Las elecciones generales del pasado 28 de abril se saldaron con el peor de los dos escenarios posibles. A saber, una aplastante victoria del Partido Socialista (PSOE) y una debacle del Partido Popular (PP), al pasar el primero de los 85 escaños que cosechó en 2016 a 123, y caer el segundo de 137 a 66. Otros dos partidos se erigieron asimismo en ganadores y perdedores en la cita electoral. Por un lado, Ciudadanos, formación liberal-progresista, subió de los 32 escaños de 2016 a 57, lo que ha confirmado su asentamiento en el centro ideológico español —que no es sino un espacio más de acólitos socialdemócratas—, y lo ha situado a escasa distancia del sorpasso al PP. Por otro, Podemos, formación de izquierda radical, se desplomó desde los 71 escaños que alcanzó en su irrupción como fuerza parlamentaria hasta los 42. Por último, Vox, que en las últimas semanas se había convertido en un fenómeno imparable al que algunos medios y expertos otorgaban más de 70 escaños, obtuvo finalmente 24. Esto dejó con una sensación agridulce, pues, si bien se trata de un estreno parlamentario de relieve, el protagonismo que había adquirido en las últimas semanas apuntaba a que su entrada en las Cortes sería verdaderamente atronadora.
De estos resultados pueden extraerse numerosas conclusiones, pero me limitaré a realizar tres observaciones: sobre los frutos conseguidos por Vox, la situación actual del PP, y el nuevo panorama que se le abre al PSOE —y a España— en la formación del nuevo gobierno.
Como hemos visto, a pesar de las expectativas creadas, Vox habrá de conformarse con 24 escaños en la próxima legislatura, los cuales quedan lejos del éxito de Podemos cuando se abrió paso por primera vez en el Congreso de los Diputados, con 70 escaños. Lo matizado de este triunfo se debe a un serio competidor en cuanto a estructura, consolidación y recorrido a lo largo y ancho de la geografía española, como es el PP, y, paralelamente, a haber subestimado a los medios de comunicación tradicionales. En este último aspecto, a pesar del dominio sin precedentes de Vox en las redes sociales, donde se tratan de la formación política con mayor actividad, y de que son quienes más gente han congregado en sus mítines durante la campaña electoral, su menor presencia en las televisiones, en comparación con el resto de candidatos, les ha pasado factura. Destaca especialmente su ausencia en los dos debates electorales televisados, que privaron a los de Santiago Abascal de llegar a una audiencia de 9,5 millones de personas, además de confirmar que eran unos outsider —si bien esto último tampoco habría de catalogarse necesariamente como negativo.
Por todo ello, el propio Abascal concedió que, a la luz de los resultados en las urnas, Vox había pasado “de la reconquista a la resistencia”. No obstante, subrayó que, por primera vez en muchos años, 2,6 millones de españoles tendrían representación real en el hemiciclo.
Por otra parte, estos comicios dejan en el punto de mira al PP, un partido antaño hegemónico y hoy herido —o quizá moribundo. El análisis acerca de la formación liderada por Pablo Casado no puede realizarse sino de forma paralela al de la fragmentación de la derecha ideológica en España. Una derecha que ha obtenido apenas 44.000 votos menos que el conjunto de los partidos de izquierdas (11.169.796 para Ciudadanos, PP y Vox, frente a los 11.213.684 de PSOE y Podemos), pero que, por caprichos de la ley electoral, suma 147 escaños frente a los 165 de sus rivales. Pero posterguemos la cuestión de los escaños hasta abordar la formación del nuevo gobierno, y volvamos a la derecha ideológica española.
El PP debe comprender que no puede reclamar al electorado una renuncia parcial a sus principios en aras de un bien mayor
En los últimos días, el PP, junto a los principales medios de comunicación de centroderecha, han estructurado un argumentario falaz asentado sobre dos pilares. Primero, que la derecha que aglutinase hace décadas José María Aznar bajo un PP fortalecido, y que ahora se cobija bajo el liderazgo de Casado, ha quedado mutilada con la escisión de Vox. Y segundo, que esta escisión —e incluso traición— ha impedido el desalojo de Sánchez de La Moncloa.
En cuanto al primero de estos argumentos, la crítica lanzada contra Vox resulta, cuando menos, incorrecta. El nacimiento de este partido no es tanto una causa como una consecuencia de un hecho que fue responsabilidad exclusiva del PP de Mariano Rajoy. A saber, que éste, en abril de 2008, abrazara la socialdemocracia e instase a que, si alguien se quería ir al partido liberal o al conservador, no tuviera reparos. Y así ha sido. Ciudadanos, tan socialdemócrata como el PSOE —aunque recién autoerigido en liberal— se ha postulado como respuesta a esta llamada. Pero, sobre todo, lo ha hecho Vox.
Vox representa el ideario liberal-conservador con mayor coherencia que el PP de la última década —y, quizá, mejor de lo que nunca lo hizo éste. Su carácter conservador lo plasma en una defensa a ultranza de la unidad de España y de los valores que la han forjado a lo largo de la historia, así como en su compromiso de crear una cultura de vida, que no de muerte. Por otra parte, exhiben un obstinado interés en reducir el tamaño del Estado, tanto en sus ingresos —fiscalidad— como en su gasto; en proclamar la libertad individual en todos sus aspectos —económico, educativo, etc.—, y en dar solución a algunas asignaturas pendientes, de máxima urgencia y gravedad, como el quebrado sistema de pensiones. En definitiva, Vox enarbola las propuestas económicas más liberales de la historia democrática española. Representa, por tanto, más libertad y más España.
