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Nunca se ha juzgado a un presidente en ejercicio por los delitos cometidos en el cargo, como se pretende hacer con Donald Trump, motivo por el que la Oficina de Asesoría Jurídica estadounidense ha publicado un extenso informe sobre la base legal que esto pueda tener. Por lo tanto, el reciente anuncio de consultas no tiene nada que ver con enjuiciamientos penales por violar las leyes federales. Sin embargo, es importante no perder de vista que la acción penal podría sentar las bases para el juicio de destitución.

Los poderes de impugnación están claramente establecidos en la Constitución, sin que haya que dejar nada a la interpretación. Según su Artículo II, Sección 4, los delitos por los que se puede enjuiciar al presidente, vicepresidente o funcionario federal son “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”. Por su parte, el Artículo I, Sección 2 dispone que el “poder exclusivo de un juicio de destitución” recae en la Cámara de Representantes, un cuerpo de 435 miembros en relación a la población del Estado. Todo cuanto se necesita para iniciar una investigación es el anuncio y el voto de la Cámara. Una mayoría simple de votos sobre una lista de cargos aún por probar se impuso contra el presidente, bajo el alegato de que sus acciones violaron el juramento de su cargo.

El Senado, por su parte, tiene el “poder exclusivo para juzgar todos los cargos en un juicio de destitución”, lo que significa que es el tribunal de primera instancia, con todos sus integrantes en calidad de juez y jurado. Dado que la Cámara de Representantes solo vota para que el Senado investigue, depende totalmente de este último decidir si se celebra un juicio cuando se presentan cargos de destitución en la Cámara. Los demócratas tienen en esta una mayoría de 234 escaños, mientras que en el Senado, donde se lleva a cabo el juicio y se emite la condena, solo disponen de 45, más dos independientes.

A finales de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que iniciarían investigaciones formales de destitución contra el presidente Trump, a la luz de las acusaciones en su contra por utilizar su posición como comandante en jefe para persuadir a una potencia extranjera de empañar la reputación de un rival político. Estas acusaciones incluyen conversaciones entre él y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en las que el mandatario estadounidense le pide a este último que investigue al hijo de Joe Biden, un candidato presidencial demócrata muy prominente y prometedor para las elecciones de 2020. Pelosi y sus partidarios afirman que el presidente violó su juramento al pedir un favor personal para obtener ganancias políticas. Trump ha declarado que la conversación a la que Pelosi y los medios de comunicación se refieren sí tuvo lugar, pero que con ello no cometió traición, soborno o crimen en ninguna de sus formas.

El partido demócrata ha estado advirtiendo de sus intenciones por un tiempo, sin llevarlas a la práctica, por lo que el anuncio formal supuso una sorpresa para muchos. Después de la investigación especial y el informe de Robert Mueller, no se tomaron más medidas. Hacerlo en este momento, así como basar el juicio de destitución en esos motivos concretos, resulta significativo. Con las elecciones de 2020 a la vuelta de la esquina, el resultado del proceso podría ayudar o perjudicar a los aspirantes a la presidencia de varias maneras.


Con las elecciones de 2020 a la vuelta de la esquina, el resultado del proceso podría ayudar o perjudicar a los aspirantes a la presidencia


La investigación del juicio de destitución contra Bill Clinton fue aprobada en la Cámara de Representantes gracias a un esfuerzo bipartidista, pero el apoyo público y el respaldo de su partido lograron que se le absolviera. Muchos han dicho que, en el caso de Trump, se trata de un ataque del propio partido republicano de la Cámara, que solo quiere derribar a un oponente. Pero ningún republicano ha apoyado el juicio de destitución hasta el momento. En lugar de utilizar el informe Mueller, que detectó alguna irregularidad, están optando por esgrimir los aspectos menos investigados de la conversación con el presidente ucraniano, y de los que, por tanto, hay menos información en la que sustentar la acusación.

Es posible que, si el Senado absuelve a Trump, o no se celebra el juicio, ello conduzca al endurecimiento de las líneas del partido y a un mayor apoyo público para el presidente. Los demócratas, en caso de que logren trasladar el juicio al Senado, podrían usarlo como estrategia para que la imagen de Trump se deteriore ante la opinión pública, pero el presidente ya es bastante impopular por otras razones, de modo que parece poco probable que esto contamine aún más su reputación.

Cuando Clinton fue sometido al juicio de destitución, su índice de aprobación aumentó después de que el Senado lo absolviera. La destitución de Trump entraña un gran riesgo para los demócratas, porque si el juicio se traslada al Senado, resulta poco probable que avance. Si este votara a favor del juicio, probablemente no habría suficientes evidencias para condenarlo en virtud de las acusaciones actuales. Si, de hecho, Trump hubiera usado su posición de comandante en jefe para presionar al presidente ucraniano, no sería ético, pero, con las pruebas que hay ahora mismo, tampoco suficiente para demostrar la traición o el soborno, puesto que no se han intercambiado bienes.

Conforme avanzaban los procedimientos del juicio de destitución en la Cámara, los republicanos del Senado han permanecido en silencio, dado que podrían llegar a convertirse en miembros del jurado y quieren mostrarse imparciales. Dado que la resolución para formalizar la investigación se aprobó en la Cámara de representantes, ahora todos los ojos se volverán hacia el Senado. Los demócratas tienen la oportunidad de manchar la imagen del presidente, pero resulta poco probable que finalmente se le juzgue. Antes bien, podría tener el efecto contrario, y mejorar la valoración de Trump a medida que se acercan las primarias de marzo de 2020.


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