El INE publicó ayer los datos del gasto en I+D de 2019: se destinaron 15.572 millones, el máximo histórico en valores absolutos. Sin embargo, en términos relativos, continúa siendo muy bajo, ya que solo representa el 1,25% del PIB, por debajo del máximo histórico del 1,4% de 2010. A pesar de este reducido nivel, como porcentaje del PIB, el gasto en I+D registra tres años consecutivos de subidas. Si comparamos la situación con la de otros países, el resultado es poco favorable. Las últimas cifras de la OCDE muestran cómo nuestro gasto en I+D, medido en porcentaje del PIB, es bastante menor al de Francia (2,2%), EEUU (2,8%), Finlandia (2,8%), Alemania (3,1%), Japón (3,3%), Suecia (3,3%) y Corea del Sur (4,5%). De media, los Estados de la OCDE le dedican el 2,4% del PIB. Y países con rentas por habitantes más bajas que la española gastan más que nosotros, caso de Portugal (1,4%) y China (2,1%). A la modesta cuantía hay que sumarle su mala distribución. Mientras que las empresas españolas realizaron el 56,1% del gasto total en I+D, de las Administraciones (incluidas las universidades) procedía el 43,9% restante. Esto difiere bastante de la tendencia seguida por otros países desarrollados como Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Japón, China, Corea del Sur y EEUU, donde el gasto empresarial asciende al 70% o más, lo que deja el de Administraciones en un 30%. Estos datos muestran la necesidad que tiene España de dirigir su política económica a aumentar la I+D, sobre todo en el sector empresarial. En este sentido, la financiación, tanto en forma de crédito como de subvención, que va a proveer el Fondo de Recuperación Europeo, debe favorecer no solo a los sectores que sufren la crisis de la pandemia, como sanidad, educación, turismo o comercio, sino también a aquellos otros tecnológicamente más avanzados, que puedan obtener una mayor calidad y cantidad de innovaciones. La financiación ha de ir también a los sectores relacionados con la Cuarta Revolución Industrial (digitalización, ingeniería genética, transición energética, plataformas logísticas, robótica y, en general, la inteligencia artificial) que, por estar en la frontera del conocimiento, forman parte importante de nuestro futuro.
En los Presupuestos para el año que viene, se prevé un gasto público en I+D de 11.000 millones (de los cuales 4.700 proceden de fondos europeos). Se trata de un crecimiento de la inversión en I+D del 80% respecto a 2020. El sistema científico y tecnológico público solo será capaz de asimilar eficientemente ese brutal incremento si estrecha los vínculos con el sector empresarial. También con las pymes que, por su escasa dimensión, carecen de departamentos de I+D. La pandemia ha provocado que compañías, centros educativos y todo tipo de instituciones se hayan tenido que digitalizar mucho más rápido de lo que esperaban. Cosas que parecían imposibles hace un año ahora resultan completamente normales. De ahí que, a medida que la economía se va diversificando y modernizando y el modus operandi cambia, los trabajadores han de adaptarse a la nueva situación, incorporando nuevas habilidades que está pidiendo el mercado laboral. Esto significa que el desarrollo tecnológico exige también mayor formación y conseguir talento innovador. Un empleo de alta productividad es el que va a resultar más duradero a largo plazo. Para ello, se necesita un modelo educativo dirigido a promover la excelencia y el esfuerzo. Y que esté conectado con las demandas actuales de la sociedad, capaz, por tanto, de preguntarse y de dar respuesta a lo que requieren las empresas. La caída de la actividad económica de España podría sumergirnos en ritmos bajos de crecimiento potencial que afectaría negativamente al nivel de empleo y que, a medio plazo, se podría evitar si se emprendiesen reformas de calado, tendentes a mejorar la competitividad. Para ello, el Fondo Europeo debería financiar también programas de formación profesional y de cambio tecnológico. Sería un buen camino para conseguir, a medio plazo, buenos empleos para los trabajadores.
