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En los últimos días, hemos leído en los medios de comunicación infinidad de noticias relacionadas con la crítica situación en la que se encuentran las empresas. Un caso concreto, Airbus. Tras registrar unas pérdidas de 481 millones de euros en el primer trimestre del año, ha reducido su producción en un tercio. Estas malas cifras vienen acompañadas por unos ajustes laborales temporales (ERTE) que van a afectar –hasta la fecha- a 6.200 personas. Dichos recortes de personal se aplicarán en las factorías de Reino Unido y Francia. No obstante, estas difíciles circunstancias también han llegado a las plantas españolas de Getafe, Illescas y Puerto Real. La propia Airbus ha comunicado su intención de iniciar un procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada para 1.200 trabajadores.

Su consejero delegado ha declarado que “la supervivencia de Airbus estará en entredicho si no tomamos medidas ya”. Por su parte, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha aseverado que su país está preparado para ayudarles “de forma total y masivamente”. En Alemania –país propietario del 11% de la compañía, al igual que Francia– también se está dando el debate sobre el rescate. El presidente de la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Alemania, Volker Thum, ha señalado que el sector nacional (alemán) puede desplomarse si Airbus ve caer su producción en cuotas superiores al 50% respecto al ritmo que mantenía antes de la crisis de la COVID-19.

Esta disminución de personal ya ha tocado a la rama militar de la empresa en España. El pasado 19 de febrero se avanzó que se suprimirían 630 empleos en nuestro país del total de 2.362 de toda la división de la aeronáutica europea.

En concreto, las conversaciones con el Comité de Empresa Europeo de Airbus Defence and Space prevén una reestructuración que afecte a las instalaciones en España para finales de 2021 del siguiente modo:

– Getafe (Madrid): 275 puestos de trabajo.

– Tablada (Sevilla): 116.

– San Pablo (Sevilla): 100.

– Barajas (Madrid): 72.

– Centro Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María): 44.

– Los 23 puestos restantes corresponden a las subsidiarias de la división, CRISA y Secure Land Communications, ambas ubicadas en la región de Madrid.

En dicho documento, la Dirección de Recursos Humanos admite la delicada situación financiera que atraviesa la División de Defensa de Airbus, a consecuencia de las escasas expectativas de exportación del avión de transporte militar A400M y la falta de pedidos de los últimos años.

España, pese a ser el país ensamblador del avión, se trata del único que ha renunciado a parte de su pedido inicial, cuando en 2013 decidió no asumir 13 de los 27 encargos por motivos presupuestarios. Un golpe industrial que, además, supone en cierta manera plantear competencia a la propia Airbus de cara a la venta del avión a terceros países. El hecho de que España desista de quedarse con las unidades a las que inicialmente se comprometió, cancelándolas o, en el mejor de los casos, vendiéndolas, implica incumplir el acuerdo alcanzado con otras naciones sobre el reparto de trabajos, ya que entonces le correspondería el 8% del programa, en lugar del 15%. Esto no sienta un buen precedente en materia de cooperación internacional. España no volverá a parecer un socio fiable en los próximos programas de este tipo, al traicionar lo reflejado en los Memorándum de Entendimiento para sacar un beneficio industrial.

La Base Industrial y Tecnológica de Defensa española (BITD) constituye un elemento primordial en la obtención y mantenimiento de las capacidades militares que precisan las Fuerzas Armadas para cumplir las misiones encomendadas. Actualmente, la industria de defensa nacional presenta una facturación anual superior a 6.000 millones de euros, lo que equivale a un 4,38% del PIB de todo el sector manufacturero español. Además, se trata de un representante fundamental de la innovación tecnológica y generador de empleo cualificado a nivel nacional. Por ello, la política del Ministerio de Defensa tiene como objetivo potenciar el desarrollo industrial y tecnológico vinculado al área de Defensa y Seguridad, en especial de aquellas capacidades y conocimientos que afectan a los intereses esenciales de este ámbito.

