Hace apenas cuatro años, la gran esperanza para equilibrar el déficit del sistema de pensiones era la generación de empleo. Hoy, tras la creación de un millón y medio de puestos de trabajo y la retirada de más de 50.000 millones de euros de la hucha, se hace evidente que no basta con la recuperación del pulso del mercado laboral para equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social. De hecho, pese a que en 2016 el número de afiliados al sistema creció 5,4 veces más rápido que el de pensionistas, el Ejecutivo prevé que la Seguridad Social cierre el ejercicio con el déficit más elevado de la historia, entre 18.000 millones y 19.000 millones de euros, lo que hace patente la necesidad de tomar medidas adicionales, como han reclamado recientemente informes del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Fedea o Funcas. Y todo ello, a contrarreloj y en un escenario político muy complicado.
A contrarreloj, porque el Fondo de Reserva se agotará probablemente este año. Y complicado, porque el PSOE reclama, a cambio de su apoyo para los Presupuestos, derogar la reforma de 2013 e indexar las pensiones a unos precios que suben ahora a un ritmo del 3% anual, lo que descuadraría todavía más las cuentas. Sin embargo, no hacer ninguna reforma podría recortar hasta la mitad del poder adquisitivo de los pensionistas.
Además, hay que tener en cuenta que, si bien la subida de los costes se ha moderado durante los últimos años, los gastos todavía crecieron a un ritmo del 2,8% interanual en 2016, hasta alcanzar los 139.932 millones de euros. Esto se debe a que las pensiones se revalorizaron un 0,25%, el mínimo legal, con lo que ganaron poder adquisitivo. Al mismo tiempo, la masa de pensionistas dentro del sistema se incrementó un 1,2%, hasta alcanzar las 8,6 millones de jubilados, debido al envejecimiento demográfico del país. Finalmente, hay que tener en cuenta que quienes se retiran actualmente cobran un 27,8% más que la media, por lo que su incorporación a la lista de nóminas de la Seguridad Social encarece la factura.
En cambio, los ingresos del sistema de previsión no han evolucionado en la misma medida, a pesar de la recuperación del mercado laboral. Los ingresos por cotizaciones sociales en 2015, el último dato conocido, apenas avanzaron un 1,4%, menos de la mitad que los ingresos. Este efecto se debe a que, aunque el empleo ha crecido de forma muy significativa, la moderación salarial ha hecho mella en las cotizaciones sociales. Los nuevos empleados se incorporan al mercado laboral con nóminas relativamente bajas. “Crear empleo es importante, pero lo es más la productividad y los sueldos. Si éstos no aumentan en los próximos años, será necesario crear un nuevo impuesto para pagar las pensiones”, señala José García-Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Entre las distintas opciones que se barajan, destacan una tasa a los robots, un aumento de las cotizaciones sociales y un impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, la primera generará efectos muy negativos sobre la productividad, la segunda golpeará directamente al empleo y la tercera laminará particularmente las rentas de los jubilados, ya que son estos quienes acumulan más activos en forma de una vivienda, generalmente.
Reformas incompletas
Frente a este desafío, los políticos se han limitado a soluciones parciales o, incluso, a mirar para otro lado. Por ejemplo, las reformas de los últimos años se han demostrado bien orientadas, pero incompletas, ya que no han asegurado la sostenibilidad financiera de las pensiones en el corto plazo ni para las próximas décadas, como ponen de manifiesto los expertos, que señalan la necesidad de retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años.
Y los nuevos ajustes propuestos son un simple maquillaje. Por ejemplo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha propuesto que “se paguen las pensiones de viudedad y orfandad con los Presupuestos y no con cotizaciones”, lo que no deja de ser una suerte de juego fiscal para trasladar el déficit de un sitio a otro. Y el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, dijo que, cuando se agote el Fondo de Reserva, previsiblemente este año, habrá que emitir deuda para financiar las prestaciones, algo problemático para un país donde la deuda sigue desbocada y podría alcanzar el 118% del PIB en una década, según la Comisión Europea.
Mientras, el PSOE desoye los consejos de todos los expertos y reclama que las pensiones se vuelvan a actualizar conforme a la inflación como condición para apoyar los Presupuestos. El problema es que las alzas de las nóminas sirven de base para las pensiones de cada año. Por ello, José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales, calcula que, si el coste de una subida del 1,2% para este año se extiende “durante toda la esperanza de vida media de los pensionistas a los que beneficia, el efecto acumulado equivaldría a un gasto de unos 15.000 millones de euros”. Y esto podría acelerarse, ya que este ejercicio se prevé el doble de inflación, por la subida del crudo.
La sangría puede ser todavía mayor con las medidas de Unidos Podemos, que apuesta por derogar las reformas de 2011 y 2013. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que, si esto sucediera, el gasto en pensiones se disparará hasta el 21% del PIB en 2050, frente al entorno del 13% del PIB en el escenario actual. Es decir, un gasto extra superior a toda la recaudación del IRPF.
