Hace sólo unos días asistí a una reunión de economistas de varios países europeos. Y debo confesar que regresé con el ánimo un tanto bajo, porque lo que se respiraba en aquel encuentro era, básicamente, pesimismo. Y la desconfianza hacia el futuro económico no se limitaba, esta vez, a las naciones que se encuentran en situación especialmente delicada, como Italia o España. Es razonable ser pesimista siendo italiano, dado que ese país está pasando por una situación –económica y política– bastante difícil, con una deuda pública muy elevada y unas perspectivas de futuro poco claras; o siendo español, pues nuestra economía será, seguramente, la última de la UE que recupere el PIB del año 2019 –este dato surgió en la reunión– y nuestra renta per capita viene cayendo frente a la media europea desde hace ya casi quince años. Para mi, lo más llamativo fue que al pesimismo se sumaban también economistas de naciones tradicionalmente más sólidas; Alemania entre ellas. El problema más importante no es que Alemania entre, probablemente, en recesión en los próximos meses. En realidad esa recesión debe considerarse como una
consecuencia casi inevitable de las medidas necesarias para reducir la elevada tasa de inflación a la que nos ha llevado una política monetaria poco responsable del Banco Central Europeo. Y un freno en el crecimiento del PIB, incluso con pequeñas caídas durante algunos meses, no debería ser un contratiempo especialmente grave que no se pudiera resolver en el medio plazo. Lo que motivaba este pesimismo era, más bien, un futuro económico poco claro en un país que corre el riesgo de dejar de ser ese modelo que inspiraba a la Unión Europea y al cual, de una u otra forma, todos queríamos aproximarnos. Alemania ha cometido demasiados errores de política económica en los últimos años. Su equivocada estrategia energética es, sin duda, el ejemplo más claro. Pero hay más. Desde hace ya tiempo algunos economistas destacados advierten de que muchas de sus
infraestructuras no son lo que eran y que algunos servicios no funcionan como antes. La nación necesita –opinan éstos– una reforma que vuelva a poner su maquinaria a pleno funcionamiento. Alemania es muy importante en Europa. Y no sólo por los efectos que a largo plazo tendría una recesión –por pequeña que fuera– en el crecimiento del PIB de otros miembros de la Unión. Más grave sería que ese país abandonara su función de guardián de la ortodoxia financiera en el continente. Cuando se observa lo que ha estado haciendo el BCE y se comprueba que sus operaciones de compra de
deuda pública de los Estados miembro han ido mucho más allá de lo que sería una política de mercado abierto justificable en su día para elevar la tasa de inflación a ese 2% buscado en momentos de precios bastante estables, se echa de menos que la presión alemana no haya frenado una estrategia que ha acabado generando la mayor tasa de inflación
en décadas.

Restricciones externas

Esta función de supervisión resulta especialmente importante para naciones como España o Italia, cuyos gobiernos han aplicado de forma sostenida políticas de gasto público, déficit y endeudamiento excesivos. En estos países deberíamos convencernos de que lo que nos conviene a medio y largo plazo no es que las instituciones europeas miren para otro lado y nos dejen aplicar medidas irresponsables, como está sucediendo en la actualidad. Mucho mejor sería para nosotros que algún control exterior nos lo impidiera. Es cierto que lo óptimo sería tener una sociedad que fuera capaz de evitar por sí misma el desbarajuste económico al que nuestro gobierno nos conduce hoy, y que la sensatez se impusiera sin necesidad de la vigilancia continua de organismos supranacionales. Pero, dado que se
ha demostrado que no somos capaces de hacer tal cosa, el segundo óptimo sería limitar el ámbito de discrecionalidad de nuestros gobiernos con restricciones externas. Es lo que Europa intentó al crear la unión monetaria, y la actual crisis ha puesto en cuestión. En los próximos meses la Unión Europea tendrá que adoptar decisiones muy importantes. Una especialmente relevante es la referida a la definición de las nuevas normas
de sostenibilidad fiscal, que sustituyan a las establecidas en Maastricht, que, de facto, han dejado de aplicarse. Las presiones para que se apruebe una reglamentación laxa, basada en estándares generales –siempre abiertos a discusión– más que en normas específicas bien definidas están siendo
muy fuertes en estos momentos. Esperemos que quienes tengan la última palabra sean capaces de resistirlas y defiendan la estabilidad económica y financiera de la Unión. Porque, si no se establecen unas normas con un mínimo de exigencia y rigor, tendremos serios problemas en el futuro.
Y no nos quedará más remedio que repetir la frase que puso Dante en la puerta del infierno: “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, texto que, de forma más o menos libre, podría traducirse como “¡Qué complicada es la política económica de la Unión Europea.