Hoy, aquel precio pandémico se ha visto –como mínimo– doblado. La respuesta del gobierno, como siempre, muy apropiada para la gestión de cualquier crisis que se le presenta.

Así, en lugar de bonificar –siquiera temporalmente– la fiscalidad que recae sobre los hidrocarburos y que sobrepasa el 50 % de la cantidad que se paga por llenar el depósito, la nueva forma con la que el gobierno ha tratado de hacer creer a los ciudadanos de a pie que está cerca de ellos y de que se preocupa por sus problemas pasa por haber fijado un descuento de 20 céntimos por litro de combustible. ¿Acaso quieren hacernos creer que somos tontos, a pesar de siempre tratarnos como tal?

¿No es más fácil que se hubiera reducido, o incluso eliminado –al menos temporalmente–, el impuesto especial sobre los hidrocarburos para abaratar el precio del diésel y de la gasolina?, ¿no se podría haber optado por reducir la presión fiscal, en lugar de crear una falsa apariencia de ayuda al ciudadano consiste en subvencionarle una ínfima parte del coste del litro de carburante?

Si el litro de gasolina ronda los 2 €, un descuento de 20 céntimos por litro apenas supone un 5 % del precio del litro, sin incluir los impuestos que gravan el carburante. Sin embargo, la carga fiscal ronda el 50 %.

¿Cómo es posible que si de dos euros el poder público se lleva más de uno, pueda encima el Gobierno tener la desfachatez de hacer creer que rebajando veinte céntimos el litro se está ayudando al ciudadano, cuando hace dos años pagábamos menos de la mitad por el litro de carburante? Y, por si fuera poco, encima esta subvención se aplica sobre el precio final (con impuestos incluidos). Ello implica que de estos veinte céntimos que “paga” el Estado, diez de ellos –en realidad– está dejándolos de recaudar porque habría de recibirlos a través de las figuras impositivas que asfixian a los españoles.

Por no hablar de la forma en que se está aplicando esta medida, dejándola en manos de los propietarios de áreas de servicio y gasolineras la gestión. Así, son ellos quienes tienen que adelantar esos 20 céntimos que ya les entregará el Gobierno. ¿Acaso se puede mantener en funcionamiento la actividad económica con estas condiciones que impone el poder público?

Tal y como recoge el avance de la recaudación tributaria del año 2021, publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la recaudación debida al Impuesto especial sobre los Hidrocarburos ascendía a casi 11 millones y medio de euros, 1 millón más que la recaudación del pasado año.

Con la subida de precios de los carburantes es más que probable que la recaudación en este año 2022 vuelva a aumentar –y mucho–.

Pero, a pesar de la etapa recesionista que estamos atravesando, nuestro Gobierno únicamente se preocupa por recaudar cada vez más y, mientras tanto, busca hacer creer a la sociedad que la está ayudando con una subvención –aparente– cuando en realidad solo está dejando de ingresar una pequeña parte de lo que percibe.

Esta nueva amable gratificación que quiere tener el poder público con los españoles no es más que una vía, como se señalaba ab initio, de tratarnos –cuanto menos– como si fuéramos ignorantes.