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En el anterior artículo de opinión “La inversión en Defensa, en crisis”, analizábamos la propuesta de cuentas públicas que había presentado el Gobierno de España, pero, ahora, son las urnas las que dictarán sentencia. Con la convocatoria de nuevos comicios, volvemos a la casilla de partida. Y la necesidad apremia. En el citado artículo, explicamos la necesidad de un mayor presupuesto en Defensa, destacando algunos casos concretos en los que ya llegábamos tarde. No obstante, este aumento debe sustentarse en varias premisas.

En primer lugar, la eficacia. Según la RAE, ésta es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”. Para lograrla, antes hay que identificar las amenazas a las que nos enfrentamos. En España, el documento clave a este respecto es la Estrategia de Seguridad Nacional. Realizado este análisis, la siguiente etapa pasa por concretar las mejores herramientas para que las Fuerzas Armadas cumplan con su misión, que no es otra que la defensa de la soberanía nacional.

La segunda premisa, la eficiencia. Como todo ente público, financiado por los contribuyentes, el Ministerio de Defensa debe maximizar sus resultados con los recursos disponibles. En este sentido, parece que algunos de nuestros vecinos han encontrado la solución. La denominada Smart Defense o Pool&Sharing, o reparto de capacidades militares, consiste en una iniciativa que ya están llevando a cabo varios países de nuestro entorno. El mejor ejemplo, el acuerdo franco-británico de 2 de noviembre de 2010. Algunas de las medidas que contiene son:

– Presupuesto de 100 millones de euros para I+D militar.

– Mayor integración de la rama franco-británica de la empresa europea MBDA.

– Creación de una Fuerza Combinada de Reacción Rápida.

– Armonización de los procesos de compra de armamento (con la finalidad de fortalecer los lazos de la industria de ambos países).

Tal y como señala Bernardo Navazo, el problema al que se enfrentan los gobiernos europeos es el “trilema de la defensa”. En su opinión, “ningún Estado europeo puede hoy sufragar los gastos que mantengan todas las capacidades militares en respuesta al amplio espectro de amenazas convencionales y no convencionales… ni proveer por su total seguridad y defensa”. Por tanto, “la elección ya no es entre mantener capacidades o compartirlas y perder autonomía  en su uso; la elección real es entre compartir capacidades, aun asumiendo cierta pérdida de autonomía, o no poder disponer de ellas”[1].

Por ende, la cuestión subyacente no reside tanto en gastar más (aun siendo necesario), sino en gastar mejor. No obstante, este planteamiento tiene sus inconvenientes. Por un lado, en el marco de la Defensa, no hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Se trata de un mercado muy restringido. Por la parte de la demanda, podemos definir la Defensa como un bien público e intangible, en el que no existe exclusión (disponible para todos, le pese a quien le pese) y tampoco rivalidad (su uso no disminuye el de otra persona). Dichas características propician el problema del free rider, o del “polizón”. Este término se refiere a aquellos consumidores de bienes o servicios indivisibles, sobre todo públicos, como en este caso, y que se benefician de ellos sin pagar contraprestación alguna. La OTAN constituye el caso paradigmático. De su presupuesto total, Estados Unidos aporta casi el 72%. Esto supone que el resto de países que la integran (28), y sobre todo aquellos que ni siquiera aportan lo pactado (el famoso 2% del PIB), actúan como verdaderos free riders. Como vemos en el gráfico, apenas siete países cumplen. Y eso, contando con que aquellos con asterisco (Polonia, Letonia, Lituania y Rumanía), que tienen leyes que les obligan a dicho objetivo, lo hagan.

Tabla 1. Gasto en Defensa (% PIB)

Fuente: Propia a partir de datos de la OTAN

Este fenómeno sería uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta la tesis de la compartición de capacidades militares. Otro de sus fallos se encuentra en su hipótesis de partida: la imposibilidad de las economías europeas de costear (y mantener) los programas de Defensa necesarios para sus intereses nacionales. El debilidad de dicha afirmación es que no contempla un escenario de bajada general de impuestos. De hecho, queda refutada con el caso estadounidense, que se sitúa en cifras récord de crecimiento y recaudación.

Si el gobierno realiza una verdadera “revolución” fiscal, dispondrá de los recursos suficientes para dedicar una parte de ellos a la inversión en Defensa. Con ello, se conseguirían dos objetivos: aumentar esta partida, y reducir la cuña fiscal que soportan los contribuyentes.

Un último obstáculo a esta teoría, y quizá el más importante, es la falta de comunión de intereses. Tal y como señala Hayek:

“Pocas dificultados debe haber para planificar la vida económica de una familia, y relativamente pocas para una pequeña comunidad. Pero cuando la escala crece, el nivel de acuerdo sobre la gradación de los fines disminuye y la necesidad de recurrir a la fuerza y la coacción aumenta”[2].


Si el Gobierno realiza una revolución fiscal, dispondrá de los recursos suficientes para dedicar parte de ellos a la inversión en Defensa


Esta dificultad pone de relieve la magnitud de la empresa que supone la teoría de la compartición. Y más, si se trata de un ámbito como la Defensa. Pese a todas estas objeciones, tiene unos buenos fundamentos, y como subraya Navazo, sí existe espacio para poder cooperar en determinadas tareas, sobre todo en aquellas más alejadas de la primera línea de combate. Empero, no se debería obviar la pérdida de soberanía que implica dicha colaboración. Esto, sumado a la variabilidad del entorno estratégico y la negativa generalizada de las sociedades al globalismo, auguran unos inicios poco halagüeños. En resumen, España, como Estado, no sólo tiene que gastar más en Defensa, sino mejor. La teoría de la compartición constituye un avance en dicho objetivo, pero ha de entenderse como una política complementaria, que no excluyente, del incremento de la inversión en Defensa. Para que esto sea posible sin meter la mano en el bolsillo de los españoles, el gobierno que tome posesión deberá leer con detenimiento a Laffer.                      

Referencias

[1] NAVAZO LÓPEZ, Bernardo “El impacto de la crisis económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada”, Documento de Trabajo nº72/2013, OPEX, 2013, Madrid.

[2] HAYEK, Friedrich A. “Camino de Servidumbre”, Alianza Editorial, 2011, Madrid, p. 326.


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