En las últimas semanas, las declaraciones emitidas por la Unión Europea (UE), así como aquellas que han sido emitidas desde el Gobierno de España, celebraban la llegada de acuerdos que, nuevamente, apoyaban la inyección de estímulos que, con capital público, llegarían a los países más afectados por el COVID-19. Unos estímulos que llegan con el fin de paliar la crisis que en estos momentos nos acontece. Una crisis sin precedentes y para la que el bloque comunitario ha preparado el mayor elenco de artillería pesada que, hasta ahora, posee. Una artillería que, en términos cuantitativos, equivale a una inyección de fondos públicos por valor de 1,1 billón de euros.
Ante esto, estamos nuevamente frente una situación en la que, tras el deterioro de la economía, así como la incapacidad de aplicar estímulos propios por la escasez que presenta el colchón fiscal que posee el país, España precisa la ayuda de la UE para salir nuevamente del atolladero en el que se ha visto inmersa por la crisis derivada del coronavirus. Una ayuda que vendrá en forma de subvenciones y préstamos, llegando a representar, para el caso de España, un 21,4 % de la totalidad del fondo de recuperación preasignado por la Comisión. En este sentido, la mayor partida presupuestaria, siendo superada únicamente por Italia.
Así, España vuelve a ser rescatada por la UE. Y es que, ante un nivel de deuda que se situaba, en momentos previos a la crisis, en el 100 % del PIB, así como un déficit que, tras la auditoría de la Comisión Europea, se situaba en el 2,8 %, la situación que presentaban las finanzas públicas en el país no mostraban capacidad de tomar decisiones que, al igual que ha ocurrido en Alemania u Holanda —donde los niveles de deuda en relación con el PIB, en el peor de los casos, no superaban el 60 %—, permitiesen a España paliar la situación con recursos propios, así como acometer las inversiones pertinentes, tan necesarias para corregir dicho deterioro y sortear los efectos derivados de esta pandemia.
De esta forma, dada la situación que se muestra, y al igual que ha ocurrido en países como Italia o Francia, la UE se ha visto en la obligación de rescatar a estos países, tan deteriorados como indisciplinados. Pues, de acuerdo con nuestros precedentes, como se puede observar en la crisis de 2008, la economía española ya tuvo que ser rescatada en años anteriores a esta crisis, fue la UE la que, al igual que ahora, dotase al país de los fondos precisos para reactivar la economía. Sin embargo, entre otras cosas, cabe añadir que dicho rescate, en aquel entonces, llegó con unos niveles de deuda que, como refleja la serie histórica, se encontraban en el 40 % del PIB.
En este sentido, la economía española, tras el rescate, pasó de tener una deuda que en 2008 se situaba en el 40 %, a tener una deuda que, como refleja dicha serie histórica, llegó a situarse en el 95 % del PIB. Sin embargo, en estos momentos, tal y como reflejan los indicadores macroeconómicos, la deuda española, dada la incapacidad del Gobierno para reducir dicho nivel de endeudamiento, se sitúa, como decíamos, en el 100 % del PIB; producto de una gestión que, pese a haber contado con más de ocho años de políticas expansivas y crecimientos continuados, no ha primado la sostenibilidad de las cuentas públicas frente a las promesas de gasto público, así como su consecuente efecto en las urnas.
Así, como podemos observar, la UE vuelve a salir en defensa de la economía española, así como otras economías que, como Italia, precisaban ayudas externas para recuperar la economía; sin embargo, esta vez, y a diferencia de 2008, con una dura oposición a las ayudas por parte de los países del norte. Y es que, como decíamos, la falta de disciplina y la incapacidad de reducir los niveles de deuda no solo nos hace más vulnerables como economía que somos, sino que sigue ensanchando las asimetrías que, ya de partida, presentan las distintas economías integrantes de la UE. Unas asimetrías que han acabado derivando en tensiones que, como las que se han podido apreciar en sede comunitaria, siguen deteriorando la integración y la unificación que la UE como bloque económico trata de lograr.
En este escenario, la intención de exponer los indicadores de deuda pública de la economía española en los párrafos anteriores, precisamente se centraba en la exposición -muy necesaria- de unos niveles de deuda que, a diferencia de 2008, se presentan mucho más deteriorados que en aquel entonces. En este sentido, el Banco de España prevé que dicho nivel de endeudamiento, tras la crisis, podría situarse en el 122 % del PIB. Unos niveles de deuda que, de recibir las ayudas europeas, requerirán ajustes de gasto público, así como planes de ajuste presupuestario de gran calado, los cuales podrían generar conflictos de intereses en el Gobierno de España. Pues, ante un Gobierno que ha prometido grandes incrementos del gasto público en campaña electoral, las ayudas significarían el incumplimiento de gran parte de su programa; todo ello sin tener en cuenta los incumplimientos que llegarán por la vía de reformas que fueron prometidas y, de acuerdo con las peticiones europeas, tampoco llegarían a materializarse.
El Gobierno de España se enfrenta a la dura dicotomía que representa el hecho de tener que elegir entre ser rescatados por la UE y recuperar la economía, o, por otro lado, el cumplimiento de las promesas electorales. Una situación en la que, obviamente y ante el deterioro económico, el rescate prima sobre cualquier promesa. Sin embargo, la posibilidad de que en un futuro se pudiesen producir incumplimientos en las condiciones pactadas con Europa, como ocurrió en 2012, podría crispar aún más las relaciones entre los países miembros del bloque comunitario. Unas relaciones que, tras la crisis que comienza a disiparse, ya salen gravemente deterioradas. Una situación que debería preocuparnos, pues ya es la segunda vez que tenemos que solicitar fondos públicos al bloque comunitario para salir de situaciones de crisis y recesión económica.
Esta situación, como decíamos, es muy preocupante. La UE, así como el proyecto comunitario de integración y cooperación económica sale de estas crisis, como hacíamos alusión, gravemente deteriorado. Esto podría llevarnos a una situación en la que, para escenarios futuros, de no haber presentado esa disciplina requerida, la UE no acuda al rescate de España, pues muchos dieron por hecho la llegada de fondos europeos para ayudar a la economía española, pero pocos se han preguntado cuales serían los efectos que podría haber ocasionado el hecho de que la UE se hubiese negado a facilitar la reactivación de la economía mediante la llegada de un nuevo rescate. Algo que, de haber ocurrido, hubiese generado uno de las mayores desastres para la economía española.
En este sentido, para acabar, atendiendo al discurso de Rafael Domenech, de BBVA Research, en un estudio para Fedea, el propio economista ha advertido a los gobernantes la necesidad de no caer en autocomplacencias y en errores como el que supone creer que dichas ayudas siempre estarán disponibles para cuando el país las precise. Y es en esta línea, donde queríamos centrar el tema principal del texto, pues las ayudas que hoy recibe España, mañana, ante una nueva crisis, podrían no llegar. Así, por primera vez en muchos años España, así como sus gobernantes, deben aplicar de una vez la austeridad necesaria para comenzar a reducir los desequilibrios que tanto ha remarcado la UE. Pues, de vernos inmersos en un nuevo escenario de recesión económica, con unos niveles de endeudamiento similares y una situación presupuestaria que, como actualmente, se muestre puramente deficitaria, la llegada de rescates podría no darse, como decíamos, dejando a la economía española a la deriva y a expensas de una declaración de quiebra y colapso económico.
