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Actualidad Económica

El pasado martes Pedro Sánchez salió investido y su Gobierno será el primero en coalición, con miembros de Unidas Podemos y PSOE compartiendo la mesa del Consejo de Ministros. Un Ejecutivo que arranca con la economía dirigiéndose hacia un crecimiento inferior al 2%, con el mercado laboral presentando síntomas de fin de ciclo y con un déficit público que, por primera vez desde la salida de la crisis, podría mantenerse en el 2,5% del PIB en 2019, según el Consejo General de Economistas.

En este contexto, la hoja de ruta pactada con Pablo Iglesias ha suscitado serias dudas entre los analistas, los organismos nacionales y supranacionales y los foros empresariales. Los responsables de CEOE y Cepyme afirmaron que estaba “más cerca del populismo que de la ortodoxia económica”. ¿Cuáles son los grandes bloques?

Fiscalidad

El incremento del IRPF a las rentas más altas (hasta el 47% para las rentas superiores a 130.000 euros y el 49% por encima de 300.000) es una medida con una baja efectividad. Apenas 99.582 personas declaran más de 150.000 euros (el 0,5% del total de contribuyentes). Su tributación supone casi el 20% de lo que recauda el impuesto. Una estimación optimista para niveles superiores a 130.000 euros anuales rondaría las 300.000 personas, que ya aportarían el 33% del IRPF total. Se trata, por tanto, de un colectivo que ya sufre una presión fiscal elevada, cuyos incentivos para la evasión y/o la deslocalización aumentarían. De hecho, una simulación de José Félix Sanz para el Journal of Applied Economics revela que un incremento de la presión de un punto a las rentas superiores a 100.000 euros generaría una caída de los ingresos de Hacienda del 3,6%. Un análisis similar puede hacerse del aumento de cuatro puntos en el gravamen de las rentas del capital para ingresos superiores a los 140.000 euros. Ocasionará un desplazamiento del ahorro y la inversión.

En sociedades, la aplicación de un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas y del 18% a los bancos y las compañías de hidrocarburos no queda clara en el acuerdo de gobierno, aunque, a tenor de declaraciones, todo indica que será sobre el beneficio contable, no sobre la base imponible. De ser así, su actividad en el extranjero tributaría dos veces, lo cual vulnera los convenios de doble imposición firmados con la mayor parte del mundo y, por lo tanto, estará sujeta al veredicto de arbitrajes internacionales. En caso de ser sobre la base imponible, el efecto recaudatorio sería nulo: las grandes empresas (más de 250 trabajadores) ya sufren un tipo efectivo del 21,83% y los bancos, del 22,19%, según la propia Agencia Tributaria. La rebaja de sociedades al 23% para las pymes que facturen menos de un millón de euros es una medida de escaso impacto: más del 70% están en pérdidas y, por lo tanto, no tributan.

La tasa Google no ha salido adelante en ninguno de los foros supranacionales en los que se ha debatido. De la iniciativa PSOE-UP conocemos la información remitida a Bruselas. El objetivo sería recaudar 1.200 millones, una cifra elevada, habida cuenta de que el mercado de la publicidad digital y el comercio electrónico en España rondan los 3.000 millones. Una estimación más realista fue la realizada por el Gobierno de Rajoy, que cifró los ingresos previstos en 600 millones anuales. Y todo ello sin contar las más que probables represalias de Trump, que ya ha impuesto aranceles por importe de 2.400 millones de dólares a Francia, el primer país en poner en marcha la tasa.

La tasa Tobin es una figura fiscal cuyos efectos y capacidad recaudatoria están extensamente documentados en el informe de Acción Liberal El coste de los nuevos impuestos. Suecia la implantó en 1984 con el propósito de ingresar 1.500 millones de coronas y obtuvo de media 50 millones, con picos de 80. La explicación fue la fuga masiva de capitales. Algo similar ocurrió en Francia, que ha triplicado el gravamen sin alcanzar el objetivo recaudatorio. En el caso de España, una estimación realista de ingresos estaría en unos 400 millones anuales, menos de la mitad de los 850 millones que prevé Sánchez.

El impuesto para las pensiones no se detalla en el acuerdo ni hay información al respecto. Francia introdujo esta figura en 1991. Inicialmente, aplicó el 1,1% para los salarios y las rentas del capital. Debido a su incapacidad para solucionar el problema estructural de su sistema, en 2005 se elevó al 7,5% para los salarios, al 8,2% para las rentas del capital y al 6,6% para los propios pensionistas. La nueva fiscalidad verde está por definir, aunque el Gobierno ya ha subido un 19% la tasa de las centrales nucleares.

