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oct

En los últimos meses, hemos visto a los sindicatos, así como a determinados grupos del Congreso de los Diputados, hablar sobre la necesidad de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España. Así, de acuerdo a las exigencias de Podemos o UGT, este debería elevarse hasta los 1.200 euros. No obstante, esta petición no posee fundamento más allá de las propias emociones.

Es verdad que nuestro país necesita incrementar los salarios, pues, en esta materia, se aleja de grandes países como Alemania. Sin embargo, subir el SMI ha de hacerse con mucho más rigor y criterio, pensando en el largo plazo. De lo contrario, se cae en el flagrante error de pedir una medida inasumible para el tejido empresarial español, suicida para nuestra economía y empleo.

El economista Thomas Sowell decía que las políticas económicas debían medirse por su impacto en la sociedad, y no por el deseo utópico que llevó a determinados colectivos a adoptarlas. Una frase muy cierta, más en un escenario económico en el que determinados agentes solo tienen en cuenta los beneficios y derechos del empleado, pero no el esfuerzo que eso conlleva para los grandes generadores de riqueza y economía real: los empresarios.

De acuerdo con los indicadores de productividad de los empleados españoles, nuestras empresas llevan estancadas ya cerca de cuatro años. Es decir, seguimos produciendo lo mismo, sin crecer, que en 2015, y, sin embargo, nos permitimos considerar el aumento de los salarios. Según los datos empresariales del país, el 99’8% de nuestras compañías son pymes. Pequeñas y medianas empresas que, en contraste con nuestros homólogos europeos, esos con los que tratan de compararnos desde sede sindical, producen mucho menos.

Así, siguiendo a Eurostat, en la relación entre empleados y unidad de PIB producida, nos encontramos en niveles un 6% inferiores a los de los grandes productores de la Unión Europea. Además, de acuerdo con los mismos datos, la estancada productividad de España nos está llevando, no solo a reducir la competitividad empresarial, sino a tener que incrementar la contratación. Es decir, necesitamos a más empleados que antes para generar una unidad de PIB. En consecuencia, las compañías incurren en unos mayores costes laborales para producir lo mismo que hace unos años.


La subida del SMI, en el escenario actual, es imposible de afrontar en el largo plazo


A su vez, en los últimos meses, estamos viendo cómo la economía española, y la mundial, está entrando en lo que, desde el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), califican como desaceleración sincronizada. Esto es, la economía se desacelera, y afecta a los resultados empresariales, que, según las últimas lecturas, ya están cayendo. Pese a ello, el decreto del Partido Socialista por el que se aumentaba el SMI hasta los 900 euros ha llevado a las compañías a multiplicar sus costes laborales un 2,5%; curiosamente, una cifra muy similar a ese 2,4% de la revalorización percibida por los trabajadores beneficiados por esa última subida.

En resumen, si sacamos la coctelera y metemos en ella todos los datos, podemos llegar a la conclusión de que las subidas del SMI, en un escenario en el que la economía se desacelera, el beneficio empresarial se reduce y la productividad se estanca, se trata de un gasto superfluo, e incluso imposible de afrontar en el largo plazo mientras no revirtamos el contexto actual.

No se puede obligar a las empresas a inflar sus costes si, con ello, no solo no aumentan su beneficio, sino que este disminuye. Un SMI más alto las llevaría a tener que efectuar despidos de personal, por resultar insostenible la paradoja de unos empleados menos productivos y mejor pagados. También supondría una traba a la contratación, eso que los economistas denominamos desempleo institucional.

En conclusión, España debe centrar sus esfuerzos en hacer crecer la productividad, de modo que la subida de los salarios se produzca de una forma natural, en consonancia con un diagnóstico real, y no bajo una visión cortoplacista e impuesta por un determinado grupo de presión. Hablar de incrementar el SMI y no la productividad equivale al suicidio para muchas empresas españolas, las cuales, con unos recursos limitados, tienen que convivir de forma permanente con una gran carga burocrática, fiscal y administrativa que, poco a poco, asfixia la rentabilidad de los motores de crecimiento económico y de desarrollo.


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