Vaya por delante que la concesión de subsidios a los que de verdad los necesitan para vivir es un deber social. Esta obligación encuentra su sentido en una de las cualidades esenciales de nuestra civilización cristiano-occidental: la solidaridad. Todos los países europeos ayudan a los más desafortunados con una Renta Garantizada (RG), aunque sus cuantías sean muy distintas, sobre todo a causa del también diferente nivel de vida.

En España, las tres comunidades autónomas que más RG conceden son Baleares (671 €), País Vasco (650 €) y Navarra (600 €). Una mirada a los países europeos con mayor PIB per cápita arroja cifras que van desde los 1.348 euros de Luxemburgo a los 80 de Italia, pasando por los 977 de Países Bajos, 950 de Dinamarca, 806 de Irlanda, 524 de Francia, 412 de Suecia, 404 de Alemania o los 373 de Reino Unido. De la comparativa se desprende que la comunidad Foral se trata de una región magnánima, incluso respecto a la media española (468 euros).

Sin embargo, repartir más dinero no necesariamente contribuye a la equidad, ya que puede tener un efecto perverso: que los que trabajan con salarios bajos vivan peor que los subsidiados que rechazan un empleo. Además, los primeros pagan IRPF, mientras que los segundos no sufren descuento alguno en lo que perciben. Por tanto, si se quiere ayudar a los que verdaderamente lo precisan, esos que lo intentan todo por salir adelante pero no logran un nivel de vida aceptable, la normativa para obtener estos subsidios debe prevenir el fraude. Sugeriré algunas medidas.

En primer lugar, el receptor de una RG ha de comprometerse a dar alguna contraprestación a la comunidad, de acuerdo a su preparación y condiciones físicas, tal como demandan los gobiernos de muchos países más ricos. Existen muchas tareas que podrían desempeñar y que resultarían beneficiosas para la sociedad. Además, los que las llevaran a cabo tendrían la satisfacción de corresponder a quienes les han ayudado.

Otra medida pasaría por incentivar que los perceptores de la RG acepten los trabajos que se les ofrezcan. Esto no se conseguirá si el salario del empleo se descuenta del importe del subsidio, porque nadie trabaja si va a ganar lo mismo que sin hacer nada. Lo lógico sería que trabajar fuera una forma de mejorar sus ingresos totales.

También resultaría conveniente una mayor colaboración entre todas las entidades que otorgan beneficios sociales, mediante un fichero único de perceptores de subsidios. No es justo que quienes han hecho del arte de conseguir ayudas una profesión vivan mejor que quienes las sufragan con sus impuestos.

La prevención del fraude exige diseñar un sistema ágil para retirar la RG a quienes abusan de la solidaridad ajena. Por ejemplo, a quien rechaza empleos, miente en su declaración de ingresos y patrimonio, trabaja en la economía sumergida y, especialmente, a quienes cometen actos delictivos, algo que ya sucedió con los famosos chabolistas que ‘completaban’ la subvención con robos en empresas.

El crecimiento de la partida de gasto por este concepto a lo largo de la legislatura, de 37 a 97 millones de euros, así como la estimación de una subida de perceptores de un 10% el presente año son aumentos que tendrían sentido en una grave crisis, pero ilógicos en una situación estable. Probablemente lo que revela esta incoherencia de cifras es un ‘efecto llamada’, quizá desde el resto de España. Cuando un agricultor de Ribaforada destruye un campo de diez hectáreas de pimientos, en el que ha invertido tiempo y dinero, porque no encuentra mano de obra para recoger la cosecha, surge la sospecha de que el Gobierno se conforma con mantener a las personas dependientes, en lugar de favorecer que trabajen y sean así autónomas.