Un modelo sanitario eficiente tiene un valor incalculable; uno improcedente, un coste impagable. De acuerdo al estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el sistema de salud español, si no se acometen drásticas reformas, es insostenible. El informe conjunto de ambas entidades ha pronosticado que el PIB tendría que crecer un 1,4% cada año hasta el 2016 para poder mantener las prestaciones actuales, ascenso que no es previsible en ningún foro económico.
La sostenibilidad del sistema exige unos ingresos que, entre otras variables, dependen del aumento del PIB autonómico, valor que es muy distinto de unas comunidades a otras. Mientras que Galicia puede mantener su sanidad con un asequible crecimiento de un 0,4%, Cantabria con un 0,6% y Madrid con un 0,7%, los incrementos que necesitan Navarra (7,2%), Extremadura (2,8%) y País Vasco (2,6%) parecen inalcanzables.
El envejecimiento de la población y el avance de la medicina pasan factura y provocan que los gastos suban en torno a un 4,4% cada año. Sin embargo, hay formas de ponerle remedio ahora. De hecho, hay autonomías que han hecho sus deberes para hacer sostenible su sanidad. Destacan el ahorro entre el 2009 y el 2012 conseguido por La Rioja (18,16%) y Murcia (17,94%). Por el contrario, Extremadura ha aumentado el gasto sanitario en un 6,68% y Castilla y León un 3,62%. Respecto al coste por habitante en el 2012, de acuerdo al Informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) los más altos son los de Extremadura (1.693 euros), el País Vasco (1.619 euros) y Asturias (1.485 euros), siendo los más económicos la C. Valenciana (1.110 euros), Baleares (1.126 euros) y Madrid (1.165 euros).
El Informe BBVA-IVES señala que hay margen para avanzar en cuanto a la sanidad concertada. De cada 100 euros que se gastan, apenas 9 se destinan a la colaboración público-privada, a pesar de que es más eficiente, por los 71 que van a parar a los centros públicos, mientras que los 20 restantes se destinan a subvencionar la compra de fármacos. El problema del modelo público es que el coste de su personal no se ajusta a las condiciones de mercado y detraen inversiones que optimizarían los recursos. Casi dos tercios del gasto (un 64,8%) se destinan a pagar nóminas, por solo un 4,2% que va para la mejora de los equipos. Por último, el estudio apunta que ya queda poco recorrido para ahorrar en fármacos pues los márgenes son ya muy estrechos.
Las regiones que más deberían preocuparse son las cinco comunidades con menor PIB per cápita, porque en ellas el gasto en sanidad representa un mayor porcentaje de su PIB. Me refiero a Extremadura (10%), Murcia (8%) y Castilla-La Mancha (7,9%), Canarias (7,1%) y Andalucía (7,0%).
El ahorro que se debe conseguir es el de una mayor eficienciamediante la colaboración constructiva entre los dos modelos sanitarios y evitar los abusos que despierta el ‘gratis total’ de acudir al médico. El debate clave de la sanidad no es si se debe favorecer la gestión pública o la privada, sino cómo despertar sinergias entre ambos sectores para conseguir un sistema de calidad que sea sostenible.
