Los expertos asturianos consideran que la iniciativa «no tiene ni pies ni cabeza» porque «fomentaría los comportamientos irresponsables»

«Teniendo en cuenta los compromisos europeos de déficit cero en 2020, resultará imprescindible la mutualización de la deuda por el Estado español». Esta propuesta parte de Jaime Lamo de Espinosa y de Ramón Tamames, dos de los economistas que han elaborado un informe sobre la reforma de la financiación autonómica por encargo de la Comunidad Valenciana, y en el que han participado los profesores José Barea, el asturiano Juan Velarde y Pedro Schwartz. La iniciativa de que el Estado asuma la deuda global de todas las autonomías genera controversia y opiniones encontradas entre los expertos en financiación regional.

Lamo de Espinosa y Tamames se remontan a 1790 para recordar el primer antecedente de una medida similar, que adoptó el secretario del Tesoro de unos Estados Unidos recién creados «para superar la situación de los trece estados de la Unión, que habían luchado contra Inglaterra por la independencia de Norteamérica y que estaban en bancarrota ». Los dos economistas argumentan que en la actualidad muchas comunidades autónomas españolas «están en auténtico estado de quiebra» para reclamar que el Estado asuma la mutualización de la deuda autonómica, «análogamente a lo que ya está estudiándose en el marco de la Unión Europea» para mutualizar y reestructurar la deuda de los estados miembros. La iniciativa de los autores del estudio encargado por la Comunidad de Valencia está lejos de concitar el consenso entre los especialistas sobre la financiación autonómica.

«Es como si en una comunidad un propietario le pide al resto que se hagan cargo de todas sus facturas, mientras él disfruta de todo lo comprado», resume muy gráficamente Santiago Álvarez, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo que ha participado en la elaboración de varios documentos sobre el sistema de financiación autonómico. «No tiene ni pies ni cabeza que todos los ciudadanos del país tengan que asumir la parte de unos gastos correspondientes a unos servicios realizados en otro territorio, que no disfrutaron. Es una fórmula de reparto totalmente injusta. Al igual que los alemanes no tienen por qué asumir la deuda contraída por los países del sur de Europa, tampoco tiene sentido que un asturiano o un catalán tengan que cargar con los gastos contraídos por una comunidad distinta a la suya por unos servicios que, además, no han recibido», detalló Santiago Álvarez, «más allá de los mecanismos de nivelación ya existentes en el actual sistema de financiación», precisó.

La asunción de la deuda de las autonomías por parte del Estado trasladaría, a juicio de Álvarez, un mensaje muy negativo al resto de comunidades autónomas ya que «fomentaría los comportamientos irresponsables y generaría un peligrosísimo precedente: se beneficiaría al más ineficiente y al más gastador ». El profesor universitario recuerda que en España hay un precedentes de asunción de deuda por parte del Estado cuando la administración central se hizo cargo del pasivo de las administraciones locales en el plan de saneamiento de los ayuntamientos «pero era otra situación totalmente distinta» y las cifras de deuda sensiblemente inferiores a las que acumulan ahora las autonomías. Cataluña acumula en la actualidad un pasivo que ronda los 55.000 millones de euros,Valencia ronda los 30.000 , Andalucía yMadrid pasan de los 22.000 millones. La deuda de Asturias sobrepasa ligeramente los 3.000 millones.