Un resultado bien conocido de la teoría de la elección pública es el que establece que el comportamiento de los votantes es asimétrico –y con frecuencia poco racional– a la hora de valorar los programas de ingresos y gastos públicos. Mientras el aumento del gasto es considerado, por lo general, como algo positivo que permite resolver problemas y mejorar la situación de la gente, ésta rechaza los nuevos impuestos que serían necesarios para sufragar el mayor gasto. Y tal falta de racionalidad se traslada a menudo a los políticos que intentan mantenerse en el poder o llegar al gobierno.
El programa presentado por Sánchez en su discurso de investidura el pasado lunes es un excelente ejemplo de este tipo de estrategias. Sánchez se subió a la tribuna dispuesto a ofrecer todo lo que hiciera falta para lograr el apoyo necesario para ser elegido. Que mucha gente considera que su pensión es insuficiente; pues se revaloriza. Que el sistema de pensiones esté quebrado y sea insostenible en el medio y largo plazo, no es obstáculo; se cambia la ley y se busca un nuevo Pacto de Toledo. Que hay mucha gente que está pasando dificultades económicas, se establece un ingreso mínimo vital… sin especificar cómo se va a pagar. Que las comunidades autónomas reclaman más recursos, se cambia el modelo de financiación de modo que todos estén contentos, cosa que sólo podría conseguirse si el Estado les
transfiriera más recursos a cada una de las regiones.
Una vez definido este ambicioso programa de gastos, lo lógico habría sido explicar de dónde va a salir el dinero para financiarlo. Pero casi nada en este sentido hubo en el discurso. El candidato no quiso explicar su plan de aumento de impuestos por varias razones. La primera, la antes apuntada de que lo que da apoyo popular son los gastos y no los impuestos. Pero resulta, además, que cualquier intento de explicar la idea de que quienes realmente van a pagar los nuevos gastos son los ricos, los bancos y las grandes empresas no resistiría un análisis mínimamente serio. Si van a subir los impuestos –y es muy probable que así sea–, seremos todos los que, directa o indirectamente, acabemos pagando el crecimiento del gasto.
Porque otro problema que tiene Sánchez es que no puede presentar en su programa la que sería la solución más fácil y demagógica: el aumento del déficit público. En primer lugar, porque el sector público español se ha mostrado incapaz de cumplir sus propios compromisos de reducción del déficit, incluso en años de fuerte crecimiento económico; y por ello, elevar el gasto cuando la tasa de crecimiento se va frenando sería una política muy peligrosa para la solvencia de las cuentas públicas.
Pero, además hay que tener en cuenta que los gobiernos europeos tienen en la Unión Europea una restricción externa importante para la autonomía de sus políticas económicas. Y, en nuestro caso, no se trata sólo de una restricción de carácter general. Por el contrario, la Comisión ya ha señalado claramente a España que tiene que reducir su déficit público, e incluso ha apuntado la cifra de 7.500 millones de euros como la cantidad en la que habría que rebajar el presupuesto de gastos. Y parece claro que, en su juego a varias bandas para sacar todo lo que pueda de cada uno, Sánchez tiene bastante miedo a lo que la Unión Europea pueda decir de su política económica.
Sano temor
Este temor, hay que reconocerlo, es muy bueno para la economía española, ya que, de una u otra forma, constituye un freno a políticas fiscales insensatas; pero pone de manifiesto la incoherencia de su programa.
Y no son estas propuestas de gasto lo único preocupante de su programa. En él se incluyen una serie de medidas que, sin suponer un mayor desequilibrio en las cuentas públicas, pueden causar serios perjuicios a la economía española. Sánchez plantea, en efecto, cambios en la regulación de algunos sectores importantes. No sabemos qué significa derogar las “medidas más lesivas” de la reforma laboral. Es posible que nada. Pero cabe también que introduzcan nuevas rigideces en el mercado de trabajo, como piden los sindicatos y sus potenciales socios de Podemos que generen aún más paro en una economía que no consigue bajar del 13%-14% de desempleo, incluso tras años muy buenos de crecimiento económico.
Y un efecto similar tendría volver a subir el salario mínimo hasta 1.200 euros, como propone Sánchez. Por no mencionar lo que supondría una ley estatal de la vivienda, que acabara haciendo más difícil a mucha gente conseguir un piso en alquiler. No cabe duda de que el papel, y un discurso en el Parlamento, lo aguantan todo. Pero la economía real, no.
