Precariedad, trabajadores pobres y temporalidad. Son los términos con los que recurrentemente se define al mercado laboral español. Uno con evidentes disfunciones que han propiciado una tasa media de desempleo del 16,32% en los últimos 18 años. Cifras más dramáticas, si cabe, cuando analizamos los datos de paro desde 2002 entre los menores de 25 años, quienes registran una media del 35,14%, y que, en el mejor trimestre de la serie, no llegaron a bajar del 18%.
A esto, tenemos que sumar un nivel salarial relativamente bajo en comparación con nuestros socios europeos más cercanos. Este impide, o retrasa en el mejor de los casos, la emancipación de los jóvenes, y boicotea la capacidad de ahorro que permitiría capitalizar la economía familiar.
Como solución a este problema, se ha planteado desde determinadas instancias el incremento del precio mínimo de la fuerza laboral: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
A finales del ejercicio 2018, con la entrada del nuevo Ejecutivo en funciones, liderado por Pedro Sánchez, se pactó un aumento de este del 22,3%, al que, posteriormente, se le ha agregado otro del 5,56% para el presente año, lo que hace un total de 950 euros al mes en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 1.108,33 euros al mes si el cómputo fuera anual.
Desde que estallara la gran recesión de 2008, el SMI se ha elevado un 58%, dato que contrasta notablemente con las tesis socialistas de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora. De hecho, este incremento supera las demandas de las posiciones más intervencionistas del mercado laboral que reclaman actualizar este precio mínimo con el IPC. Una renta de 600 euros en enero de 2008 (importe del SMI en ese año) equivaldría a 681,60 euros en 2019, si se hubiera actualizado únicamente conforme a la inflación.
El SMI no es un elemento reactivador de la economía en la fase de ralentización del ciclo expansivo
A pesar de los crecimientos sostenidos durante la última década, las últimas subidas por decreto de los sueldos han cosechado una ristra de críticas por parte de representantes de todos los agentes económicos, principalmente por dos motivos.
En primer lugar, el aumento del 22% carece de progresividad, elemento vital en este tipo de políticas a fin de garantizar un impacto reducido sobre el empleo. En segundo, se produce en un escenario de incertidumbre y desaceleración económica.
Y es que, la evolución salarial debe guardar cierta concordancia con la productividad del empleado por hora trabajada y con las expectativas macroeconómicas del momento.
Durante los últimos años, si bien es cierto que presentaba una evolución dispar, el crecimiento económico sirvió para amortiguar las repercusiones negativas sobre el mercado laboral.
No obstante, los promotores del aumento del SMI argumentan que esta medida sirve como elemento reactivador de la economía: esto es, teóricamente, las expansiones salariales de las rentas bajas repercutirán positivamente, ya que estas consumirán más, lo que, a su vez, se verá reflejado en un aumento del PIB.
Esta tesis, si bien puede resultar parcialmente cierta, carece de validez económica. El PIB de un país está compuesto por más elementos: inversión, exportaciones netas, y gasto público. Aun asumiendo repuntes por la parte del consumo y del gasto público, como recoge la Agenda del Gobierno, el crecimiento puede verse lastrado por detrimentos en las exportaciones y la inversión.
No debería extrañar un recorte de esta a causa de las medidas propuestas por el actual Ejecutivo, tales como el impuesto a las transacciones financieras, la elevación de las tasas impositivas, las barreras a la innovación, la deslocalización de esta, vía “Tasa Google”, y un deterioro de las cuentas públicas, cuyos objetivos de déficit tienden a “relajarse”.
De igual manera, las actuales tensiones comerciales a nivel global, los efectos negativos del coronavirus sobre la economía china, un crecimiento menor de la zona euro, y la recuperación de alternativas turísticas del Mediterráneo africano podrían reducir las exportaciones netas.
En cualquier caso, lejos de aceptar como una tautología el incremento del consumo a consecuencia de uno previo del SMI, debemos cuestionarlo y contrastarlo, máxime cuando se ha implantado como medida “reactivadora” en momentos de desaceleración del ciclo económico expansivo.
Se puede observar que, tras el desproporcionado aumento del SMI en 2019, el gasto en consumo final de los hogares ha experimentado una ralentización relativa, situándose en tasas de crecimiento menores que las de la economía general. De hecho, se constata el inicio de una divergencia entre SMI y consumo en el último trimestre del ejercicio.
¿Por qué ocurre esto? Alguien podría argumentar que uno de los efectos derivados del supuesto impacto positivo de esta medida debería ser la mejora de los niveles de confianza de los consumidores en la economía.
A fin de cuentas, la dinamización que se producirá, tal como sostiene el Ejecutivo, debería inducir al optimismo.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) nos dice que si los consumidores tienen un punto de vista positivo sobre la situación actual y futura de la economía, sus valores superan los 100 puntos, mientras que el caso contrario denota pesimismo.
Pues bien, durante el último año, especialmente en la segunda mitad, la confianza de estos se ha desplomado al nivel más bajo desde noviembre de 2013.
Ciertamente, todavía es demasiado pronto para establecer correlaciones en el sentido estrictamente científico del término, lo que no obsta para afirmar que la hipotética capacidad del SMI para reactivar la economía no se ha verificado en el caso español en 2019, a pesar de la importante subida.
Y es que, contrariamente a las tesis que propugnan desde el Ejecutivo, el mercado laboral ha experimentado una ralentización en la contratación y las proyecciones económicas para los siguientes años continúan corrigiéndose a la baja.
No sería honesto imputar la desaceleración económica (únicamente) al incremento del SMI, como tampoco aseverar que se trata de un elemento dinamizador del consumo y del ciclo económico.
El salario se limita a recoger la productividad marginal del trabajador. En tanto en cuanto la última no aumente, el primero tampoco podrá hacerlo sin causar graves desajustes en el mercado.
La magia no existe, ni aunque la decrete Pedro Sánchez.
