La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza del Índice de Libertad Económica en España después de estar siete años al frente -desde 2015-. Esta posición privilegiada es debido a que registra la participación más baja del sector público en una región y a que en casi todos los parámetros analizados tiene valores muy bajos de presencia de alguna clase de intervención por parte del Gobierno.

Esto es así en lo que se refiere al esfuerzo fiscal -la proporción de los impuestos que se pagan en relación con la renta per cápita-, el gasto público -que es uno de los más contenidos de las regiones españolas-, el empleo público -que es uno de los más discretos en volumen en relación con el resto de España- y la deuda pública -una de las más bajas del territorio nacional-. Extremadura es, de manera sistemática, la autonomía que está a la cola en todos los análisis realizados, el primero de los cuales data de 2011.

El índice de Libertad Económica en España es una iniciativa de la Fundación Civismo, que promueve actos e  investigaciones de todo tipo en favor de la sociedad civil, en defensa de la iniciativa individual y en contra de que el Estado se inmiscuya en la actividad de las personas y de las empresas. Su presidente es Julio Pomés y el encargado de dirigir el estudio ha sido el catedrático de Economía Aplicada Francisco Cabrillo.

En el caso de Madrid, los resultados son igualmente muy positivos en lo que se refiere al sistema educativo y a la movilidad, mientras tropieza en cambio, sin llegar a los extremos de otras autonomías, en la Vivienda, el Medioambiente y la Sanidad, sectores en los que se observa una mayor presencia de la regulación normativa y en consecuencia mayores trabas administrativas para el desarrollo de la actividad. En cambio, en el sector del comercio la situación es muy positiva como consecuencia de la plena flexibilidad de horarios de los negocios y la facilidad para el establecimiento de grandes superficies y de negocios de tamaño medio. Madrid fue la primera comunidad en utilizar sus competencias para facilitar al máximo el desarrollo comercial y sectores paralelos como la hostelería y la restauración y puso un gran empeño en prestarles todo el apoyo posible durante la pandemia, una vez acabado el periodo del confinamiento.

En el caso del Medioambiente, la región ocupa, sin embargo, una posición muy retrasada, lo que sugiere que Madrid posee un número de normas superior a la mediana en esta categoría, circunstancia que puede tener que ver con que soporta un alto índice de polución y en que, sobre todo, el Ayuntamiento se ha destacado especialmente por seguir las directrices comunitarias en asuntos relacionados con la ecología, restringiendo la circulación por el centro de la ciudad de los automóviles más antiguos y contaminantes y siendo la avanzadilla en la limitación de la posibilidad de circular y de aparcar en la almendra central de la capital del Estado.

Gasto público en Madrid

En lo que se refiere al gasto público, éste sumó en términos absolutos 22.794 millones, un 9,5% del PIB regional y es incluso menor al obtenido en términos relativos en 2015 (del 9,8%), cuando en el conjunto del Estado está próximo al 50% del PIB, de manera que se aprecia que Madrid gasta un menor porcentaje de la renta generada en su territorio que el resto de las autonomías. En sentido paralelo, sucede lo mismo en lo que se refiere al esfuerzo fiscal. Madrid recaudó casi 22.600 millones, de los cuales más del 50% de estos ingresos corresponde a impuestos directos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de las autonomías, donde los impuestos indirectos aportan la mayoría de la recaudación. Madrid se sitúa como la región con el régimen fiscal más favorable, de acuerdo con los autores del estudio dirigido por el profesor Cabrillo.

En este índice de libertad económica relativo a 2022, los cinco primeros puestos están ocupados, además de por Madrid, por el País Vasco, La Rioja, Cantabria y Baleares. La posición séptima es para Cataluña, que es la segunda región de España en términos de PIB por detrás de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, pero que tiene registros muy negativos en todo lo que se refiere al esfuerzo fiscal, el gasto público, la vivienda -asediada por todo tipo de regulaciones tanto en lo que se refiere a propiedad como al alquiler-, la sanidad o la educación. En gasto público, por ejemplo, Cataluña suma 35.543 millones, lo que representa un 15% del PIB, frente al 9,5% que se anota Madrid. Algo similar sucede con el caso de los impuestos, cuyos tipos efectivos sobre aquellas figuras tributarias en las que tiene competencia, se sitúan en la franja alta del conjunto de las autonomías, con un régimen fiscal más desfavorable que el de la media.

Extremadura se sitúa en la cola del índice, y lleva s istemáticamente en esta posición desde se comenzó a elaborar en 2011. Después se ha hecho en 2013, 2015 y ahora en 2022. La situación tan negativa de la autonomía extremeña se debe a la intensa participación del sector público en la región, con una notable regulación que limita al máximo la actividad económica y un peso del Estado muy por encima de la media.

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