La posibilidad de que el futuro Gobierno de España nazca de una coalición del PSOE con la extrema izquierda, está causando una notable inquietud en los mercados financieros. Tras conocerse el principio de acuerdo entre el actual Gobierno en funciones y Unidas Podemos, la Bolsa española se dio la vuelta y cerró siendo la única plaza europea relevante en rojo, mientras las demás cerraron con subidas. Mismo comportamiento tuvo el diferencial del bono a 10 años español frente al alemán y el precio del seguro contra impago de deuda del Reino de España: el CDS desde el viernes se ha incrementado en 7 puntos básicos sobre la rentabilidad del bono a 5 años.

Si bien es prematuro estimar el impacto que tendrá este posible Gobierno (insistiendo en que nada está seguro y menos con la difícil aritmética parlamentaria), sí se puede trazar el escenario más probable para los sectores regulados cuyo negocio está mayoritariamente concentrado en el mercado doméstico, donde la principal afectada es la banca, seguida de otros como energía, infraestructuras o audiovisual que se enfrentan en los próximos meses a importantes cambios en políticas de precios, concesiones administrativas o conflictos con los reguladores.

Estos sectores están en el punto de mira de Unidas Podemos, pero donde el discurso se ha vuelto aún más beligerante en los últimos meses es con respecto al sistema financiero y llevándolo al programa electoral con el que han obtenido en las Elecciones recientes un menor número de escaños que en los anteriores comicios de abril. Parten de la idea de que la banca tiene que ser controlada por el poder público para influir en la política de concesión de créditos, su implicación en operaciones que se consideren de ‘interés público’ y, al mismo tiempo, devolver el dinero prestado en 2012 a España para el rescate de las cajas de ahorros. Todo esto obviando el poder supervisor y moderador que ejercen los reguladores tanto nacionales (Banco de España) como europeos (Banco Central Europeo, BCE), pero parece que este extremo poco o nada debe importar a esta formación política.

En este sentido, la intervención del Gobierno sobre el sistema financiero tiene más impacto cuanto más concentrado esté el negocio de las entidades en España, más difícil sea su posición financiera y accionarial y cuanto menos margen de maniobra tengan para diversificarse tanto geográfica como sectorialmente. Por eso, la principal damnificada en los primeros compases del pre-acuerdo PSOE-Podemos es Bankia. Estas tensiones políticas llegan en un momento complejo para el futuro de la entidad dado que desde el poder político se ha hurtado continuamente la posibilidad de tener un calendario creíble y prefijado de desinversiones por parte del Estado (como sí ha sucedido en otros países, especialmente Reino Unido). La incertidumbre en torno a qué va a hacer y qué no va a hacer el accionista mayoritario (el Estado a través del FROB) pesa como una losa sobre la cotización de la entidad.

A ello se añade la incertidumbre en torno a la posible capacidad de intervención sobre el equipo gestor actual, sobre su estructura accionarial y la política de dividendos. Exigir un mayor pago de dividendos sería letal para Bankia, la cual tiene poco más de un año para acabar “salvando los muebles” con el actual Plan Estratégico, siendo unos recursos imprescindibles para afrontar la redefinición del modelo de negocio que no sólo Bankia necesita sino el conjunto del sistema financiero español y europeo: la transición de un “modelo de producto” a un “modelo de servicio”. Con tipos de interés “normales” se puede sostener el negocio bancario tradicional, pero con tipos negativos es prácticamente imposible.

Pero no quedaría aquí la ofensiva del que podría ser el nuevo Gobierno. La otra variable relevante es la fiscal, donde la nueva coalición es partidaria (al igual que lo hizo el Gobierno Mariano Rajoy) de elevar la tributación efectiva de los bancos por encima de lo que paga el resto de las empresas en concepto de Impuesto de Sociedades. En 2014, la decisión de mantener el Impuesto de Sociedades de la banca por encima del resto fue beneficiosa porque le permitía mantener un volumen muy elevado de créditos fiscales que en su mayor parte eran computables como capital de máxima calidad (los denominados DTAs o activos fiscales diferidos).

Sin embargo, cinco años después, los crecientes beneficios han ido consumiendo los derechos contra Hacienda, aunque el volumen actual en cualquier caso no es menor de 35.000 millones de euros según los últimos cálculos de Goldman Sachs. Por ello, subir el tipo efectivo es una medida netamente perjudicial, especialmente para bancos que integraron a las antiguas Cajas como Bankia o Banc Sabadell. No sólo existe la herramienta del impuesto de Sociedades, sino también se puede incrementar la tasa que actualmente cobra Hacienda del 1,5 por ciento sobre el total de DTAs para obtener hasta 1.000 millones adicionales.

Es, en definitiva, un incremento adicional insostenible del coste de capital, el cual ya está suficientemente por encima de la rentabilidad sobre activos ponderados por riesgo (RoRWA). El mejor ejemplo es Bankia, cuyo coste de capital está ligeramente por encima del 3 por ciento, mientras que el RoRWA apenas llega al 1 por ciento. Es decir, es un negocio que está destruyendo valor para el accionista y que bajo un Gobierno de las características descritas, será aún más dañino a medio plazo.