No es verdad que cuanto mayores sean las restricciones que impone un Gobierno para combatir la pandemia, mejores resultados se obtengan. Lo que los excesos de confinamiento sí provocan, con toda seguridad, es deterioro económico, tal y como refleja el que España sea la más castigada de las grandes economías europeas. A este respecto, resulta muy sugerente la investigación sobre las políticas públicas aplicadas por 180 países para combatir la pandemia elaborada por el Oxford COVID-19 Governement Response Tracker (OxCGRT) de la Universidad de Oxford.
Una de las variables analizadas consistió en el rigor de las disposiciones adoptadas a partir de nueve parámetros, entre los que se encuentran el cierre de las escuelas y lugares de trabajo, el transporte, las restricciones a los viajes, las reuniones, los requisitos de permanencia en casa y las campañas de información pública. Este índice de restricciones lo vamos a contrastar en este ranking con los fallecidos por cada 100.000 habitantes. Tomaremos como cifra de muertos españoles el exceso de mortandad que publican el Instituto Carlos III y el INE.
El OxCGRT cuestiona que la severidad de las limitaciones cause necesariamente menos infectados y defunciones. Por ello, parece determinante en cambio la eficiencia de las medidas implantadas. Es innegable que los Estados que han llevado a cabo más pruebas diagnósticas, rastreos y confinamientos selectivos han logrado menos contagios.
Si estudiamos cómo se comporta este índice de los 19 países europeos de la OCDE de tamaños medio y grande, vemos que aquel con menores restricciones es Noruega, con 31,48 puntos, que es a su vez el que sorprendentemente presenta la menor mortandad: 5,61 fallecidos por cada 100.000 personas. Algo similar ocurre con Eslovaquia (32,41 puntos y 10,23 decesos) y Polonia (39,81 puntos y 28,57 óbitos). Por el contrario, España es el tercer país de esa relación con mayor índice de restricciones (62,50 puntos) y el que ha tenido más muertos de la lista (133,11). Un segundo factor que afecta a este índice reside en la credibilidad de las autoridades de un país ante sus ciudadanos, lo que se traduce en un mayor compromiso por parte de estos a la hora de respetar las normas.
Cuando, tras la nefasta gestión de la pandemia, un presidente miente a través del lema “Salimos más fuertes”, mostrarse sumiso a las caóticas prohibiciones que vinieron después resultó más difícil. Quizá por esta razón a los países con líderes creíbles les ha ido mejor.
Otra observación que se desprende del OxCGRT es la inmensa disparidad de normativas de los países. Lo lógico hubiera sido elegir un comité europeo de expertos de prestigio acreditado, que elaborara un protocolo común de actuación. Por ejemplo, adoptar la misma legislación de fronteras hubiera reducido la transmisión del virus.
Aquí en España, el comienzo de la segunda ola de la pandemia hizo ver a los gobernantes que ya no podían postularse como los exitosos redentores, papel que se adjudicaron al final de la primera fase del covid. El estrepitoso fracaso llevó a que la Moncloa eludiera su responsabilidad de lo que estaba por venir y se la transfiriera a unas regiones que, al no estar preparadas para asumirla, se descoordinaron y agravaron la situación.
¡Qué caro acaba saliendo, en muertes innecesarias y en euros, que gobiernen incompetentes!
