14
oct
La Iberia

El Gobierno acaba de aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2022, unas cuentas que contemplan el mayor gasto social de la historia. Hasta ahora, la crisis causada por la pandemia disparó el gasto público y provocó una caída considerable de los ingresos fiscales, generando en los mayores niveles de déficit y deuda públicos de la historia moderna de nuestro país. Tras esto, la economía parece volver a la normalidad, y se espera que el PIB y el empleo recuperen los niveles precrisis a lo largo del próximo año. Sin embargo, los presupuestos presentados por el Gobierno no contemplan una vuelta del gasto público a sus niveles previos. Al contrario, lo que observamos es que el Estado pretende mantener el poder que ha conseguido obtener durante la pandemia y, como no podría ser de otra forma, quiere también mantener el peso sobre el total de la economía que ha ganado en los dos últimos años. El Leviatán, el monstruo gigantesco del que hablaba Hobbes para referirse al Estado, aprovecha las circunstancias excepcionales para expandirse y tener cada vez más poder, y el Estado español no parece ser una excepción.

Dado el carácter expansivo de estos presupuestos, la vuelta a la senda de consolidación fiscal y al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, esto es, a la búsqueda del equilibrio fiscal (eliminación del déficit) y reducción y sostenibilidad de la deuda pública, se torna imposible. Por otro lado, el crecimiento económico postpandemia y la llegada de los fondos europeos nos brindan una oportunidad única para aplicar reformas estructurales. Entre ellas, reducir el tamaño del Estado recortando gastos innecesarios y reformar el sistema de pensiones para transitar a un modelo sostenible. Pero como hicieron los anteriores gobiernos del PP y PSOE, se huye hacia adelante.

Estos presupuestos, que acaban de remitirse a las Cortes para su aprobación, contabilizan un nivel de gasto público de más de 580.000 millones de euros. A este nivel habría que añadirle los gastos adicionales que serán financiados por los fondos europeos, que se espera que sean de hasta 28.000 millones de euros —esta cuantía dependerá de su correcta ejecución. En suma, el Estado (entre todas sus administraciones) gastará más de 600.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que supondrá el récord histórico de gasto público en nuestro país, más de la mitad del PIB de 2022. Si lo comparamos con el gasto público del año 2019, antes de que el virus azotara nuestro país, vemos un incremento del gasto público de más de 60.000 millones de euros.

¿En qué se empleará todo este dinero?
La principal partida es el gasto en pensiones, que supone más de una cuarta parte. A este fin se destinarán más de 170.000 millones de euros, 25.000 más que en 2019. La Seguridad Social en su conjunto, sin embargo, superará los 180.000 millones de euros y necesitará de transferencias récord del Gobierno para mantenerse a flote.

A esta partida le siguen las transferencias a otras comunidades autónomas (70.000 millones), el gasto en servicios de carácter general (30.000 millones) y el pago de deuda pública (30.000 millones) y de la asistencia al desempleo (22.000 millones).

Las partidas a las que se nos hace siempre referencia para justificar los elevados impuestos que pagamos, suponen porcentajes muy reducidos dentro de los PGE. En concreto, el gasto en sanidad será de 6.600 millones y en educación, de 5.000. Entre las dos partidas, suponen alrededor del 2% del presupuesto.

También polémico es el reparto de la inversión territorizada, con algunas comunidades autónomas, como Madrid, recibiendo una cantidad muy inferior al porcentaje de población que representan y otras, como Cataluña o Galicia, en la situación contraria. Este hecho refleja cada vez más el uso arbitrario de los presupuestos como moneda de cambio para alcanzar acuerdos en las instituciones.



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