Según el informe “Perspectiva de la industria de defensa”[1], publicado por este ministerio en 2017, sus ventas totales han alcanzado un valor de 6.188 millones de euros, un incremento del 8,8% respecto al ejercicio anterior. De estas, 1.155 millones (18,7%) pertenecen a ventas directas al Ministerio de Defensa, y 5.033 millones (81,3%) son exportaciones. Esto supone un crecimiento del 18,1% en las primeras y de un 6,8% en las segundas. Es de destacar que, históricamente, alrededor del 80% de las ventas destinadas a actividades de defensa las realizan cinco grandes compañías, mientras que 26 de ellas aglutinan el 90% de todo el mercado. En el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del ejercicio 2017 constan inscritas 373 empresas con ventas de defensa, de las que 124 realizaron exportaciones. En torno al 10% de la cifra de negocio de esta base industrial se ha dedicado a innovación, con una productividad de casi 115.000 € anuales por empleado. Se estima que esta actividad se traduce en un impulso económico por el que se generan 2,5 euros por cada euro invertido. El sector de defensa en 2017 contó con una media de 22.641 empleados directos.

El martes 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. El cambio principal radica en “intensificar los controles en materia de exportación de material de defensa y otro material en determinados casos y para controlar adecuadamente las exportaciones cuando así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales”.

Según el último informe sobre “Exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2019[2], el valor de las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2019 ascendió a 2.413 millones de euros, con un aumento del 41,5% frente a lo obtenido en el mismo periodo de 2018 (1.705,2 millones de euros).


El Estado debería comprometerse a aumentar la inversión en este sector, sumamente beneficioso


No obstante, esta modificación viene a confirmar lo expuesto en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Así, tanto esta Ley como la modificación del Real Decreto citado ponen en peligro la única vía de escape que tiene la industria española de defensa –la exportación–, ya que la infrafinanciación crónica que padecen nuestras Fuerzas Armadas no permite a la industria nacional su subsistencia. Según el informe “Perspectiva de la industria de Defensa”, publicado en 2019 por este ministerio, la exportación representa más del 81% de la facturación del sector industrial de defensa.

Pese a que este informe recalca la necesidad de crear un marco regulatorio facilitador de la actividad y de dar un apoyo institucional que aumente las exportaciones, parece que este Gobierno está empeñado en hacer quebrar a un sector tecnológicamente puntero, cuyas inversiones resultan más que rentables, tanto en términos económicos como de autonomía estratégica.

Como vemos, la situación de la industria de defensa es crítica. Por un lado, se encuentra con un Ejecutivo que no cumple con sus compromisos y que, además, añade más trabas administrativas y burocráticas que dificultan, más si cabe, las posibilidades de exportación de un sector ya de por sí muy regulado y proteccionista, pese a que este goce de buena competitividad por sí mismo, a tenor de las cifras que arrojan los estudios citados. Además, el ámbito de la defensa tiene en el componente tecnológico una de sus características principales.

Dada la naturaleza del sector, resulta necesaria la intervención del Estado, pero no que esta se produzca mediante el rescate de empresas ineficientes o que no tengan el balance necesario para resistir en el mercado. El papel estatal debe ceñirse a generar un marco regulatorio accesible y propiciador, que permita una mejora en la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, aumente sus exportaciones. Una reducción impositiva para sectores de alta tecnología se convertiría en la clave de bóveda. Además, el Estado debería apostar por actuar desde un prisma realista, y postularse como facilitador en los acuerdos entre las compañías y los países interesados. Por otro lado, habría de comprometerse a un sensible aumento en materia de inversión, ya que, tal y como se ha visto, la defensa se trata de un sector sumamente beneficioso.

En resumen, España no puede permitirse el lujo de externalizar sus necesidades de equipamiento, dado que, en situaciones como la actual, el país se ve huérfano de bienes tan necesarios como mascarillas, EPIS, etc. No obstante, este imperativo de poseer una industria nacional no debe traducirse en una intervención estatal que consista en rescates o inyecciones masivas de capital. Esta tipología de actuación, tan extendida en nuestro país, lo único que introduce es una distorsión en los mercados, al sostener empresas que no son competitivas y que, en multitud de ocasiones, se convierten en segunda residencia de políticos.


[1] Secretaría General Técnica. Perspectiva de la Industria de Defensa. Ministerio de Defensa. Recuperado en https://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/Perspectiva-de-la-Industria-de-Defensa.pdf

[2] Subdirección General de Comercio Internacional de material de Defensa y Doble uso. Exportaciones españolas de material de Defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2019. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Recuperado de http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Documents/ESTADISTICAS%202019I.pdf


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