l 10 de noviembre se acerca. Las cuentas electorales, según las encuestas, comienzan a fallar, y las arcas públicas tampoco están boyantes. Los viernes sociales fueron suficientes para ser primera fuerza electoral, pero no para obtener una mayoría absoluta. Lo que ha ocurrido en el Parlamento durante las últimas semanas es de sobra conocido.

El asunto es que Pedro Sánchez se ve en plena desaceleración, con Errejón dividiendo, aún más, el voto de la izquierda y la sensación decreciente de que la participación va a ser baja. Un panorama nada halagüeño que, en el mejor de los casos, supone una elevada incertidumbre electoral.

Algo se tenía que sacar de la manga nuestro presidente del Gobierno, y lo ha hecho con, exactamente, la misma herramienta con la que intentó, hace unas semanas, presionar para llegar a un acuerdo de investidura: el dinero de buena parte de los españoles.

Y es que, el Estado mantiene unos 7.200 millones de euros retenidos a cuenta de las Comunidades Autónomas. Se trata de fondos que ya se han recaudado en 2017, y que este año, dentro del marco del sistema de financiación autonómica, computan en los Presupuestos Generales del Estado como un gasto destinado a las regiones.

Tras el informe de la Abogacía del Estado, en el que se desaconsejaba el desembolso a las comunidades por evitar comprometer las acciones del próximo Gobierno de la nación, ahora, en plena campaña electoral, parece que todo se ha solucionado. Puro tacitismo político a cuenta de todos. Comprar votos con el dinero de todos también debería ser considerado corrupción. Especialmente en el caso de anunciarlo en un mitin y al día siguiente ser desmentido por la portavoz de tu Gobierno. Es como si alguien te invita a cenar y acabáis fregando los platos porque no lleva dinero encima.

El asunto es que el periodo medio de pago se ha disparado hasta los 36 días, algo que no ocurría desde la crisis de 2012, y las Comunidades Autónomas urgen a que el Estado cumpla con sus compromisos para obtener un balón de oxígeno en medio de la asfixia.

El FLA: dinero gratis sin coste electoral

Es importante recordar cuál es la situación de las autonomías tras 4 años de crecimiento económico positivo. Sólo cinco regiones se financian por sí mismas en los mercados, nueve están totalmente fuera de los mercados, asistidas a través del Fondo de Liquidez Autonómica, y el resto están en un punto intermedio.

La evolución, además, no es favorable. La mayor parte de regiones no sólo no se acercan a la reducción de déficit hasta el 0,1% del PIB, sino que lo están incrementando. Casualmente, muchas de ellas coinciden con las que más han acudido al FLA y, por lo tanto, más intereses están ahorrando. Alguna de ellas, como Cataluña, está mordiendo la mano que le da de comer y atacando un sistema económico que ya acumula el 90% de la deuda.

El FLA se crea en 2013 para hacer frente a las importantes tensiones de liquidez que mantenían algunas regiones. Se contempló como un mecanismo de financiación «extraordinario» y «transitorio». Y, como buena parte de los desincentivos a la responsabilidad que establece la socialdemocracia bajo el paraguas de la protección, continúa nutriendo a las regiones de argumentos para no abordar las reformas estructurales que necesitan.

Si a un sistema que ya de por sí desincentiva y tiene en su ADN mantener el statu quo como es la financiación autonómica en España le añades dinero prácticamente gratis y sin coste electoral para los políticos, la respuesta es evidente: una España de dos velocidades y gran parte de los líderes clamando echando balones fuera y clamando por un nuevo modelo de financiación. Un modelo que, por cierto, pretenderán les siga nutriendo de recursos de forma gratuita. Lo que viene siendo subvencionar modelos obsoletos con el éxito de las regiones pujantes.

Una recesión encubierta

Tampoco las perspectivas en Europa no son positivas. Alemania e Italia están a las puertas de la recesión, y Francia se ha quedado en terreno de nadie. Ahora, Trump va a imponer aranceles por valor de hasta 7.500 millones de dólares, y eso va a ser un nuevo freno a países netamente exportadores como Alemania. Y, por lo tanto, con un impacto en toda Europa. Queda también articular finalmente el Brexit, que no hace sino añadir incertidumbre a la situación actual.

España no se libra de la desaceleración. La palabra desaceleración, proveniente de alguien capaz de disparar con pólvora del rey con tanta facilidad, en realidad es una recesión encubierta con el enorme gasto público que se ha hecho durante este año. Los datos de paro del mes de septiembre corroboran la debilidad que debemos esperar para el tercer trimestre del año.

Tras el peor mes de agosto en términos de incorporación al mercado laboral desde la salida de la crisis, en septiembre cabría esperar un repunte al alza, en términos mensuales, por puro efecto estadístico. Y, sin embargo, lo que hemos visto es un nuevo síntoma de debilidad. El incremento mensual de la afiliación media ascendió a 3.224 personas, no sólo el peor dato desde la salida de la crisis, también un dato inferior incluso al del mismo mes del año 2007.

El ritmo de disminución del paro, por su parte, también se reduce a la mitad con respecto al año pasado. La variación interanual en el mes de septiembre de 2019 es del -3,83%, frente al -6,09% de septiembre de 2018.

Para los socialistas, y, especialmente, para este Gobierno, el dinero no es de nadie. Por eso se permiten el lujo de administrarlo en función de lo que les interesa en cada momento para permanecer en Moncloa. No es sencillo ser candidato a la presidencia del Gobierno durante tantos años, ni mucho menos presidente, sin el apoyo de las urnas, como lo es Sánchez. Y, aún así, cree que su voluntad está por encima de la de las regiones para gestionar recursos que son de sus ciudadanos.

Cualquier cosa que nos quede por ver en este país es poco. Qué fácil es ir a la guerra con pólvora del rey. En este caso, del pueblo.