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sep
Periodicos del Grupo Vocento

Estamos cerrando la campaña de verano y, tristemente, como cada año, se han producido incendios que han asolado nuestros montes. Según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de septiembre, son 99.460 las hectáreas de monte quemadas, algunas de ellas de alto valor ecológico. Por número de siniestros, estos se elevan a 11.132, frente a los 9.813 registrados en el mismo período de 2016. Se trata de la mayor tasa de siniestralidad desde 2007.

Este hecho tan extendido tiene un enorme trasfondo económico, dados los graves perjuicios ocasionados. Sin embargo, los responsables políticos y los encargados de regular el medio rural yerran en el diagnóstico. Es cierto que en épocas de gran sequía como la actual, que afecta a más del 60% del territorio, la incidencia de los incendios es mayor. Sin embargo, ésta no es una causa por sí misma, sino un catalizador.

Vocento

Al margen de riesgos más o menos incontrolables, como que un pirómano decida quemar un bosque o que se produzca un accidente, el problema principal es el abandono y la falta de medios en los montes, debido a un deficiente sistema de derechos de propiedad.

Los datos que proporciona Agricultura sobre el cierre de 2016 respecto a 2015 hablan por sí solos: las regiones con un porcentaje mayor de monte de titularidad comunal y en manos desconocidas, caso de Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España.

En este análisis las CC AA uniprovinciales registran menores incendios, quizá porque los gobiernos autonómicos gestionan mejor las propiedades comunales, limpiando los bosques y explotando el potencial turístico que tienen, en un contexto de auge del turismo rural. Por su parte, Asturias, Cantabria y Aragón son las que han registrado menor superficie afectada por incendios entre 2015 y 2016, y poseen una estructura de propiedad comunal y desconocida por debajo de la media.

Tener esto en cuenta resulta pertinente en un momento en el que se debate un cambio sustancial de la Ley de Montes y se estudia la petición acerca de un sistema de derechos de propiedad efectivo, realizada por actores relevantes del mundo agrario (caso del Instituto Agrícola Catalán San Isidro). Unas demandas que persiguen, por un lado, aprovechar mejor nuestro medio rural (ya de por sí castigado por la despoblación de los pueblos agrícolas) y, por otro, preservar un gran valor como es el medio ambiente. No en vano, es el quinto factor esencial de producción de cualquier economía.

Con frecuencia lo que es de todos se cuida menos que lo que tiene dueño. Hay países en los que la limpieza de los bosques de titularidad pública se considera un trabajo social que realizan quienes son perceptores de un subsidio, tras ser convenientemente adiestrados. No parece una mala idea para que muchas personas se sientan realizadas al contribuir al medio ambiente. 


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