De acuerdo con estimaciones realizadas en los últimos años, el número de viviendas ocupadas ilegalmente ha crecido en España de forma sustancial. Se calcula que, en la actualidad, el número de casas ocupadas puede superar las 87.000 y que las personas que viven en ellas al margen de la ley oscila en torno a 250.000. La mayor parte de esas viviendas son propiedad de la Sareb y de entidades financieras que se encontraron con un gran stock indeseado de inmuebles a consecuencia de la crisis. Pero no son raras las ocupaciones de viviendas –en algunos casos, incluso de alto nivel– propiedad de particulares. Y los datos muestran que un creciente porcentaje de quienes las ocupan son inmigrantes.

Como ocurre con frecuencia, cuando se generalizan estrategias que generan beneficios económicos por actividades ilegales –y este es, sin duda, el caso de disfrutar de una vivienda ajena sin costes– grupos de delincuentes profesionales y organizaciones mafiosas hacen su aparición. La razón es doble. En primer lugar, estos grupos están acostumbrados a actuar al margen de la ley y disponen de medios y conocimientos que les permiten reducir el riesgo en el que necesariamente incurren; y, además, al funcionar de forma colectiva, pueden imponerse en un mercado negro a otros posibles agentes. En el mundo de la ilegalidad, el delincuente aislado no tiene fuerza para oponerse a los grupos organizados, entre otras cosas porque no puede defender sus intereses haciendo uso de las normas y las instituciones que existen en la economía formal.

Los datos de nuestro país parecen avalar plenamente esta hipótesis y la influencia de las organizaciones mafiosas es hoy evidente en el mundo de la ocupación ilegal de viviendas en España. Tales grupos han creado un mercado de derechos de propiedad en la sombra en el que, por una parte, venden derechos de ocupación a particulares interesados en vivir sin pagar alquiler en una casa que la propia organización le facilita. Y, por otra, ofrecen a los propietarios dejar libre la vivienda a cambio de una compensación económica. Estas estrategias eran, por otra parte, perfectamente predecibles; y existe una amplia experiencia internacional con respecto a ellas en países en los que el sector informal de la economía tiene mucha fuerza, como ocurre en algunas naciones de Latinoamérica.

Populismo

Un último aspecto relevante del fenómeno, que contribuye a hacer más compleja su solución, es el apoyo que determinados grupos políticos populistas ofrecen a estas prácticas ilícitas. Es sencillo para ellos presentar las ocupaciones como un derecho de la gente que carece de un hogar a causa de una crisis económica de la que serían culpables los bancos y los capitalistas, y argumentar que tal derecho debería prevalecer sobre el de propiedad. Cuestión diferente es lo que hacen cuando llegan al poder en un ayuntamiento, como ya ha sucedido en España. Pero es fácil comprobar que en su discurso sigue presente un cierto soporte moral a las ocupaciones que anima a nuevas acciones de esta naturaleza.

No cabe duda de que en España la recesión contribuyó de forma significativa a reforzar el fenómeno okupa; pero explicarlo como una consecuencia de la crisis económica sería un error. Hay que observar, en primer lugar, que la mejora de la coyuntura y la caída de las tasas de paro no parecen haber reducido el número de ocupaciones de viviendas; y además resulta que buena parte de los que protagonizan éstas no son personas en estado de necesidad, sino gente que se aprovecha de una situación legal confusa, que les permite obtener beneficios significativos con unos costes muy bajos.

Al margen de cuáles hayan sido en cada momento las circunstancias económicas, lo que el incremento del número de casas ocupadas refleja realmente es un fallo importante de nuestro sistema jurídico. Una violación del derecho de propiedad sin paliativos no puede ir acompañada de garantías de todo tipo para quienes la cometen, mientras a los legítimos propietarios se les crean múltiples obstáculos para recuperar lo que es suyo. Lo que un sistema jurídico eficiente requiere es la existencia de unas leyes claras que no permitan interpretaciones que vayan en contra de un principio fundamental como es el derecho de propiedad; y una administración de justicia que restablezca el orden jurídico cuando éste sea quebrantado y que, además, lo haga con celeridad, teniendo presente que la dilación favorece al infractor y perjudica necesariamente a la víctima. Los datos disponibles indican que, en los últimos meses, la situación ha mejorado algo para los dueños y los plazos medios para recuperar sus viviendas se han reducido; y hay propuestas para dotar de mejores instrumentos de defensa a los propietarios y reducir la impunidad de los ocupas. Pero aún estamos muy lejos de haber logrado una situación mí- nimamente aceptable en la que se garanticen a los propietarios de inmuebles los principios básicos de un Estado de Derecho