El 10 de febrero publicamos un artículo en EXPANSIÓN que defendía al empresario como “bien socialmente imprescindible” y terminaba así: “Pasará este gobierno con todos sus corifeos y coristas, y los empresarios seguirán haciendo lo que saben hacer: crear riqueza, pagar muchos impuestos y transformar las sociedades. Por el bien de todos, esperemos que puedan seguir haciéndolo desde España y para España”. No hacía falta ningún don adivinatorio, bastaba con observar la realidad para temer lo que ha acaba- do ocurriendo: la primera migración al extranjero de la sede social de una gran empresa del Ibex.
Desgraciadamente, no se necesita gran imaginación para darse cuenta de que otras empresas podrían acabar haciendo lo mismo si este Gobierno continúa por esta peli- grosa senda. Lamentablemente, hay pocas empresas como Ferrovial, fundada en 1952 por un gran español, cuyo amor por España le llevó a constituir una fundación con su dinero personal para, entre otros fines, “contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes de la España del futuro”, siendo quizá el mejor empresario del siglo XX en nuestro país, Rafael del Pino y Moreno 1920-2008). Pero son muchísimas las empresas que hacen posible cada día, con su esfuerzo e iniciativa, la imprescindible prosperidad de nuestro país. A pesar de ello, asistimos a diario a una recurrente persecución de los intereses generales de la nación, por más que desde los minaretes oficiales se predique lo contrario.
Causa escándalo que el gobierno de un país europeo y su coro de habituales difamadores mediáticos pongan en marcha una campaña de linchamiento personal contra una empresa y un empresario concreto por el simple hecho de hacer uso de los derechos que le reconoce la legalidad española y europea. Ferrovial es una empresa cuyo éxito en un mercado altamente competitivo a lo largo de sus 70 años de historia se basa en el trabajo duro, en la seriedad de sus relaciones y en el fuerte compromiso de sus propietarios por engrandecerla. Así es como ha creado decenas de miles de puestos de trabajo (llegó a tener más de cien mil empleados), ha pagado a lo largo de su historia miles de millones de euros en impuestos y Seguridad Social en nuestro país y ha engrandecido el prestigio de España a lo largo y ancho de medio mundo.
Como gran multinacional, y en uso de su derecho, va a proponer a sus accionistas (o sea, a los propietarios reales de la empresa, que a riesgo y ventura confían su dinero a la sociedad) el traslado de su sede a una jurisdicción con las mejores calificaciones internacionales y en la que, de acuerdo con la información disponible, en vez de perseguir la actividad empresarial se facilita y además se respeta la seguridad de la ley.
La trampa del chivo expiatorio. Algunos todavía creen que esta deriva es debida únicamente a la fuerza de los socios de Gobierno; o sea, a Podemos, Esquerra, Bildu y otros que “obligan” al PSOE a posicionamientos “arriesgados” que le desagradan. Se equivocan quienes caen en esa trampa del chivo expiatorio. En este Gobierno nada acontece sin que su líder máximo levante o baje su pulgar aprobatorio/reprobatorio.
El último ejemplo de muy dudosa legalidad es el impuesto a las grandes fortunas, un capricho gubernamental patentemente inconstitucional y confiscatorio, destructor del ahorro y de la inversión, que traerá pobreza a España y que hará emigrar el capi- tal por tierra, mar y aire. Todos los agentes económicos internacionales tomaron nota de esa fechoría, que coloca a España fuera del marco de los países desarrollados, sorprendi- dos de que seamos el único país avanzado que camina por la senda de la confiscación con trasnochados “argumentos” de corte marxista mientras miran con asombro y estupor a un Gobierno que penaliza el dinero ahorrado con esfuerzo y que ya pagó en su momento todos los impuestos correspondientes.
Entiéndalo o no este nuevo y atrabiliario PSOE, al que poco o nada le queda de la vieja socialdemocracia centroeuropea, de lo que se trata en este asunto es de la libertad; es decir, del respeto sagrado a la libertad de
los ciudadanos. Como escribió Benjamin Constant, “la libertad es el derecho de expresar su opinión, de elegir su profesión y ejercerla, de disponer de su propiedad y hasta de malbaratarla; de ir y venir sin pedir permiso y sin tener que dar cuenta de motivos o afanes”. En AMEF defendemos la libertad en su concepto más amplio, y más en concreto la capacidad de la dirección de cualquier empresa para instalar su sede donde deseen sus accionistas. Eso sí, explicando las ventajas e inconvenientes que su propuesta tiene tanto para accionistas mayoritarios como minoritarios, de forma que puedan tomar su decisión con la más completa información.
Degeneración política
Lo que hemos vivido estos días es inadmisible y denota una degeneración política peligrosa: el gobierno de una democracia europea no puede atacar de esa manera a empresas, empresarios y directivos por el mero hecho de serlo, y sin más propósito que dividir y enfrentar a la sociedad y a la ciudadanía por creer que eso es electoralmente conveniente, aduciendo la falacia de que las empresas españolas pagan pocos impuestos cuando pagan tanto –o más– que las de muchos otros países europeos. Tampoco estos políticos entienden que estamos en un entorno económico que nada tiene que ver con los viejos límites nacionales. Y menos todavía entienden lo que es una conquista histórica de la Unión Euro- pea: el libre mercado y la libre circulación de personas y capitales, que da a los individuos y las empresas la libertad de irse a otro país si el entorno en el que están no es propicio, o si las expectativas, económicas y no eco- nómicas, no son las mejores.
Y ese es el dilema o la encrucijada en la que estamos: o bien creemos y defendemos la libertad y el imperio de la ley, o nos instalamos, como propone/desea imponer el Gobierno, en un populismo arbitrario que sólo tiene ventajas para quien quiere man- tenerse en el poder a toda costa. Respecto al supuesto antipatriotismo de los empresarios, la cosa es de aurora boreal o un chiste. ¿Cómo puede hablar de patriotismo un Gobierno que está despedazando, con furia, la Constitución de 1978 en compañía de los peores antipatriotas? ¿No fue precisamente el PSOE quien acogió, abrazó y defendió con pasión de enamorado el “patriotismo constitucional” de Habermas, última biblia de la socialdemocracia? ¿Qué fue de todo aquel constitucionalismo y su europeísmo? ¿Acaso el patriotismo consiste en impedir el derecho de ciudadanos y empresas a cambiar de país en total acuerdo con la legalidad constitucional y fundacional de la Unión Europea?
Por lo que se ve, de estos políticos no se puede esperar que entiendan que muchas empresas, como es el caso de Ferrovial, viven en un lugar en el que ya no existe el aquí o el allí, simplemente están en el mundo determinado por la realidad y el merca- do. Por decirlo así, ya no hay compañías-bandera. Que incurran en burdas amenazas propias del peor maonismo, que lo único que hacen es retratarlos y desacreditarlos, o que incluso anuncien o insinúen supuestos castigos, por supuesto ilegales, es prueba evidente de su miseria. Semejante a la que muestra la tibieza de algunas empresas e instituciones. No es cuestión de política, sino de interés nacional.
