2012 para ayudar a las
autonomías.
Hasta la fecha ya se han distribuido 62.827 millones, de los que la comunidad catalana ha recibido 25.419 millones, que representa más del 40 por ciento del total.Con una deuda pública de 63.075 millones de euros, Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma más endeudada en términos
absolutos.

Esta cifra, que equivale a un 31,8 por ciento del PIB catalán, se ha incrementado un 15,04 por ciento en relación al año anterior, según los datos del Banco de España correspondiente al tercer trimestre del año. En 2013, la comunidad catalana también lideró
el ranking de las comunidades más endeudadas de España en términos absolutos, con una deuda de 57681 millones de euros, que representó cerca del 30 por ciento de su PIB. Las administraciones púlblicas de Cataluña, junto con Comunidad Valenciana, Andalucla y Murcia, son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas.
En concreto, Cataluña adeuda 590 millones a los autónomos hasta septiembre, que representa el 20,8 por ciento de la deuda total que las administraciones públicas del Estado español tienen con este colectivo, que es de 2.835 millones.
El 53,6 por ciento de la morosidad pública  que sufren los autónomos la provocan las administraciones púlblicas de Cataluña, Andalucla (481 millones) y Comunidad Valenciana (448 millones).
Mientras que las Administraciones públicas de Navarra son las que menos tarda en pagar a los autónomos (44 días), Cataluña se
sitúa, junto con Murcia (129 días), Valencia, Aragón (128 días), en el otro extremo de la balanza con una media de 125 dias, según se  desprende del observatorio que elabora la Asociación de Trabajadores Autónomos con los últimos datos de diciembre. Además, la comunidad catalana se encuentra entre las diez que más tardan en pagar facturas a sus proveedores, con una media de 42,38 dias en las correspondientes a 2014. Cataluña, junto con Andalucia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, se encuentra por encima del plazo máximo de 30 días previstos en la normativa en materia de morosidad. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el periodo medio de pago a proveedores de las comunidades se sitúa en 42,38 dias en septiembre, una cifra similar al plazo de pago de Cataluña.

El Ejecutivo de Artur Mas acumula dos meses de retraso con las boticas catalanas y debe 230,4 millones a las farmacias,
correspondientes a las facturas de los medicamentos dispensados los meses de septiembre y octubre. Tal y como denuncian desde el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña (CCFC) y la patronal Fecac, las farmacias catalanas están cobrando con 55
dias de retraso. El último pago efectuado por la Generalitat fue el 28 de noviembre, cuando abonó 101,2 millones correspondientes a la factura del mes de agosto. Este año, la Consejerla de Economla ha abonado al sector 11 mensualidades, de las que tan solo dos (las liquidadas los meses de enero y agosto) provienen de recursos propios, por un importe total de 229,1 millones, mientras que el resto, valoradas en 1.010 millones, proceden del Fondo de Liquidez Autonómica. Mientras que el gasto real de este concepto ha sido de 1.346 millones en los últimos 12 meses, la Generalitat contempla una partida de 958,8 millones en el proyecto de los presupuestos de 2015. Los problemas de tesoreria y la falta de liquidez de la Generalitat también han puesto en jaque a las entidades sociales, que no han cobrado el 25 por ciento de las facturas de los conciertos que mantienen con el Gobieno catalán. El departamento de Bienestar Social y Familia prorrogó en octubre la medida que ya adoptó en septiembre y que implicó el impago de 12 millones de los 50 millones que debia pagar a estas entidades.

La consejerla que lidera Neus Munté se comprometió a safisfacer a final de año el cien por cien de las facturas de los conciertos de
las entidades del Insfituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), es decir, residencias de ancianos, y de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), centros de menores. El ejecutivo de Artur Mas es el que
más gasta en sanidad privada y el sistema sanitario catalán trasvasa unos 2.500 millones de euros a clínicas privadas, lo que
supone un 24,1 por ciento de su presupuesto. Según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (Fadsp),Cataluña es la que más gasto sanitario público destina a centros privados Para un ciudadano medio español, vivir en Cataluña le costaria nueve días más de trabajo al año y 737 euros extra en comparación con un residente en Pals Vasco, según el informe Dia de la Liberación FiscaI elaborado por el Think Tank Civismo.
En el documento se especifica que esta diferencia se explica porque en Cataluña el Impuesto sobre Bienes Inmuebles está muy por encima de la media. Además, el Impuesto de Circulación, el de Venta Minorista de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta también son muy elevados en esta comunidad.  Junto con Cantabria, Cataluña es la comunidad autónoma que más esfuerzo fiscal exige a sus ciudadanos, con 737 euros de media más por contribuyentes que en el País Vasco. Según un estudio del Consejo General de Economistas sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2014, Cataluña es la comunidad que más recauda por sus tributos propios. En 2011, logró unos ingresos por este concepto de 365,7 millones lo que representó casi el 28 por ciento del total de la recaudación del Estado. Esta comunidad también lideró el ranking de ingresos tributarios 07.412 millones de euros), que engloba ingresos procedentes de la recaudación totalo parcial de determinados tributos estatales asi como de las tasas, contribuciones especiales e impuestos propios creados.
La Generalitat esperaba recaudar 52 millones de euros anuales adicionales gracias a la creación de una treintena de nuevas tasas. A pesar de haber creado de haber creado nuevos gravámenes, la recaudación hasta septiembre procedente de tasas y otros ingresos ha sido de 534,7 millones, lo que supone un dos por ciento menos que los ingresos del mismo periodo de 2013. No es posible convertirse en un Estado independiente sin disponer de la capacidad de gestionar los ingresos los impuestos que pagan los ciudadanos por lo que la Generalitat debería poder decidir el modelo de gestión tributaria y fijar el sentido de la política fiscal. Algunos efectos negativos de una hipotética independencia ya se están empezando a notar, como es el caso de la inversión extranjera que ha caido un 66 por ciento en el segundo trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 787 millones a 267 millones. A esta consecuencia, habría que añadir la fuga de empresas y bancos que huirían de la incertidumbre.
Ser un estado independiente también tiene unos costes adiccionales. Tal y como reconocen los asesores de la Generalitat, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CANT), el coste inicial de una unilateral independencia sería de unos 4.500 millones de euros al mes.