Unos presupuestos pueden servir para muchas cosas. Entre otras, para propaganda del gobierno que los aprueba y para comprar voluntades que, en su momento, puedan transformarse en votos que ayuden a un determinado grupo político a mantenerse en el poder. Me temo que estos son los objetivos fundamentales del proyecto de Presupuestos del Estado de 2021, que acaba de ser presentado por el ejecutivo español. La mera forma de redactar los textos que se han ofrecido a la opinión pública confirma esta interpretación. “España puede”, se lee en el encabezamiento. Son unos presupuestos “para cambiar el rumbo de España”. Y esto se consigue, por ejemplo “apostando por una economía del conocimiento que prioriza la educación, la formación y la investigación”. No hay que ser especialmente crítico para darse cuenta de que se trata de palabras vacías, que no llevan a ninguna parte. ¿Se le habrá ocurrido al Gobierno que este entusiasmo por el conocimiento no casa precisamente con sus recientes reformas educativas que generan un deterioro continuo del nivel cultural de nuestros estudiantes?
Pero mi frase favorita es la dedicada a la reforma del modelo productivo. No sé si quien la escribió se sonrojó al hacerlo o la redactó entre carcajadas mientras se tomaba unas copas. Pero el texto no tiene desperdicio: “Los presupuestos sientan las bases del cambio de modelo productivo de una España que será más ecologista, más cohesionada y más feminista”. Estamos en la primera página del documento del Gobierno…y supongo que cualquier lector sensato, al llegar aquí, está ya desmoralizado y empieza a pensar si no sería mejor fijar su residencia en otro país.
La teoría económica convencional dice que, en una situación de recesión, el presupuesto debe ser expansivo. Pero una cuestión importante es saber cómo se va a financiar la expansión. En estos presupuestos el crecimiento de la deuda pública flota por encima de los números; pero no se aborda como lo que es: un problema fundamental para un país que entró en la crisis ya muy endeudado y cuya situación financiera se deteriora día a día. El gasto público crece de forma excesiva; y no sólo por las cifras absolutas, sino también por la situación de nuestras cuentas antes de la crisis –altas tasas de deuda y déficit público– y por la gestión de la pandemia. Y habrá que ver qué ocurre con las principales magnitudes macroeconómicas con respecto a las cuales existe una gran incertidumbre. Una previsión de crecimiento del PIB del 9,8% para 2021 parece optimista en exceso; como lo es también que las tasas de paro sean el 17,1% a final de 2020 y el 16,3% en 2021. Así las cosas, no tiene sentido subir en estos momentos los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Con una caída estimada del PIB en torno al 12% en 2020, más de 3,5 millones de trabajadores en paro y más de 2 millones en ERTEs no se debería incrementar hoy el gasto público en salarios.
Otro rasgo demagógico de estos presupuestos es su planteamiento de que serán los ricos los que paguen las subidas de impuestos. Si se analizan los datos incluidos en los cuadros de impacto de las medidas fiscales incluidas en el proyecto de ley de PGE y en otras leyes, se observa que los ingresos previstos por la subida del tipo de IRPF a las rentas altas suponen sólo 144 de los más de 8.000 millones de incremento previsto de ingresos fiscales. Los mayores aumentos de recaudación se atribuyen a impuestos de fiscalidad verde, transacciones financieras, servicios digitales, primas de seguros o bebidas azucaradas; y estos no van a ser pagados por los ricos, sino por toda la población, en especial las clases medias. Al margen de que algunos de estos tributos sean discutibles y sus ingresos estimados pequen de optimistas, cabe defender que, si se quiere elevar la recaudación, hay que acudir a la imposición indirecta, que es la que permite obtener mayores ingresos. Pero hay que reconocer también que esos impuestos los vamos a pagar todos los españoles.
Y me temo que las políticas demagógicas no van a acabar con la aprobación de estos presupuestos. Por una parte, ya se anuncia un nuevo aumento de la presión fiscal mediante una reforma del impuesto del patrimonio, que podría, además, limitar las competencias de las comunidades autónomas, si se les impidiera bonificarlo, como algunas hacen hoy. Y por otra, se negocia una reforma de la regulación de los arrendamientos urbanos que permitiría a ayuntamientos y comunidades autónomas establecer controles de rentas, lo que podría ocasionar daños muy graves al sector…y, desde luego, a quienes intenten alquilar una vivienda.
Si algo hay claro en economía es que los gobiernos no cambian el modelo productivo de un país. Es la actividad económica de las empresas, los profesionales y los trabajadores la que lo hace. Pero de esto hay muy poco en estos llamados “Presupuestos para la transformación”.
