La fusión entre Unicaja y Liberbank es, con toda probabilidad, el primer movimiento de la nueva oleada de fusiones bancarias que afronta el mercado español a partir del próximo año 2019. La reestructuración del sistema financiero vivirá su cuarta consolidación tras diez años de quiebras, fusiones y rescates concentrados en las antiguas cajas de ahorros. Pero a diferencia de cuando comenzó el proceso de ajuste bancario, la cuestión principal no es la solvencia sino la viabilidad del modelo de negocio a futuro, lo cual obliga a buscar operaciones corporativas para ganar tamaño y sobrevivir en un mercado tan maduro como el español.
En una primera etapa, entre 2009 y 2011, el sistema financiero reveló sus primeras debilidades debido al círculo vicioso entre riesgo bancario y riesgo inmobiliario-promotor que dejó la burbuja hasta 2008 y los severos problemas de gestión derivados de un modelo de politización de las cajas que arranca en 1985, lo cual acabó con una burbuja crediticia y convirtiéndose dichas entidades en instrumentos al servicio de poderes locales y regionales.
Incluso, estos primeros años supusieron el fracaso del primer modelo de reforma basado en las denominadas «fusiones frías» instigado por los reguladores y el Gobierno, donde las entidades «sanas» teóricamente neutralizaban los problemas de las entidades «malas».
En una segunda etapa, entre 2012 y 2015, la banca española sufrió un «aterrizaje forzoso» tras el rescate con dinero europeo de la mayor parte de las «fusiones frías», siendo la más importante Bankia. Pero al mismo tiempo, el proceso se veía acompañado de varias fuerzas positivas remando a favor como fueron, por un lado, la puesta en marcha de una política monetaria expansiva basada en inyecciones masivas de liquidez para evitar crisis en el mercado interbancario y, por otro lado, mecanismos de apoyo público como fueron los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y el reconocimiento de activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) con los que facilitar la compra de entidades por parte de los bancos privados más sólidos con los que contaba el mercado español, fundamentalmente entonces BBVA, Caixabank y Banco Sabadell.
En una tercera etapa, entre 2016 y 2017, el protagonista fue la quiebra controlada del Banco Popular en junio de 2017, ya en pleno proceso de caída de las tasas de morosidad y recuperación paulatina de los márgenes típicos. Fue el turno de las entidades que habían conseguido sobrevivir a la crisis pero que contaban con lastres que les hacían vulnerables ante cualquier problema de su cartera crediticia o simplemente sus tasas de retorno financiero. No era posible seguir recurriendo a la ventanilla del «dinero gratis» por mucho más tiempo.
Ahora se acerca una cuarta etapa cuyos protagonistas son los bancos producto de las fusiones de antiguas cajas de ahorros que han formado un mercado de banca mediana y pequeña cuyo punto fuerte es el territorio donde sus antepasados crecieron y donde en los últimos años han aprovechado el hueco dejado por entidades desaparecidas, la puesta en mercado de nuevos productos relacionados tanto de banca personal como de banca de empresas y el ajuste de personal y oficinas que ha ayudado a mantenerse el margen bruto.
Pero además de la banca mediana y pequeña, no hay que olvidar otro sector que se enfrenta a una reorganización estructural como es el sector cooperativo formado por las cajas rurales y las entidades de crédito cooperativo. Tanto en este segmento como en el de bancos privados medianos y pequeños, se busca articular mecanismos de protección que absorban futuras pérdidas y que complementen la solvencia requerida por Basilea III que en unos días entrará plenamente en vigor.
La capacidad de emisión y creación de MREL (Mínimum Requirement for own funds and eligible liabilities, por sus siglas en inglés) es capital para dar una señal al mercado de confianza y fortaleza en los dos años que probablemente dure la fase de desaceleración del ciclo económico y como una correcta guía para prepararse para la próxima crisis. Como porcentaje del total de pasivos (tanto pasivo exigible como no exigible) se buscan cifras superiores al 10 por ciento para los grandes bancos y algo menores para los de menor tamaño. En 2017 se emitieron instrumentos de deuda computable por valor de 35.000 millones de euros, pero se espera una aceleración de estas emisiones aprovechando la coyuntura monetaria antes de su aplicación total en 2024. Y esto, en definitiva, puede hacerse si la entidad tiene suficiente tamaño que le permita absorber el coste financiero de estos instrumentos (su cupón es mucho más alto que el de un bono sénior pero más bajo que el de un CoCo). Más allá de los requerimientos regulatorios, esta nueva oleada de fusiones pondrá por fin el foco en la importancia de rediseñar el modelo de negocio, algo que en la práctica ya han hecho los dos grandes bancos: Santander ha girado hacia la banca de inversión mientras que BBVA lo está haciendo hacia una ingeniería digital.
La supervivencia de un negocio privilegiado por el Estado como es la banca (es la única entidad a la que se le permite crear dinero de la nada, pero a cambio sometida a una regulación dura y creciente) depende de cuál sea la capacidad que tenga de generar valor añadido en el futuro. Y eso en una actividad cada día más regulada y que todavía sigue buscando su «modelo de negocio» a futuro, es francamente complicado si no hay directivos con visión largoplacista, bien preparados técnicamente, con una férrea gestión del cambio y con independencia del poder político.
