La descapitalización de la economía española es un hecho. La crisis del coronavirus (COVID-19), una crisis de magnitud doble: sanitaria y económica, se ha vuelto un dique de contención para la atracción de actividad económica en nuestro país. Esto, sumado a un entorno generalizado de necesidades inminentes, ha provocado repliegues en las cadenas de valor que dañan gravemente a la industria. El caso de Nissan, Mercedes o la propia Renault, son un claro ejemplo de ello.
Con la tormenta sanitaria y su disipación, la economía se posiciona en la tribuna pública. Tras la bajada de la marea, los desnudos han quedado al descubierto. Desnudos entre los que se encuentra la situación económica de un país que, ante la situación que acontece, precisa reactivar su economía, así como su empleo, entre otra serie de indicadores que, ante lo ocurrido, recogen un pesimismo desmesurado. Indicadores que, como prevé el Banco de España, mostrarán grandes desequilibrios tras la disipación de la tormenta.
En este sentido, hablamos de una tasa de paro, en primer lugar, que ya prevé situarse, cuando todo pase, en el 22 %. Sin embargo, un 22 % del que debemos extraer los elevados riesgos de que gran parte de ese, con un 14 % ya de partida, se acabe consolidando como paro estructural. Y es que, ante la posibilidad suscitada de derogar aspectos fundamentales de la reforma laboral como la flexibilidad de la que se ve dotada la misma, así como la aplicación de restricciones más lesivas en la normativa aplicada sobre el SMI, sumado a un entorno en el que la destrucción de empleo se está polarizando en sectores de baja cualificación, España podría verse inmersa en una situación en la que la tasa de paro estructural podría elevarse hasta el 18 %.
Esto es muy preocupante, pues no contamos con la situación macroeconómica que el Banco de España también prevé. Una situación en la que la política económica del país, ante los desequilibrios macroeconómicos que presenta su estructura, queda muy limitada en su capacidad de aplicación. Pues, con una deuda que prevé incrementarse por encima de límites insospechados, traspasando el 122 %, así como un déficit público que, con un 2,8 % ya de partida, prevé superar el anecdótico umbral del 10 %, llegando a situarse en niveles del 11 %, España queda maniatada para aplicar políticas contracíclicas que traten de estimular la economía; esto, sumado a un entorno en el que la política económica no solo requiere de su aplicación, sino de una aplicación más intensa para que los efectos sean efectivos, pues la aplicación reiterada años atrás ha disipado los efectos inmediatos, deteriorando el efecto que surten estas políticas no convencionales en la economía.
Ante la situación, lo más preocupante para España es una situación en la que, como vemos, las empresas comiencen a destruir capacidad productiva, acercando los efectos de dicha crisis a la Gran Recesión de 2008; de la misma forma que extinguen cualquier posibilidad de recuperación en “V”, por remota que sea. Pues, en una situación como la actual, las empresas están adoptando medidas que van por la vía de la seguridad y el incentivo. Lo que, ante la posibilidad de que se apliquen medidas contraproducentes para el tejido productivo, les lleva a optar por salir del país, antes de verse sometidas a dichas medidas en escenarios en los que la liquidez escasea y cualquier movimiento podría tener efectos de dimensiones, a priori, desconocidas.
España debe comenzar a entender que la vía de la recuperación no pasa por dificultar el terreno y confrontar con el tejido productivo. Prohibir los despidos no es la vía que el país debe perseguir, incluso dándose cuenta, a posteriori, de que dicha medida únicamente genera que la aversión del empresario español —en una economía en la que, además, la aversión al riesgo del empresario es muy elevada, de acuerdo con la ley de Okun y el comportamiento del mercado laboral español— acabe teniendo efectos negativos en la economía. Pues, por mucha prohibición que se imponga, no hay prohibición posible que evite la quiebra de empresas y la fuga de capitales. Lo hemos visto con Nissan, donde, pese a la barrera de los 1 000 millones impuesta por el Gobierno, las decisiones de la compañía japonesa han primado sobre las amenazas del Gobierno.
Es momento de estar del lado de los empresarios, de solicitar su apoyo para salir del escollo. No podemos crear una dicotomía inexistente entre la recuperación de la economía y el rédito electoral. La campaña política y sus promesas deberían quedar relegadas a un segundo plano, incluso para los propios votantes; máxime, sabiendo que el país se enfrenta a una situación en la que una quinta parte de la población española, contando una tercera parte de la población en términos juveniles, podría verse en situación de paro. No hay política ni ingreso mínimo vital que pueda sostener una situación similar en el largo plazo.
Por tanto, es hora de dar facilidades a nuestras empresas. Apostar por la industria, por el turismo, por las pymes. El 99,9% del tejido empresarial se compone de pequeñas y medianas empresas, con liquidez y recursos muy limitados. Debemos dejar de tratarlas como si de multinacionales se tratase. No es preciso exprimir la gallina de los huevos de oro, máxime cuando el deseo de la política es cortar la cabeza a dicha gallina para salvar el pellejo de estos. Pues, de acabar con la cabeza, la próxima cabeza que rodará será la de la economía española, pues ni Europa apostará por un país en el que las urnas priman sobre la economía y el bienestar general de la sociedad.
