El Gobierno de España ha impuesto un método de distribución de las vacunas contra el virus Covid-19 aparentemente equitativo pero que atenta contra la libertad y la salud de los españoles. So capa de que las vacunas se distribuyen gratuitamente, se ha prohibido su compra por personas individuales, así como la vacunación en hospitales privados y farmacias. Quienes buscan evitar esa prohibición y se vacunan en el extranjero, cual las dos hermanas del Rey, son acusados de insolidaridad, como si estuvieran reduciendo el suministro de vacunas de sus compatriotas o estuviesen gastando el dinero de nuestros impuestos. El orden de prelación para vacunarse es el determinado por la autoridad estatal, que así disimula su incapacidad para adquirir a tiempo las dosis necesarias. Hay grandes colectivos necesitados de protección por su edad u ocupación que han sufrido y aún sufren una larga y peligrosa espera. ¿Por qué este monopolio público? En suma, el Gobierno aprovecha la pandemia para invadir nuestras libertades y aparentar que en el Estado está nuestra única salvación. Es mejor morir iguales que vivir libres.

No pretendo elevar una anécdota a categoría, pero me atrevo a relatar mi propia experiencia. Intenté por dos veces que me vacunaran en un centro público de salud sin conseguirlo. No critico a las personas que me atendieron, amables en todo momento, sino destaco que es el sistema el que es gravemente defectuoso. La primera vez que me presenté me dijeron que, como yo pertenecía a la Mutualidad de Funcionarios y había elegido cuidarme en una clínica privada, no podía ser vacunado por el Sistema Nacional de Salud. La segunda vez que me presenté, ya inscrito en la Seguridad Social, objetaron que no tenía la edad suficiente, porque aún estaban concentrados en tratar a los muy mayores. Por fin, a la tercera he conseguido que me vacunen.

Era una anomalía que los funcionarios en servicio o jubilados que hubiesen elegido un centro privado no pudieran vacunarse por el sistema público. Doña Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, que enfermó gravemente del Covid, fue atendida y curada gratuitamente en una clínica privada, a lo que tenía pleno derecho como funcionaria. No sé si la dejarán vacunarse, aunque por fin parece que la Mutualidad ha entregado al Ministerio de Salud una lista de afiliados inscritos en clínicas privadas. Con ello esperan haber alcanzado el próximo julio al 77 por ciento de ese colectivo. ¡Emocionadamente agradecidos!

La excusa para prohibir la venta privada de vacunas en España es la equidad –el falso argumento de quienes buscan reducir nuestras libertades–. Los socialistas de todos los partidos, que decía Hayek, consideran injusto permitir que se compren y vendan en el mercado esos medicamentos. Alegan que supondría favorecer a los ricos frente a los pobres. El argumento contra la discriminación plutocrática sería más convincente si los individuos tuvieran que gastar por vacunarse los casi cien euros que cobran cada vez que nos obligan a hacernos una PCR. Pero ¿saben mis lectores cuál es el coste de las vacunas ahora ofrecidas por las compañías farmacéuticas? El precio oficial de la vacuna de Oxford/AstraZeneca es de tres euros por dosis. La de Johnson & Johnson cuesta ocho euros y basta una sola dosis. Los precios suben más en el caso de otras vacunas. Por ejemplo, el precio internacional de cada dosis de Pfizer, que es la que me ha aplicado el Estado español, es de diecisiete euros. La oferta de nuevas versiones es cada vez más abundante y barata.

Los enemigos de la economía libre también alegan que, con la libertad de compraventa, los laboratorios tendrían sin duda la desfachatez de aumentar sus beneficios. No saben ver que la competencia conjura el peligro de precios abusivos para compradores particulares, pues la gratuita ofrecida por el Estado español a quienes estén dispuestos a esperar pone techo a los precios que pudieran cargarse a los privados. El gasto que podría suponer para una persona sin grandes recursos el comprarse una dosis de vacuna contra el Covid-19 por menos de veinte euros no debería preocupar ni siquiera a los igualitarios.

Es mucho lo que no sabemos todavía sobre las vacunas: quizás haya que repetir la inoculación cada año, como es el caso de la vacuna contra la gripe; o falta aún la suficiente garantía de que los vacunados no son infecciosos para los no-vacunados. Al menos sí que sabemos que los vacunados pueden volver al trabajo. Las grandes empresas que tanto se preocupan por el medio ambiente y que reclaman al Estado que vacune con presteza a su personal más necesario, ¿por qué no compran la más barata para todos sus empleados? Contestan: es que está prohibido por el Gobierno.

Dos son los argumentos aducidos para prohibir la libre venta e inoculación de vacunas contra el Covid-19 en paralelo con la pública: que se necesita información estadística sobre la evolución de la enfermedad; y que hay una obligación moral de respetar el orden de prelación fijado por las autoridades. Las personas poco familiarizadas con los métodos estadísticos creen que la sola manera de compilar información fiable es centralizando la recogida de datos. No recuerdan que puede ser suficiente la información por muestreo. Los propios vacunados tendrán interés en que se los certifique.

La otra queja es que quienes se vacunen individualmente están ‘saltándose la cola’. ¿Qué cola? ¿Quién la ha creado? La incapacidad de las autoridades sanitarias españolas ha traído una escasez temporal que la oferta internacional de vacunas pronto remediará. Quienes se saltan la cola yendo al extranjero a vacunarse no aumentan la escasez en España, sino que la disminuyen y contribuyen de su bolsillo a la salud de nuestro país. Dados los retrasos del monopolio público, debería permitírseles acudir a la competencia privada sin necesidad de viajar. Sería para muchos un ejercicio de prudencia. Y al huir, sin daño para nadie, de la manía reguladora de quienes nos gobiernan, también defienden nuestras libertades.