El Banco de España ha hecho público recientemente un informe sobre los efectos que la subida del salario mínimo del año 2019 tuvo en el nivel de empleo en nuestro país (Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España. Doc. ocasional 2113). Los resultados son claros. Estima que dicho aumento ha podido costar a la economía española entre 83.000 y 180.000 puestos de trabajo. Este menor empleo ha afectado especialmente a los trabajadores jóvenes y a mayores de 45 años.
Las cifras no son sorprendentes. La idea de que un crecimiento del salario mínimo más allá de un cierto nivel reduce la demanda de trabajo es bien conocida por los economistas desde hace mucho tiempo. Ya en febrero de 2019 el propio Banco de España estimó que la subida del salario mínimo a 950 euros podría costar a la economía española unos 125.000 empleos. Las críticas que aquella estimación suscitó fueron numerosas. Y con un razonamiento bastante pedestre se llegó a afirmar que, como el paro no aumentó en los meses siguientes, el Banco de España se había equivocado y que, por tanto, debería pedir perdón. Pero tenía razón. Y las cifras lo han demostrado. Lo que no tenía sentido era afirmar que la medida no generaría efectos en el empleo por el hecho de que la tasa de paro no creciera en aquellos momentos. La subida del SMI estaba, sin duda, teniendo ya efectos en forma de una menor creación de puestos de trabajo. Y sus consecuencias fueron mucho más claras cuando cambió la coyuntura, el crecimiento del PIB terminó y mucha gente perdió su empleo, en especial en los segmentos más débiles del mercado.
Más contundente aún ha sido la contestación a este último informe, ya que, en esta ocasión, con la pintoresca forma que tienen de razonar algunos políticos y sindicalistas de este país, no se les ha ocurrido nada mejor que animar a «correr a gorrazos al gobernador», expresión poco educada -y menos aún académica- pero muy expresiva. Nada nuevo, ciertamente, ya que parece que algunos reyes tenían en el pasado la mala costumbre de matar al mensajero cuando las noticias que les traía no eran de su gusto. Discutir los resultados de un estudio parece demasiado esfuerzo para ellos. Si la realidad no coincide con sus deseos, al diablo con la realidad.
En los debates sobre el salario mínimo se utilizan dos tipos de argumentos difícilmente conciliables. El primero es el profesional: analizando los datos, ¿qué efectos puede tener una determinada subida del salario mínimo? El segundo, el de sus críticos, tiene un marcado carácter ético: ¿acaso cree el Banco de España que se puede vivir dignamente en una ciudad como Madrid con 950 euros al mes? ¿No sería más justo elevar de forma significativa los ingresos de los que menos ganan?
Mayor desigualdad
El principal problema que plantea este segundo enfoque es que lo que muestran los datos -tanto españoles como internacionales- es que subidas del salario mínimo tan elevadas como las que se realizaron en España en 2019 dejan en una situación muy difícil precisamente a las personas a las que se pretende ayudar, al elevar la tasa de desempleo. Y el resultado es que, tras adoptar este tipo de medidas, la desigualdad en la distribución de la renta no sólo no se reduce, sino que aumenta.
Hay una amplia literatura que confirma estos resultados (para un resumen, véase Tjong y Schmillen, Income Inequality and Labor Market Regulations, World Bank, 2019). Y en España un conocido estudio de BBVA Research (Domenech, La desigualdad en España, evolución, causas y políticas, 2016) muestra cómo el 80% del crecimiento que experimentó el índice de desigualdad de Gini tras la crisis de 2008 se debió al incremento del paro.
Pero, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Es realmente mucho para una empresa pagar a un trabajador 950 euros al mes? La respuesta a esta cuestión es algo más compleja de lo que podría parecer a primera vista. En primer lugar, hay que señalar que abonar un salario de 950 euros a un trabajador tiene para la empresa un coste de más de 1.400 euros mensuales. Hagan el cálculo: multipliquen 950 por 14 pagas; dividan esta cifra por 12 meses; y multiplíquenla por 1,29 para incluir los costes de Seguridad Social que soporta la empresa. Y, lo más importante, tiene poco sentido discutir si en términos globales «las empresas» pueden pagar salarios mínimos de 950, 1.000 ó 1.200 euros. Algunas podrán hacerlo sin modificar su plantilla; otras, sin embargo, tendrán que reducir el número de sus empleados para hacer frente a los nuevos costes.
Quienes vean aumentar su salario y conserven el empleo, pasarán a encontrarse, sin duda, en una situación mejor que la anterior. Pero los que lo pierdan verán cómo su calidad de vida se deteriora de forma significativa. Y nada garantiza, desde luego, que, en términos de bienestar social, la ganancia de los primeros compense la pérdida sufrida por los que pasan a engrosar las listas del paro.
