09
abr
Expansión

El próximo martes, el Congreso Nacional de Brasil decidirá si acepta o no la solicitud de apertura de un proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff por supuestas irregularidades contables para ocultar una parte del creciente déficit público del año 2014. Si el Congreso aceptase, Dilma Rousseff, cuya popularidad está por los suelos, se enfrentaría a un escándalo que incluye varios casos de corrupción ligados a la petrolera Petrobras. Si al final triunfase el “impeachment”, la presidenta tendría que dimitir.

Todos los días desde hace meses, las malas noticias sobre Brasil, tanto políticas como económicas, se suceden a un ritmo vertiginoso. Esta semana, el diario Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes del país, pidió en un editorial la renuncia de Rousseff y la del vicepresidente, Michel Temer, para que se puedan celebrar nuevas elecciones. Algo que parece muy necesario, ya que la cantidad de tiempo que el Gobierno y el Congreso dedican a la crisis política deja muy pocas energías para atender la delicada salud de la mayor economía de América Latina. 

Riesgo de depresión

Efectivamente, la inestabilidad política ha coincidido con una de las peores recesiones de la historia de Brasil. La producción (PIB) se contrajo un 3,8% en 2015 y volverá a sufrir una caída (-3,7%) en 2016. Sería el primer bienio recesivo desde los años 30 del siglo pasado. Para 2017, las previsiones de crecimiento son también negativas (-0,3%). Como consecuencia del declive económico, el desempleo aumenta mientras los salarios se reducen. De ahí que Goldman Sachs haya advertido de que el país corre un serio riesgo de sumirse en una depresión. Sería una consecuencia derivada del actual círculo vicioso de caída del empleo y, por tanto, del consumo, contracción de la inversión privada, disminución de los ingresos fiscales, aumento del déficit público y de la deuda.

Brasil combatió la crisis financiera mundial de 2008 con políticas expansivas de demanda agregada: aumento en la cantidad de dinero y del gasto público. Ahora, esa política le está pasado factura. La deuda pública alcanza ya el 67% del PIB y, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, en 2017 se alcanzaría el 80%. Esto ha llevado, en diciembre del año pasado, a que las agencias de calificación de riesgo rebajaran la nota de su deuda pública a nivel basura.

Con estos elevados niveles de deuda y déficit (10% del PIB), el Gobierno sólo tiene dos alternativas: aplicar políticas de austeridad (reduciendo nóminas de empleados públicos y servicios sociales que, quizá, se sobredimensionaron en la época de expansión económica) o pedir crédito al Banco Central para poder financiarse (lo que significaría darle a la máquina de imprimir billetes). Esta última opción implicaría adentrarse en los caminos de la hiperinflación, cuyo posterior ajuste resultaría muy doloroso. Conviene recordar que, a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, Brasil soportó cinco años con inflaciones superiores al 1.000% y, en dos de esos años (1990 y 1994), al 2.500%. Los efectos de la hiperinflación fueron tan perniciosos que, en 1994, el Banco Central de Brasil estableció como objetivo final de política monetaria la estabilidad de los precios y la desaparición de las expectativas de inflación, para lo cual Fernando Cardoso instauró el “Plan Real”, que supuso un largo y doloroso ajuste que se prolongó durante un lustro, hasta 1999.

Entre 2003 y 2010, Brasil disfrutó de un crecimiento económico acelerado: más del 4% de media anual. Las reformas del presidente Lula da Silva, la subida del precio de las materias primas y la entrada de capital extranjero podrían ser las causas de esta mejora económica. Un crecimiento que estuvo acompañado por un mayor desarrollo social. Las políticas centradas en la reducción del hambre, en garantizar que la población tuviera unos ingresos mínimos y en reformar la seguridad social permitieron la disminución de las desigualdades sociales y de la pobreza.

Fue precisamente durante este periodo, en 2006, cuando se descubrió un yacimiento enorme de petróleo (Presal) en las costas de la provincia de Río de Janeiro. A partir de este descubrimiento, se produjo un explosivo aumento de la actividad económica en la localidad de Itaboraí, incluyendo un plan para desarrollar un complejo petroquímico que impulsaría la industrialización tan añorada en esa zona. Petrobras, la mayor empresa de Brasil (64% de su capital es público), se encargó de la explotación. La presidenta Rousseff estuvo a cargo de esta compañía durante el mandato de Lula.

Desgraciadamente, las mayores reservas de petróleo del país nublaron la capacidad de hacer una política económica realista y, posteriormente, elevaron la corrupción a niveles muy altos a través de dos vías: 1) una importante red de lavado de dinero que desviaba fondos procedentes de Petrobras a miembros del Gobierno y del Partido de los Trabajadores (entre ellos cuatro exministros) y 2)  un conjunto de 21 empresas constructoras, que están siendo investigadas por repartirse los contratos con Petrobras, con los cuales aumentaban artificialmente el precio de los proyectos para luego repartir los excedentes (la diferencia entre el precio pagado y el valor de la obra) entre políticos y funcionarios de la petrolera.

Tensiones sociales

En este contexto de gestión ineficiente y rampante corrupción, la caída de los precios del crudo ha golpeado duramente la economía de Brasil. Las expectativas de ingresos fiscales que respaldaban un nivel de gasto público elevado se han venido abajo. Para evitar la catástrofe, éste ha tenido que cortarse y, con él, los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.Por ejemplo, Petrobras, con una plantilla de 57.046 trabajadores, acaba de informar de que, para reducir gastos, planea eliminar a 12.000 empleados.

El sufrimiento de la población también crece porque la elevada inflación, por un lado, reduce el poder adquisitivo de las clases menos privilegiadas y, por otro, genera una fuerte inquietud entre una población que tiene buena memoria sobre la hiperinflación que se vivió hace veinticinco años. 

La economía brasileña sufre una “tormenta perfecta”. A la mala situación política, económica y social se han unido la caída de las exportaciones por la debilidad económica de China que es su principal socio comercial (representa un 18% del total de las exportaciones brasileñas), los bajos precios de las materias primas, el incierto escenario económico mundial y la grave sequía que afecta al país por el efecto de “El Niño” lo que reduce la producción agrícola y ganadera.

Perspectivas de futuro

Así las cosas, parece que Brasil necesita cuanto antes celebrar elecciones. Los mercados ya están dando por descontado la presencia de un nuevo Gobierno que ponga la economía en orden. La bolsa está subiendo y el real, apreciando; las exportaciones también empiezan a crecer (animadas por el incremento de los precios de las materias primas) y está entrando más inversión extranjera. Desgraciadamente, la política económica populista le ha pasado una elevada factura. De ahí que el nuevo Gobierno debería implementar un conjunto de reformas que redimensionasen el sector público, flexibilizaran el mercado laboral, recortasen los impuestos (tienen los tipos impositivos más altos de América Latina), redujesen el tiempo que se necesita para crear nuevos negocios y abriesen más la economía al exterior.


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