Con todo, las pensiones se encuentran bajo la espada de Damocles, ya que la principal vía de ajuste es la nómina de los jubilados. La AIReF calcula que los pensionistas perderán un 7% de poder adquisitivo hasta 2022 y la merma se acelerará en los próximos años. Así, Herce calcula una caída de ingresos de entre un 14% y un 18% en la década que va de 2017 y 2027. “Pero lo realmente grave llegará pasado 2035, cuando se empiece a jubilar la generación de los baby boomers, entonces el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad van a hacer estragos en la capacidad de compra de los pensionistas”, sentencia.
Fedea ha hecho una simulación de lo que pasará en estos casos y muestra una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, quien se retire en 2045 cobrará el equivalente a 18.500 euros en poder adquisitivo actual el primer año, pero empezará a sufrir una progresiva contracción de sus ingresos, hasta el punto de que 20 años más tarde apenas percibirá el equivalente a 13.000 euros. Un desplome del 30%. Sin embargo, José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, descarta que las pensiones se puedan actualizar conforme al IPC porque el porcentaje de trabajadores en edad de jubilarse sobre la población en edad de trabajar “se disparará en las próximas décadas”. De hecho, Funcas va más allá y cifra en un 35% la pérdida de poder adquisitivo por las dos últimas reformas.
Hasta ahí, las malas noticias. Ahora, las peores: “La situación de la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue siendo grave y hay que tomar nuevas medidas ya”, reclama José García-Montalvo. El economista reclama ajustes en los parámetros del sistema, tales como retrasar la edad de jubilación o ampliar el cómputo de años cotizados.
Más allá de los 67 años
Estas recomendaciones coinciden con las reclamaciones del Banco de España. Esta institución ha planteado recientemente, en un informe y a través de la intervención de su gobernador, Luis María Linde, una batería de medidas que incluyen elevar la edad de jubilación por encima de los 67 años, aumentar el cómputo de los años cotizados, elevar el tiempo necesario para cobrar la pensión, implantar un sistema de cuentas personales, suprimir los topes máximos a las cotizaciones y las bonificaciones y aumentar el ahorro privado para compensar la caída de ingresos públicos.
El gran problema que hace necesarios estos nuevos ajustes es el envejecimiento demográfico, ya que del sistema de pensiones “estaba ideado para pagar una media de 10 años por cada pensionista, pero actualmente tiene que pagar 25 años”, señaló esta semana Gregorio Izquierdo, presidente del Instituto Nacional de Estadística. Durante la primera década de este siglo se ha podido maquillar este desequilibrio con la entrada de inmigrantes pero, si este efecto no se repite, la población en edad de trabajar se reducirá en 1,8 millones (uno de cada diez ocupados) dentro de los próximos quince años, de acuerdo con las proyecciones que Izquierdo llevó a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
Y hay un cóctel de factores demográficos que pueden hacer permanente esta tendencia. Por un lado, la tasa de fecundidad, 1,33 hijos por mujer, muy lejos de lo necesario para garantizar la sustitución generacional (2,1 hijos por mujer). Por otro, porque el número de mujeres entre 16 y 45 años menguará un 13,6% en los próximos diez años, lo que también minará la natalidad. Y, finalmente, porque los años que se viven después de la jubilación también aumentan progresivamente. A mediados de siglo, la esperanza de vida restante al cumplir los 65 años alcanzará los 25 años, frente a los 20 actuales.
Por ello, la solución más sencilla parece ir retrasando la edad de jubilación. Moviendo el fiel de la balanza que separa a los cotizantes de los que cobran las prestaciones, se puede mantener el equilibrio del sistema. Sin embargo, “esto es una carrera hacia el infinito”, señala Julio Pomés, presidente del think tank Civismo, debido al envejecimiento exponencial de la población. Un reciente informe de esta institución señala que el actual retraso de la edad de jubilación quedará obsoleto ya en 2029 y a partir de entonces será necesario retrasarla todavía más, “hasta el punto de que en 2048 ni siquiera bastaría con tener una edad de jubilación en 75 años”. El gran problema de estas cifras, señalan los expertos, es que no se sabe hasta qué edades se va a poder trabajar, y muchos empleos requerirán un retiro anticipado. Sin embargo, la alternativa, mantener la jubilación a los 67 años, implica una caída del poder adquisitivo de las pensiones de hasta el 48,1% en 2064, según los cálculos de Civismo, que apuesta por el tránsito progresivo a un sistema de capitalización.
“Esta sería la solución –reclama García Montalvo–, pero es imposible tanto desde el punto de vista político como financiero”. A la debilidad del Ejecutivo y a la escasa voluntad de reforma en la oposición y entre muchos miembros del Gobierno se añade el elevado déficit de la Seguridad Social que ya no cuenta, además, con el colchón del Fondo de Reserva. Es decir, que si el Ejecutivo decidiera que parte del dinero de las cotizaciones se invirtiera en un fondo privado, sería necesario subir su tipo impositivo (inviable por su efecto para el empleo, según el Banco de España), bajar las pensiones actuales (imposible, desde el punto de vista político) o disparar el déficit público (prohibido por Bruselas). Un callejón sin salida que, probablemente, acabe en una patada hacia adelante.
