Sánchez e Iglesias: máximos responsables de la crisis sanitaria y económica de España
15 de abril de 2020

El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el máximo responsable del desborde de la situación sanitaria y económica. El anteponer sus intereses ideológicos, para contentar los deseos de las radicales feministas, y el focalizar toda su atención en  favorecer las exigencias de sus maquiavélicos socios de Gobierno, entre ellos Quim Torra y su “coñazo catalán”, obviando y minusvalorando el coronavirus, se ha traducido en más de diez mil muertos y casi -de momento- ciento veinte mil contagiados.

Pedro Sánchez desoyó todas y cada una de las exigencias que la OMS y otros organismos internacionales realizaban a todos los países, entre ellos -obviamente- a España, y que pedían encarecidamente la prohibición de eventos multitudinarios y la realización de test rápidos de forma masiva. Pues bien, ni una cosa ni la otra. No solo se ha permitido la congregación de cientos de miles de personas entorno al 8M sino que, además, otros eventos, como los deportivos, pudieron llevarse a cabo con total normalidad. Esto es una auténtica negligencia que se ha llevado por delante la vida de miles de personas, dejando desoladas a tantas miles de familias.

Y sí que se podía saber. Que no nos engañen. La Policía, hace escasos días, nos confirmó que desde enero ya se había ordenado la compra de mascarillas y otros utensilios sanitarios. Además, la que era en aquel entonces una epidemia descontrolada en China estaba ya invadiendo otros países asiáticos y europeos. Se sabía y bien. Es más, se sabía tan bien que decidieron hasta mentir y ocultar el número de muertos ocurridos entre los días 7 y 8 de marzo para no alertar a la población. El problema es que si el Gobierno prohibía determinados eventos, no habría excusa para mantener el 8M y, claro, la gran fiesta ideológica de la izquierda no podría, de ninguna forma, verse cancelada. “Antes muertos que fascistas”.

La gran crisis económica que nos viene encima

A esta gran crisis sanitaria, empero, le precederá una gran crisis económica. Y si el Gobierno ya ha demostrado que ni ante el peligro de que personas mueran es capaz de dejar a un lado su sectarismo, imaginad qué desastre acometerá en la economía. Y no es cuestión de imaginarse nada. Ya lo estamos comprobando. España se enfrenta a la mayor crisis económica desde la Guerra Civil con uno de sus peores saldos públicos (de toda la Unión Europea) y con el peor Gobierno en democracia.

Para poder entender por qué en España se originará una gran crisis económica, debemos tener en cuenta nuestros precedentes. En el año 2019, el conjunto de las administraciones registró un déficit de 32.882 millones (que se corresponde al 2’6% del PIB) que duplica el objetivo del 1’3%. A pesar ello, los ingresos públicos subieron un 3’8% interanual. En otras palabras, el Estado aumentó el gasto en un 4’1% (recordemos: viernes sociales, elevación de las pensiones, elevación de los sueldos públicos…). En este sentido, la deuda pública cerró el pasado ejercicio en el 95’5% del PIB cuando el máximo de endeudamiento que se establece en el Tratado de Maastricht es del 60%.

Pedro Sánchez, por tanto, no tiene margen para endeudarse. Ahora más que nunca entendemos por qué era, y es, necesario sanear las cuentas públicas en los tiempos en los que sí se podía hacer y así tener, cuando se requiera, capacidad de endeudamiento. Actualmente, nos encontramos con que España e Italia cargan con muchos más pasivos que Alemania y Holanda, países que, desde 2013, se esforzaron en reducirlos de forma sostenida, mientras que los primeros los mantuvieron esencialmente estables.

En consecuencia, ahora, España e Italia (entre otros), por no haber equilibrado su presupuesto y aumentado así su margen de endeudamiento, están pidiendo que Alemania y Holanda, que sí hicieron los deberes, les “regalen” financiación fácil, sin prácticamente coste o condiciones. Una vez más, por tanto, vemos la necesidad de aplicar las medidas liberales, que postulan mantener las cuentas en equilibrio (no tener más gastos que ingresos) y, sobre todo, no despilfarrar dinero público, de modo que no se incremente la deuda o, en todo caso, los impuestos (que imposibilitan, en muchas ocasiones, la función empresarial). La mayoría de los expertos estiman que la caída del PIB podría oscilar entre el -5% y el -13% en 2020.

Como decía antes, no es cuestión de imaginación, ya estamos viendo las nefastas medidas económicas que está aplicando el Gobierno de España y que nos llevará directo al agujero negro. En primer lugar, no está teniendo en cuenta la desaceleración que ya hacía mella antes de la crisis; en segundo, no está comprendiendo que nuestras empresas (la mayor parte de ellas, pequeñas, con menos de diez trabajadores -concretamente el 89% de las PYMES-) no pueden aguantar varios meses con cero ingresos y afrontando el obligado pago de impuestos y de costes fijos que se van acumulando (la media de caja de que disponen estos negocios, en el mejor de los casos, es de 35-60 días); en tercero, el Gobierno piensa, o eso da a entender, que cuando el estado de alarma cese, las compañías van a poder, no solo recuperar lo que han perdido, sino, además, obtener más beneficios; y, en cuarto, y fundamental problema de base, no se hacen cargo del escenario en que nos encontramos.

