10
nov
Periodicos del Grupo Vocento

En las últimas semanas han proliferado las protestas de quienes dicen defender la educación pública; la mayor parte con grandes eslóganes, pero con pocos argumentos a la luz de las cifras. Los sindicatos hablan del «desmantelamiento del sistema público de enseñanza» basándose en el aumento de la ratio de alumnos por profesor. Sin embargo, no dicen que esa ratio representa una de los más bajas de Europa, por detrás de Francia,Alemania, Holanda y Finlandia, todos ellos con mejores resultados en el último estudio PISA 2009 de la OCDE (su nueva edición con datos del 2012 se presentará el próximo 3 de diciembre).

Las críticas también ocultan que hay el doble de profesores por alumno en la enseñanza pública que en la concertada. De hecho, las regiones mejor posicionadas en el último informe PISA no destacan por contar con mejor ratio de alumnos por profesor. Por ejemplo Madrid, la región líder en comprensión lectora, es la segunda que tienemás alumnos por profesor (14,2). Le sigue Galicia, la comunidad con mayor ratio (16,9) que, además, se sitúa por encima de la media en lectura y matemáticas y en quinta posición en ciencias. En cambio, Murcia (11,6) y Baleares (11,7) se colocan por debajo de la media en todos los apartados, a pesar de su mayor gasto en docencia.

Es cierto que existen comunidades como Castilla y León con muy pocos alumnos por profesor (10,2) que obtienen muy buenos resultados en el informe. Esto supone que el ratio alumnos/ profesor no es la única variable relevante. De hecho, el director del estudio PISA, Andreas Schleicher, criticó el pasado mes de septiembre que en España «hay muchos profesores en relación al número de alumnos» y reprochó el escaso sistema de incentivos de la educación porque «no se debe pagar a todos lo mismo, sino atraer a los mejores docentes con incentivos».

En definitiva, es una cuestión de modelo organizativo y flexibilidad, lo que quizá explique por qué la educación concertada lo hace en todas las comunidades a un coste entre el 35% y el 51% del de la plaza pública, según el estudio de la CECE Libertad de Educación en España 2013. Sirva de ejemplo el País Vasco, donde seis de cada diez alumnos estudian en un centro privado y se obtienen algunas de las mejores puntuaciones en el informe PISA. Sin embargo, quienes protestan prefieren omitir deliberadamente estos datos mientras reclaman que se deje de subvencionar a determinados colegios concertados.

Las cifras muestran que los colegios concertados ahorran dinero público porque tienen una mayor ratio de alumnos por profesor. Quienes reclaman que la educación sea obligatoriamente «pública para todos» perjudican a los centros que pretenden defender, porque éstos quedarían más saturados. Los sindicatos de la enseñanza pública olvidan que el dinero que financia sus centros procede de los impuestos de los padres de los alumnos. Si son ellos los que pagan, las familias tienen todo el derecho a elegir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos entre las opciones que admite la Unesco: pública o concertada, diferenciada o en coeducación. Con los datos en lamano, cabría discutir hasta qué punto su propósito es defender una educación mejor o algo distinto y perfectamente legítimo: la protección de su empleo.


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