04
may
Expansión

Tras una caída del PIB del 5,2% en el primer trimestre del año, tras la destrucción de casi 900.000 puestos de trabajo en marzo (más la cifra similar que se espera para abril), casi cinco millones de trabajadores en ERTE y 120.000 empresas cerradas en marzo (tantas como a lo largo de los seis años de la anterior crisis), lo que resulta más preocupante es darse cuenta de que lo peor de la crisis del coronavirus está todavía por llegar. De hecho, el Gobierno prevé en el cuadro macroeconómico presentado a Bruselas el pasado viernes un recorte del PIB del 9,2%, mientras que el Banco de España anticipa una posible caída del PIB de hasta el 13,6% este año, lo que elevaría la tasa de paro a cifras similares a lo más duro de la crisis anterior.

Por ello, EXPANSIÓN ha reunido a una veintena de expertos para diagnosticar las principales recetas que hay que poner en marcha para que la recuperación de la economía comience lo antes posible y sea también lo más vigorosa que se pueda. Y estos expertos coinciden en una serie de medidas que pasan por el control de la enfermedad, las bajadas de impuestos, la flexibilidad laboral y una apuesta decidida por la inversión, así como ayudas para paliar los efectos de las medidas que haya que poner en marcha.

Una de las áreas que antes puede y debe recuperarse es el consumo. Por un lado, los ciudadanos cuentan con un gran ahorro acumulado durante las semanas de confinamiento, en el caso de que no hayan sufrido una reducción de sus ingresos laborales, por lo que durante los próximos meses podrán gastar ese excedente. Sin embargo, se trata de una espada de doble filo ya que, si la demanda privada no se reactiva rápidamente, los ajustes de empleo seguirán extendiéndose, lo que irá reduciendo este potencial de gasto y limitando las posibilidades de la recuperación. Una opción para evitarlo sería la entrega de vales o cupones para incentivar a los ciudadanos a volver a los negocios más perjudicados, como los restaurantes, o fijar un IVA superreducido para sectores cíclicos, como la compra de coches o casas, de forma que se evite que los consumidores aplacen sus decisiones, algo muy tentador en un entorno de incertidumbre laboral y deflación.

Inversión

Otra de las claves es relanzar la inversión, que seguirá muy retraída debido al exceso de capacidad de muchas empresas y a las menores expectativas por parte de los directivos. Por eso, conviene identificar puntos clave que aumenten la competitividad del país para desarrollar un programa de inversiones masivas, que pueda estar liderado por el sector público, aunque sea ejecutado por el privado. Además, otra forma de desatarle las manos a las compañías es ampliar la reserva de nivelación del Impuesto de Sociedades de 2019 para evitar que tengan que pagar un dinero excesivo en un momento en el que están sufriendo pérdidas, así como rebajar el IBI de los locales comerciales o reducir las cuotas a la Seguridad Social, aunque sólo sea en aquellos sectores más perjudicados. Además, también hay que desarrollar políticas específicas para los sectores más golpeados, como el turismo. Por ejemplo, la hostelería reclama la promoción de bonos para su consumo en el futuro, lo que le permitiría obtener ingresos en un momento en el que todavía no puede operar al 100% debido a las restricciones. Además, también sería pertinente un mayor control de la pandemia con test masivos, para dar una mayor confianza a los visitantes extranjeros.

Otra forma de ayudar a las empresas durante la fase de desescalada sería permitirles extender y desescalar también los ERTE, de forma que los empleados se reincorporen al trabajo conforme vaya aumentando el consumo, evitando la posibilidad de que una incorporación demasiado rápida de los trabajadores choque contra una demanda a medio pulmón que llevaría a las empresas a sufrir mayores pérdidas. Hay que señalar que el Gobierno prevé que la tasa de paro se eleve hasta el 19% en el conjunto del año, lo que llevará a una caída del consumo privado del 8,8% al tiempo que las exportaciones se desplomarán un 27,1%. Por eso mismo, también serán necesarias políticas para abrir nuevos mercados, lo que incluye restablecer los flujos de movilidad internacional de forma controlada para facilitar los viajes de negocios. Además, es necesario reducir los trámites burocráticos para invertir y exportar, de forma que las nuevas decisiones se agilicen lo máximo posible.

Con todo, estas medidas chocan contra un problema de fondo: relanzar la actividad puede ser contraproducente si no se han adoptado previamente medidas que permitan controlar nuevos brotes de coronavirus. Esto implica realizar test masivos por parte del Estado y rastrear los posibles orígenes, aislando los casos positivos. Pero esto implica medidas de prevención por parte de las empresas, lo que obliga a marcar una hoja de ruta que diga a partir de cuándo podrán abrir las compañías y en qué condiciones para que estas decidan si les compensa invertir en estas medidas.

Por otra parte, sería positivo alguna ayuda pública para favorecer la viabilidad de estas medidas, como podría ser dar una mayor libertad de amortización para las inversiones destinadas a este ámbito. Y el segundo punto con el que puede chocar este plan es con el déficit, que el Gobierno espera que se eleve por encima del 10% del PIB, lo que recuerda a los peores años de la anterior crisis y disparará la deuda por encima del 115% del PIB. Por ello, de cara a evitar tensiones en la prima de riesgo y mejorar la posición negociadora en Europa, conviene plantear medidas de ajuste del gasto no productivo, así como comprometerse a alcanzar el superávit presupuestario en los próximos años con ajustes concretos.

Francisco Cabrillo, secretario de Fundación Civismo: «Quitar ministerios o recortar el sueldo a los funcionarios. Hay que reestructurar un sector público muy ineficiente, se pueden quitar ministerios absurdos que sólo sirven para cuotas de poder o hacer un recorte de sueldo a los funcionarios no sanitarios. Aunque no se ahorre mucho, se da ejemplo. Y se puede incrementar el peso del sector privado, que es más eficiente que el público, como muestra la educación concertada, más barata que la pública. Eso daría muy buena imagen a España en sus negociaciones en Europa, no podemos aparecer como pedigüeños».


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