En plena fuga hacia adelante, el presidente del BCE, Mario Draghi, no solo se ha reafirmado en la necesidad de mantener indefinidamente e incluso intensificar la laxitud de la política monetaria en curso, sino que ha lanzado el mensaje de que la fiscal y presupuestaria ha de contribuir a reanimar la alicaída economía de la zona euro. Esta actitud se traduce en una invitación a incrementar el gasto público en los estados de la Unión Europea o, al menos, en los integrados en la moneda única. Al igual que en los años 70 de la pasada centuria, se pretende impulsar una estrategia macroeconómica keynesiana que entonces se tradujo en un escenario de estancamiento con inflación y que medio siglo después tampoco va a funcionar.

De entrada, solo Alemania tendría margen de maniobra real para adoptar medidas expansivas desde el lado fiscal, dados sus niveles de déficit y de deuda pública. Sin embargo, el resto de las grandes economías del área del euro, Francia, Italia y España (sobre todo estas dos últimas), tienen una posición en sus finanzas públicas que les impide ir en esa dirección. Por añadidura, la propuesta de Draghi es absolutamente incompatible con los planes de reducción de los desequilibrios financieros del sector público pactados por esos estados con la UE para reducir sus déficits públicos.

Con sus declaraciones, el máximo dirigente del BCE ha dado otro golpe de gracia a las reglas o, mejor, a la ya deteriorada Constitución económica de la eurozona en favor de un retorno a la discrecionalidad tanto monetaria como fiscal. Esto supone además una desautorización de la Comisión Europea, de los programas de consolidación y estabilidad que ha acordado con los distintos miembros de la Unión Económica y Monetaria. El marco institucional de esta ha desaparecido y lleva camino de perder cualquier atisbo de credibilidad.

Dicho lo anterior, incluso en el supuesto de que la iniciativa progasto impulsada por Draghi fuese factible en la totalidad o en la mayoría de los estados europeos (que no lo es), supondría ignorar u obviar las lecciones proporcionadas a lo largo de las últimas décadas por ese tipo de medidas. En un reciente trabajo, Valery Ramey realiza una exhaustiva recopilación de la literatura disponible sobre la efectividad sobre la economía real de las expansiones del gasto. El conjunto de los trabajos recogidos en su estudio da cuenta de esa experiencia en la mayoría de los países de la OCDE, en algunos casos, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días (Ramey V.A., “Ten Years After the Financial Crisis: What Have We Learned from Renaissance in Fiscal Research”, J .E. P., Spring 2019).

Si se contempla como variable determinante el denominado multiplicador del gasto público, es decir, el resultado sobre el PIB de incrementar una unidad de gasto, la evidencia de los países OCDE muestra que esta es positiva pero inferior a la unidad, entre seis décimas y un punto de PIB, lo que significa que no genera ningún estímulo adicional sobre la actividad privada y puede llegar a ejercer un efecto expulsión (un desplazamiento del consumo y de la inversión privada) ante las necesidades de financiación del sector público. Estas conclusiones se extraen tanto con modelos neokeynesianos DSGE como de análisis de series temporales. Pero ahí no termina la historia…

Podría pensarse que en escenarios recesivos o en tiempos de alto desempleo, la potencia expansiva de una elevación del gasto público sería mayor que en coyunturas de bonanza. Sin embargo, los datos desmienten esa conjetura. De nuevo, el multiplicador del gasto oscila entre seis décimas y un punto. Algo similar sucede en entornos con una política monetaria muy laxa (tipos de interés nominales iguales a cero o reales negativos) y con tasas de crecimiento del PIB muy débiles, caso de Europa en estos momentos. De nuevo, estos resultados se obtienen sin variaciones sustanciales con cualquiera de los modelos comentados con anterioridad.

En el caso de España, la aplicación de un programa definido por una elevación simultánea del gasto y de los impuestos, el plan de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas y las 300 propuestas planteadas por el PSOE hace unas semanas tendrían aún consecuencias más negativas. Por un lado, las alzas impositivas tienen un sorprendente (por uniforme) impacto depresivo sobre el PIB. En promedio, en los estados de la OCDE, un incremento de los impuestos equivalente al 1% del PIB se traduce en un descenso de este de entre dos y tres puntos. En una economía en desaceleración, léase la española, la mezcla de política presupuestaria y fiscal diseñada por el Ejecutivo conduciría al estancamiento o a la recesión.

Por otro lado, un esquema de esa naturaleza tendría sin duda un efecto expulsión muy superior al previsto en principio sobre el consumo y sobre la inversión privada. Con unos bancos cuya rentabilidad es precaria a causa de las existentes tasas de interés y que están sometidos a cada vez mayores exigencias de capital por los reguladores, la oferta de crédito es inferior a la que existiría en un contexto de normalidad. Por ello, la competencia del sector público por captar fondos para financiar su endeudamiento restringiría y encarecería los disponibles para el sector privado. Esto agudizaría la trayectoria descendiente de la economía nacional.

Aunque la famosa frase atribuida a Groucho en Los hermanos Marx en el Oeste nunca se pronunció de verdad, la actuación de Draghi hace suyo el apócrifo: “Más madera, esto es la guerra”. A la sobredosis de heroína monetaria aplicada para combatir la renacida euroesclerosis se pretende añadir la fiscal. La combinación de ambas introduce a Europa en una senda tenebrosa cuyo final no augura nada bueno.