Boris Johnson y el ‘Rule of law’ del Brexit
29 de agosto de 2019

La política en las potencias occidentales se está volviendo “cortoplacista”, demasiado imprevisible, recurriendo de forma abusiva a los “golpes de efecto” y tendente al “farol” continuo, por mucho que pueda estar disfrazado de “estrategia”. Esta conducta impregna las decisiones de los principales líderes a un lado y otro del Atlántico, enfrentándose dos estilos de gobierno que imperan en el momento actual: por un lado, el estilo bronco, airado y faltón que representa el presidente americano, Trump, y, por otro lado, la política de imagen, falta de principios y “corrección política” representada por el presidente francés, Macron.

El choque de estas dos formas de gobernar genera demasiado ruido, hasta el punto de que medios de comunicación, analistas y políticos confundan las formas empleadas y las escaramuzas lingüísticas con los verdaderos problemas o las cuestiones de fondo en cada debate. En este sentido, esta confusión es la que ha llegado para quedarse en la cuestión del Brexit, a escasas semanas de que se cumpla la prórroga de negociaciones con la Unión Europea fijada para el 31 de octubre, de la mano del primer ministro conservador, Boris Johnson.

El detonante no puede ser más relevante: suspender las funciones del Parlamento británico para que el Gobierno sea el único responsable de las negociaciones y, en su caso, tomar la decisión de salir de la Unión Europea sin acuerdo con Bruselas (escenario “Hard Brexit”). A simple vista, se trata de un grave conflicto institucional, donde el poder ejecutivo (en la persona del primer ministro y su Gabinete) intenta anular el poder del Legislativo, para lo cual, ha obtenido el beneplácito de la Corona que cuenta con “prerrogativa regia”.

Sin embargo, al “estilo Trump”, el primer ministro Johnson lo que en realidad está haciendo es forzar una convocatoria electoral que arroje una nueva composición de la Cámara de los Comunes y, con ella, configurar una mayoría clara y suficiente (no un 51 por ciento-49 por ciento) para abrazar con todas sus consecuencias o bien el “Hard Brexit” (la salida sin acuerdo) o bien el “Best Deal” que sería una salida con un acuerdo más beneficioso que el obtenido en Bruselas por la ex primera ministra May y la ausencia de una “frontera dura” en el Ulster. Hasta que esto no se produzca, ni Johnson puede ser retratado como ferviente partidario de un “Hard Brexit” ni el líder de la oposición laborista, Corbyn, puede ser calificado como defensor del “Best Deal”.

Incluso tampoco puede tomarse a la Cámara de los Comunes como contraria a una salida sin acuerdo y, por tanto, enfrentada a los deseos del Gabinete. Si algo ha sucedido en los últimos meses ha sido la imposibilidad de poder articular un mínimo común denominador entre las diferentes alternativas existentes, a pesar de haberse modificado continuamente el escenario, las presiones internas y externas, y otros elementos con capacidad de influencia. Esta situación es un ejemplo de manual de error de circularidad lógica y, por tanto, necesita de una “petición de principio” que la lleve a una solución.

Llegados a este punto, la “petición de principio” debe ser unas nuevas elecciones que den la oportunidad a la sociedad británica de evaluar lo sucedido desde los anteriores comicios en junio de 2017 hasta la fecha, y muestren sus preferencias sobre cómo debe hacerse la salida de la Unión Europea. Una mayoría clara, tanto si es en un sentido como en el otro, acabaría con la actual situación de bloqueo institucional que ya está pasando una factura abultada a la economía británica y más concretamente al bolsillo de sus ciudadanos.

En el segundo trimestre, el PIB británico cayó un 0,2 por ciento en tasa trimestral mientras que la producción industrial se redujo un 2,3 por ciento en tasa interanual, la inflación sigue escalando por encima del 2 por ciento (2,1 por ciento, por encima del objetivo de inflación del Banco de Inglaterra y con la inflación subyacente en el 1,9 por ciento, por tanto muy cercana a la inflación general) y la libra esterlina vuelve a marcar mínimos en su cotización frente al euro, tocando el nivel de 1,10 euros. La situación no se ha deteriorado más gracias a un nivel de paro prácticamente friccional y un crecimiento de los salarios del 3,4 por ciento influenciados por el efecto de la inflación.

Ante la cercanía de una nueva recesión en Europa y en el Reino Unido, al actual Gabinete Johnson no le queda prácticamente otra opción que forzar los nuevos comicios. Incluso atendiendo a los trabajos que están realizando los equipos negociadores en Bruselas y la disposición de las instituciones europeas a renegociar ciertos aspectos, sería muy difícil aprobar un nuevo acuerdo de salida por parte del Parlamento: sería volver de nuevo a una rueda de la que no se puede extraer ninguna conclusión meridianamente clara.

En suma, es necesario “romper” el actual juego y comenzar uno nuevo con mayorías diferentes sin tener que abocar necesariamente al país a un conflicto entre poderes dañino e inaceptable en una democracia moderna. Como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de la historia, en el Reino Unido prevalecerá la separación de poderes y la racionalidad constitucional. Es la garantía que da ser el Estado de Derecho más longevo de Europa y donde siempre ha regido el “Rule of Law” (el “Imperio de la Ley”) con independencia de la calidad de sus gobernantes, hoy objetivamente más deteriorada que en épocas pasadas.

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