El 13 de abril, el presidente del Gobierno hacía público lo que denominaba el plan de recuperación económico más ambicioso de la historia reciente de España. Este plan, al que muchos economistas han denominado Plan Marshall por las similitudes con este histórico paquete de ayudas, muestra las líneas de actuación que pretenden guiar la recuperación económica que tanto precisa nuestro país. Este plan está basado, principalmente, en la llegada de ayudas europeas y capitales del fondo comunitario. Tanto es así que, si observamos los Presupuestos que aprobó el Gobierno el pasado año, estos ya incluyen más de 20.000 millones de esos fondos europeos que ni siquiera han llegado, pero con los que se prevé financiar una gran parte de todas esas ayudas directas que, de acuerdo con el Gobierno –que no con los economistas–, han recibido aquellos sectores más afectados. Pero es que, ni con fondos europeos, somos capaces de estimular más nuestra economía, teniendo en cuenta esa mayor contracción económica (-11%).
Con las ayudas europeas, y con suerte, España no será capaz de destinar más del 3,5% de su PIB anual a estímulos los próximos años. El escaso fondo de maniobra, en un escenario en el que la deuda roza el 120% del PIB y el déficit supera el 11%, nos deja en una situación de incapacidad que limita el potencial de esta recuperación. Si observamos el caso de EE UU, la respuesta asciende hasta superar el 11% de su PIB, mientras que, si escogemos el buque insignia de la UE, Alemania, esta alcanza el 9% de su PIB. Y es que, incluso contrastando con la respuesta fiscal media de las economías desarrolladas (6,7%), la economía peninsular queda por debajo.
Problemas de ejecución
De la misma forma, la economía española no debería cantar victoria antes de jugar el partido. Los precedentes con los que cuenta sitúan a nuestro país a la cola en materia de ejecución de fondos europeos. En años pasados, España no fue capaz de certificar y ejecutar más del 30% de los fondos de los que disponía. Para corregir esta situación, el Gobierno aplicó un decreto que trataba de reducir los plazos en la ejecución y certificación de esos proyectos, a la vez que se reducía la burocracia, pero la falta de información del plan nos suscita que este riesgo sigue muy presente.
En general, hablamos de un plan repleto de incógnitas, de brindis al sol y de frases muy técnicas, pero seguimos observando ausencias muy notables en las reformas propuestas. En este sentido, el plan incluye una serie de reformas que, efectivamente, necesita nuestra economía. Pero seguimos sin abordar otras reformas muy necesarias y que, verdaderamente, lastran nuestro desarrollo. Es el caso de la laboral, la educativa, la de las pensiones, así como otras reformas que, pudiendo aprovechar los fondos europeos para abordarlas, no pretenden abordarse por el interés político; muy presente, dicho sea de paso, en este plan.
Es un plan muy condicionado a una gestión burocrática que, atendiendo a esos precedentes, le dota de una elevada dosis de incertidumbre. Y a esto debemos añadir la gestión que caracteriza a nuestro país, teniendo en cuenta sus números y la serie histórica, y que sitúa a España como un país más familiarizado con el gasto que con la inversión. Prueba de ello es la situación mencionada y con la que entramos en esta crisis, o el hecho de que España, en los últimos 20 años, solo ha sido capaz de gastar menos de lo que ingresaba durante los años 2005 y 2007, pues el resto han sido años de derroche. Derroche que podría volver a repetirse con este aluvión de dinero público que llega con una intención, pero que podría administrarse con otra muy distinta.