En lo relativo al segundo argumento aludido antes, el PP culpa a Vox de la debacle electoral de la derecha bajo la premisa de divide et impera; algo que, a mi juicio, denota un problema irresuelto de los dos clásicos de la política española: el PSOE y el PP. En el caso del segundo, el que nos ocupa, la crítica a Vox es indicativa de su visión del fin último de la política; al parecer, la consecución del poder por el poder. El objetivo se convierte así en desbancar al partido de la oposición como adversario preponderante y ocupar su lugar. Y, bajo el pretexto de lograr dicha meta, el desdibujamiento ideológico pasa a tratarse de una cuestión menor.
Sin embargo, este planteamiento resulta del todo irónico en el caso del PP, dado que fue precisamente su transformación en lo que Kirchheimer (1996) denominó catch-all party lo que llevó a esta formación política a su ruina. Este partido “atrapatodo” agrupó durante décadas a democristianos, conservadores y liberales, y, desde hace unos años, a socialdemócratas, ampliando su espectro ideológico hasta un punto en el que su propia indefinición se ha revelado fatal. Así las cosas, el PP debe elegir; tomar una decisión que no sólo es legítima, sino necesaria. Legítima, pues, al igual que ocurre con Vox, representar a un sector de la población constituye —o habría de constituir— la vocación de cualquier partido político, a fin de defender sus intereses, al margen de si tiene una capacidad real de gobernar o no. El propósito no ha de cifrarse en alcanzar el poder a —casi— toda costa, sino representar. Y la decisión que ha de adoptar el PP resulta también necesaria, ya que, en el medio y largo plazo, ningún partido con tamaña amplitud ideológica sobrevive en buen estado, por lo que se impone una renovación. De personas e ideas. Un ideario donde todo cabe no es un ideario en absoluto.
La elección de Pablo Casado como líder del PP trajo consigo una regeneración de sus miembros y, a la par, parecía haber puesto un rumbo claro en la dimensión ideológica. O eso pensamos muchos. Su campaña electoral estuvo marcada —y, por algunos, criticada— por su derechización, con la que se buscaba la afinidad del votante prófugo que había hallado refugio en Vox. Hasta tal punto fue así que, apenas unos días antes de la cita electoral, Casado abrió las puertas de un posible gobierno a esta formación. Sin embargo, tan sólo dos jornadas después de la hecatombe en las urnas, el PP cambiaba su discurso, tildando a sus potenciales socios de extrema derecha, y posicionándose como un partido moderado, y mal autodenominado de centro, pues el retorno a las recetas socialdemócratas de Rajoy no se hará esperar. En otras palabras, si la estrategia de derechización no ha rendido sus frutos, se vuelve imperioso explorar otros caladeros. Craso error. Abroncar a los votantes que abandonan un partido no se perfila como la estrategia más sabia para que regresen al redil. En este estado de cosas, Casado y su equipo harían bien en tomar nota de lo que ha hecho el PSOE —el otro partido español con tendencias de catch-all—, es decir, su deriva ideológica hacia la izquierda, sin descuidar la adopción de un tono moderado respecto a Podemos, con el que ha recuperado parte del electorado que éste le arrebató en 2016.
Por último, corresponde mencionar brevemente el panorama político que se avizora en España. En especial, en lo que se refiere a la formación de gobierno. Tanto los 147 escaños de las —mal llamadas— tres derechas, como los 165 cosechados por la izquierda quedan lejos de los 176 que suman la mayoría absoluta necesaria para la constitución de un Ejecutivo. Esto no es baladí, pues la diferencia marcará el devenir del país durante los próximos años. La distinción fundamental entre ambos bloques consiste en que el primero no tiene aliados, mientras que el segundo puede estar dispuesto —como lo ha estado en el pasado reciente— a gobernar España con aquéllos que quieren destruirla.
En cualquier otra democracia que se respetara a sí misma, el PSOE pactaría con Ciudadanos y con el PP, obteniendo así una mayoría centrista, moderada y estable, si bien dominada por la socialdemocracia reinante. Esto aseguraría, en definitiva, la gobernabilidad de España. Sin embargo, las discrepancias entre el primero y los segundos parecen hoy por hoy insalvables, por lo que el PSOE recurrirá a otros socios de gobierno. A saber, populistas de corte cuasi bolivariano, y separatistas de diversa índole ideológica.
Ante este escenario, se inaugura un periodo de profunda reflexión para la derecha española y, en especial, para un PP difuso y que denota cierto pánico. Un PP que debe comprender de una vez que no puede reclamar continuamente al electorado una renuncia parcial a sus principios en aras de un bien mayor, como hizo en 2011 para superar una situación de crisis devastadora.
Una crisis que podría estar a la vuelta de la esquina, y que se torna si cabe más inminente ante el anuncio del Gobierno de una subida fiscal de 26.000 millones de euros, y su comunicación a la Comisión Europea de que incumplirá este año el compromiso de déficit en 9.000 millones de euros. Sólo el principio de que, tradicionalmente, España elige a la derecha para salir de las recesiones podría provocar el desalojo de un Gobierno de izquierdas, liberticida y de cuya traición a España dan fe sus alianzas con los nacionalistas vascos y catalanes. Eso sí, la crisis no librará a la derecha de afrontar la suya propia: tendrá que replantearse que la solicitud, e incluso exigencia, a sus votantes de que sacrifiquen sus principios no es una estrategia viable para una situación de normalidad democrática.
