El propósito de una política para el bienestar debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política». Esta certera frase de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989, no se ha podido ver más contravenida por nuestros políticos. En los últimos años, casi todos ellos suelen presumir de hacer «los presupuestos más sociales de la historia», y nunca de reducir las necesidades de los perceptores de estas ayudas. Estimular que los ciudadanos sean autosuficientes no tiene ninguna rentabilidad electoral. Abundan los políticos que desean ‘engancharnos’ a la droga de las subvenciones para depender de sus ocurrencias, lo que se traduce en tener cautivos nuestros votos para su partido.
Sin embargo, palabras y realidades no suelen ir de la mano, tal como lo demuestra el caso de la vivienda. Tanto Andalucía como Cataluña sacaron leyes antidesahucios con nombres muy rimbombantes (Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía y Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña), pero no han logrado, ni de lejos, contener esta sangría. De hecho, ambas regiones concentraron el 42,1% de todos los desahucios españoles en 2014 (sobre primeras viviendas en propiedad con deudas pendientes), mientras que Madrid, con una población muy similar, sufría menos de la mitad de alzamientos.
En términos relativos, el 1,41% de los hipotecados sufrió un desahucio en 2014, pero esta cifra se ve más elevada en los casos de Murcia (2,53%) y Comunidad Valenciana (2,06%), lugares muy golpeados por la crisis inmobiliaria. Estas regiones van seguidas de Castilla-La Mancha (1,72%), Cataluña (1,71%), Andalucía (1,68%), Canarias (1,57%) y Baleares (1,42%). Todas ellas tienen algo en común: su tasa de paro supera el 20% e, incluso, se eleva a más de una tercera parte de la población activa en el caso andaluz.
Por el contrario, hay diez regiones donde la tasa de desahucios está mucho más contenida, con País Vasco a la cabeza (0,26%). Le siguen Cantabria (0,67%), Navarra (0,71%), Asturias (0,72%), Madrid (0,84%), Galicia (0,9%), La Rioja (0,95%), Aragón (1,07%), Castilla y León (1,08%) y Extremadura (1,21%). De todas ellas, sólo hay cuatro donde la tasa de paro supere el temido 20%. Esta es una cifra clave dado que, por debajo de estos niveles, es ya bastante probable que la unidad familiar media tenga ingresos suficientes para asegurar el pago de la hipoteca. De hecho, con la tasa de desempleo en todas las comunidades por debajo de estos niveles, se habrían evitado 31.560 desahucios en España, un 39,1% del total. Y algunas de las recetas son claras.
Como muchas veces se dice, la mejor política social es el empleo, y no las dádivas que quieran darnos los políticos. Esas ayudas nunca son gratis, sino que salen del bolsillo de otros ciudadanos o de las empresas, lo que perjudica el correcto desarrollo de la economía y daña nuestras opciones de encontrar un buen trabajo. En cambio, si los políticos delegaran estas tareas en la sociedad civil y se centraran sólo en ayudar a quien realmente no puede valerse de otra forma, la carga presupuestaria para el ciudadano sería mucho menor. Esto supondría una mayor prosperidad para todos, que daría mucha más independencia y dignidad a quienes ahora no pueden hacer otra cosa que mendigar ayudas al propio Estado.
