España acaba de cruzar ese Rubicón que es el período de las promesas electorales. Después de que los ciudadanos hayamos cumplido con las urnas en los comicios municipales y autonómicos, ahora les toca cumplir a los que han salido elegidos, sin perjuicio del tiempo que aún reste para que se configuren los respectivos gobiernos. Algo que, vista la fragmentación del
voto, podría ir para largo.
Los que están acostumbrados a las dilaciones y esperas desesperantes son los proveedores de esas mismas Administraciones Públicas (AA PP). Ellos tienen que soportar durante todo el año esos señuelos que para el resto de la ciudadanía se concentran en la campaña. En su caso, lo que se les promete es el pago por sus bienes o servicios, que parece no llegar nunca. Los 30 días que estipula la Ley de Contratos del Sector Público es un plazo que vulneran sistemáticamente algunas comunidades autónomas. No parece justo que la sanción impuesta al contribuyente que se retrasa en el abono de un tributo sea inmensamente mayor que la que penaliza a la Administración cuando demora una liquidación.
Eso sí, resulta muy distinto proveer a las AA PP en la Comunidad Valenciana, donde el periodo medio de pago se sitúa en la inadmisible cifra de 52,3 días, que en Andalucía, donde el cobro se produce en el plazo de 15,5 jornadas. Las regiones que, según datos del Ministerio de Hacienda de 2019, estarían dentro de los límites que establece la ley son, aparte de esta
última, Galicia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Navarra, Madrid, Cantabria y Aragón.
Todas las demás superan el mes, algunas ligeramente (Castilla y León, Murcia, Baleares y Canarias, que rondan la media nacional), y otras excediéndolo ampliamente, como La Rioja, Cataluña, CastillaLa Mancha y la mencionada Comunidad Valenciana, que bate récord. El caso de esta última es fácilmente explicable si acudimos a los datos de su deuda total en 2018, expresada en porcentaje de su PIB: nada menos que un 41,8%, lo que la convierte en la región más endeudada de España. Algo similar ocurre en la comunidad manchega y en Cataluña, la segunda y tercera con mayor deuda, respectivamente, que ocupan idénticas posiciones en cuanto a tardanza en satisfacer a sus proveedores, con 50,9 y 40,5 días.
En Canarias ese pago se retrasa 34 jornadas. Sin embargo, la causa no parece radicar en su deuda (14,8%), la tercera más baja en relación a su PIB. El problema quizá esté en su déficit, de un 2,06%, el mayor de todas las CCAA en 2018. Las regiones con la deuda más reducida de España son Madrid (14,6%) y País Vasco (13,6%), lo que se traduce en una mayor agilidad en los abonos: 24,2 jornadas la primera y 20,7 la segunda.
La alta correlación entre ambas variables indica la repercusión que tiene el volumen de deuda sobre la mayor o menor dificultad de los eslabones más débiles de la cadena para recibir lo que les corresponde. Por tanto, las comunidades autónomas harían bien en contener su gasto desmedido por una mera cuestión de justicia social, esa que tanto invocan precisamente para justificar sus derroches. Más vale ser austero y tener las cuentas en orden que dárselas de pródigo y quedar de moroso.
