Una crítica que se le hace recurrentemente al Gobierno central es la de gobernar a base de BOE, y es cierta: desde la etapa de Suárez, nunca se habían publicado tantos decretos. Aunque muchos de ellos tienen buena intención e incluso pueden estar bien encaminados, lo cierto es que una proliferación excesiva de leyes puede perjudicar el desarrollo económico. Por un lado, los empresarios tienen que estar pendientes de una regulación más exhaustiva, lo que dispersa sus esfuerzos para innovar y producir. Por el otro, muchas de esas leyes tienen efectos secundarios negativos. En concreto, un estudio de Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, demuestra que, cada vez que se duplica el número de normas, la tasa de crecimiento anual de la productividad se reduce un 3,5%. Además, también se resiente la investigación, ya que los economistas asocian el aumento de la intensidad regulatoria con caídas de las solicitudes de patente, de modelos de utilidad y de diseños industriales.
Una forma de medir esta proliferación normativa es el número de páginas en los Boletines Oficiales. Aunque esta vía tiene el defecto de que no controla la calidad de la regulación, tiene la virtud de que muestra de un solo vistazo hasta qué punto se ha disparado el afán intervencionista. Desde 1978, la cifra de páginas publicadas en los Boletines se ha multiplicado por más de treinta. Además, las diferencias entre comunidades autónomas son enormes, según un recuento de la CEOE. Por ejemplo, en Madrid se publicaron el año pasado 94.159 páginas en el Boletín Oficial de la región, hasta 17 veces más que en el País Vasco. Sin embargo, nadie puede pensar que la realidad social es 17 veces más complicada en Madrid que en el País Vasco, o que esta comunidad deja de regular algún área esencial. Después de Madrid, pero también por encima de la media, se encuentran Castilla y León (87.936 páginas), Cataluña (74.884), Baleares (61.556), Andalucía (58.884), Galicia (53.971), Murcia (50.265) y Asturias (47.666).
Por el contrario, otras comunidades demuestran que la regulación no tiene por qué ser tan específica e incluso asfixiante. Por debajo de la media, además de País Vasco, se encuentran Navarra (14.394 páginas publicadas anualmente), La Rioja (26.306), Comunidad Valenciana (32.320), Canarias (32.750), Extremadura (40.136), Castilla-La Mancha (40.551), Aragón (41.360) y Cantabria (43.865). Sin embargo, estas regiones tampoco pueden confiarse, debido a que quedan muy lejos de los mejores estándares: todas multiplican por al menos tres la cifra del País Vasco. Además, en el último año cuatro de estas comunidades aumentan la redacción de normativas. La proliferación de leyes es especialmente tentadora en un escenario electoral, aunque su efecto es menor del esperado. Los ciudadanos sabemos muy bien que lo que los políticos nos dan con una mano nos lo están quitando del bolsillo, vía impuestos, con la otra. Muchos gobernantes y parlamentarios piensan que pueden resolverlo todo con incontables normas. Sin embargo, lo que consiguen es que las empresas empleen más recursos humanos en cumplir con esas regulaciones, lo que deriva en mayores gastos, lo que repercute en unos sueldos menores para sus trabajadores o en una pérdida de competitividad.