Por desgracia, los últimos datos evidencian que no nos enfrentamos a una crisis con forma de “V”, sino de “L”, lo cual implica un desplome de la economía bastante abrupto y una recuperación lenta y muy dura. Parece que, incluso, la situación se volverá estructural, y podríamos estar ante una recesión aún peor que la iniciada en 2008. Por todos estos motivos, el Gobierno está abordando francamente mal, tanto el diagnóstico, como las soluciones.

En conclusión, ni nuestras PYMES (que están muy poco digitalizadas y eso les está pasando factura durante el confinamiento) ni nuestro Gobierno están preparados para afrontar esta gran crisis económica que nos viene encima. Además, como es bien sabido, el Gobierno ha pasado olímpicamente de los autónomos, a los que solo les han concedido ciertas exigencias que organizaciones de autónomos (como ATA) le hicieron. El pasado 31 de marzo, miles de autónomos tuvieron que pagar religiosamente su cuota (aunque ya se anunció que, menos mal, a algunos de ellos se les devolverá parte del dinero pagado al Estado).

Con la sonada medida de “prohibir los despidos” está abocando a las empresas a cerrar y a acrecentar significativamente el número de parados. Una compañía que obtiene cero ingresos al mes y debe pagar impuestos y costes fijos no puede seguir a flote como si nada hubiera pasado. El acogerse a un ERTE constituye solo una medida temporal, así que no solo se despedirá a un número limitado de empleados, sino a toda la plantilla, al tener que cesar la actividad.

El Estado, por querer mantener la fiscalidad sea como sea, está construyendo la tumba en la que se enterrará la economía. Ahora más que nunca hacen falta medidas liberales y flexibilización laboral para que, primero, las empresas puedan subsistir y, segundo, para que nuevos proyectos empresariales puedan entrar en el mercado y no se vean imposibilitados por las cargas impositivas y la rigidez laboral.

No es un problema de gasto, sino de prevención y previsión

En las últimas semanas, no paramos de escuchar que los hospitales se han colapsado por culpa de los recortes en la sanidad privada que, supuestamente, emprendió años antes el PP. Esto es del todo falso. Antes bien, todo lo contrario. Durante los últimos años de gobierno de este partido, el gasto público en sanidad creció significativamente. En concreto, en 2011 ascendía a 71.667 millones de euros, y en 2018, a 75.435 millones; se elevó, por tanto, en casi 4.000 millones.

En cualquier caso, la saturación del sistema sanitario no radica en una cuestión de gasto. Por ejemplo, Corea del Sur (con más población que España, 51 millones de habitantes) ha realizado un gasto público en sanidad del 30% (frente al 41% de España) y ha registrado un número bastante menor de muertos e infectados (a la hora de escribir este artículo, 139 fallecidos y 9.332 casos). Singapur, junto a Corea del Sur, uno de los países más liberalizados, presenta un gasto en sanidad del 18% y, aunque tiene menos habitantes que España (5,6 millones), se ha erigido en un ejemplo mundial de gestión de la crisis con tan solo 3 muertos y 1.000 casos en estos momentos.

Por tanto, nos debemos formular la pregunta de por qué han tenido éxito estos dos países. Muy sencillo: por haber puesto en marcha un sistema de prevención y análisis ágil y eficaz.

Singapur utilizó los denominados “detectives de enfermedades” para determinar dónde había estado presente el virus. Así, con un sofisticado programa de rastreo de contacto, consiguió cortar la cadena de contagios desde los focos de infección.

En el caso de Corea del Sur, su triunfo contra el virus proviene de realizar cerca de 10.000 test por día, lo que ha permitido aislar a la población asintomática que, como sabemos, contribuye en gran medida a la dispersión del virus. Además, implementó drásticas y efectivas medidas de aislamiento por regiones.

Por tanto, el bloqueo del sistema sanitario de España ante esta crisis no devino del gasto en sanidad (que, recordemos, aumentó en los últimos años), sino de una nefasta gestión y auténtica falta de previsión por parte de nuestro Ejecutivo de PSOE y Podemos.

La pregunta es: ¿será capaz el Gobierno social-comunista de hacer frente a esta situación económica crítica o antepondrá sus intereses partidistas e ideológicos como ya lo hizo con la crisis sanitaria? Y, sobre todo, ¿le pedirá la oposición responsabilidades al Gobierno una vez que esto pase o dejaremos que se blanquee esta concatenación de negligencias?  Que Dios nos coja confesados amigos míos.

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