Mercado laboral

Frente a una derogación total (o de la mayor parte) de la reforma laboral, el documento final solo ha retocado algunos aspectos, en su mayoría de importancia menor. Lo más criticado por empresarios y analistas ha sido el restablecimiento de la prioridad del convenio sectorial sobre los de empresa, lo que dificultará que los salarios se adecuen a la situación concreta de cada empresa y podría comprometer el empleo e incluso la viabilidad de aquellas que atraviesen un bache. Más preocupante aún es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.200 euros a lo largo de la legislatura. Además de suponer una barrera de entrada al mercado para los menos cualificados, constituirá un escollo adicional para un sistema que ofrece señales de fin de ciclo. En los últimos seis meses España ha creado 180.000 empleos menos que en el mismo periodo de 2018. Una evolución preocupante, que se agrava en los colectivos más vulnerables: Los sectores de la construcción y agrario ya han acabado el año con más parados que en 2018 y el sistema especial agrario y el del hogar están destruyendo empleo al 4,1% y 3,4% interanuales, respectivamente.

Y al poner más efectivo en manos de los trabajadores, ¿no dinamiza también una subida del SMI la demanda doméstica? No necesariamente. La de 2019 fue del 22% y encareció en 1.163 euros el coste laboral de un recién licenciado, pero su sueldo neto se redujo en 203,67 euros, según el think tank Civismo.

Finanzas públicas

La política social de Unidas Podemos y PSOE es uno de los pocos puntos de los que se aportan objetivos numéricos. El compromiso pasa por incrementar el gasto en 35.000 millones de euros, que se desglosaría como sigue: (a) alcanzar el 5% del PIB en 2025 en educación, lo que supone un incremento de 16.000 millones; (b) alcanzar el 7% del PIB en 2025 en sanidad, lo que supone otro incremento de casi 10.000 millones, y (iii) indexar de las pensiones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, lo cual costaría entre 9.000 y 10.000 millones anuales, en función de la evolución de los precios.

Los ingresos públicos, por su parte, se incrementarían en 5.000 millones, según las estimaciones remitidas a Bruselas en el programa de estabilidad (que ya hemos visto que son optimistas).

Vivienda

El resultado es un riesgo de incremento del déficit en 30.000 millones. Dado que 2018 se cerró en 30.495 millones, no solo no rebajaríamos los números rojos, sino que lo duplicaríamos. El programa incorpora la posibilidad de que las comunidades y ayuntamientos apliquen limitaciones a las zonas donde el precio de la vivienda esté tensionado. Se trata de una medida peligrosa, cuyo fracaso ha sido evidente allá donde se ha implementado. El ejemplo más cercano es Berlín. Allí se impuso un tope máximo del 10% sobre el precio medio en 2015 y, cuatro años después, se aprobó la congelación en los nuevos contratos de alquiler durante cinco años, porque el incremento ya superaba el 20%.

Algo similar ocurrió en San Francisco, donde, de nuevo, la oferta se redujo (en este caso, un 15%) como consecuencia del control de precios, provocando un mercado desabastecido, en el que muchos tenedores de vivienda operan en negro, las listas de espera se incrementan y las soluciones de habitabilidad brillan por su ausencia.

De vuelta en España, Madrid y Barcelona son las dos ciudades más afectadas por el incremento de precios en el alquiler. Madrid ya ha dicho que no impondrá controles y Barcelona no se ha pronunciado, aunque, visto el historial de Ada Colau, todo indica que sí que se ejecutará esta medida.

En conclusión

Las estimaciones de crecimiento para 2020 están en torno al 1,5% del PIB, con un elemento común entre la mayor parte de los analistas: los riesgos son a la baja, y el nuevo Gobierno, al menos en términos económicos, podría suponer uno más. Será clave, por tanto, su capacidad para pactar leyes en un Parlamento tan dividido como el actual.

Nada de esto es bueno, pero podría haber sido peor. El programa en solitario de Unidas Podemos recogía, entre otras cosas, la nacionalización definitiva de Bankia, la creación de una empresa energética pública, la derogación de la reforma laboral y una serie de restricciones adicionales al mercado laboral altamente nocivas. El que no se consuela es porque no quiere.


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