Desde la moción de censura y toma de posesión del nuevo Gobierno Sánchez hasta la actualidad, numerosos problemas económicos y políticos han eclosionado de forma simultánea amenazando el crecimiento de la economía española y el ritmo actual de generación de empleo. A los problemas de política fiscal (especialmente con la falta de apoyos parlamentarios para tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2019) se suman un descontrol creciente de las finanzas autonómicas sin haber ni siquiera conseguido aprobar unas bases mínimas de reforma del sistema de financiación de las CCAA; una crisis migratoria que preocupa no sólo a España sino sobre todo a la Comisión Europea; un conflicto institucional no resuelto en Cataluña después del levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y múltiples huelgas de colectivos diversos en el sector servicios, entre otros. En el actual momento del ciclo económico donde han desaparecido prácticamente todos los “vientos de cola” que soplaron a favor de la economía española –precios bajos del petróleo, debilidad del cambio del euro frente al dólar, atracción masiva de turistas por inestabilidad en competidores y crecimiento de los principales mercados de destino comercial de los productos y servicios españoles– es necesario tener una economía abierta, flexible y saneada que pueda afrontar fases de menor crecimiento y, sobre todo, que esté plenamente preparada para afrontar futuras crisis que se puedan producir a medio plazo.

En este sentido, el Gobierno está actuando en dirección contraria a estas necesidades, en muchos casos en línea con lo que hizo el anterior Gobierno. En primer lugar, preparar (y ejecutar) proyecciones expansivas de gasto público saltando por encima de una restricción presupuestaria tan imprescindible como es que España es el país con el mayor déficit total, estructural y primario de la Eurozona, además de tener una ratio de Deuda Pública sobre PIB cercana al 100 por ciento. Así, tomando el argumento de que la ratio de gasto público sobre PIB es más baja que la media de la Eurozona (recordar que dividir sobre PIB no convierte en homogénea dicha comparación), incumple uno de los medios básicos para alcanzar la estabilidad presupuestaria como es la “regla de gasto”, la cual obliga a ajustar la evolución del gasto consolidado no financiero por debajo del crecimiento potencial de la economía.

Debería ser tarea urgente para este Gobierno cuadrar las cuentas públicas –entre otras cosas por ser mandato constitucional– y racionalizar un sistema fiscal tan complejo como el actual. Por ello, restablecer la relación entre contribución y prestación en los servicios públicos a través de un sistema de financiación autonómica competitivo y basado en principios de racionalidad, eficiencia y equidad, es cuestión urgente. Sin embargo, el cortoplacismo reinante –por ejemplo, en forma de dos décimas adicionales de PIB para que las CCAA sigan gastando sin responsabilidad fiscal alguna– y la falta de criterio en las cuestiones fundamentales, puede llevar a España a una situación como la de años precedentes en que las reformas tuvieron que hacerse por órdenes directas de Europa, multiplicándose el coste de implementación de éstas y la probabilidad de protestas sociales.

En segundo lugar, la liberalización y apertura a la competencia de importantes sectores económicos con impacto directo sobre los ciudadanos, también es otro de los ámbitos en los que, lejos de desear una solución adecuada a largo plazo, el Gobierno prefiere “huir hacia adelante” plegándose a las exigencias de los grupos de presión mejor organizados y evitar, de esta forma, los costes que la transición a la competencia tiene para Estado, empresas, mercados y consumidores. Evidentemente, el ejemplo más reciente es el del taxi pero hay múltiples sectores que a día de hoy siguen regulados mediante concesión de licencias o con monopolios o posiciones de dominio del sector público y cuya apertura al mercado se evita sistemáticamente, incluso incumpliendo a sabiendas las normas que emanan del Derecho comunitario: sean Reglamentos de aplicación directa o Directivas que es necesario trasponer.

No en vano, España es el país que más multas acapara a día de hoy por incumplimiento de plazos de transposición de directivas comunitarias y la mayor parte de ellas muestran un camino claro de apertura obligada a la competencia en sectores como el transporte de viajeros por carretera (está pendiente la renovación de concesiones de las principales líneas de autobuses de larga distancia), la liberalización del servicio ferroviario también para viajeros (contra esto el Gobierno acaba de conceder la renovación a RENFE para la explotación del Cercanías), el servicio postal para acabar con la posición de dominio de Correos o la liberalización de los puertos, donde se ha preferido ceder a las presiones de los estibadores.

En tercer y último lugar, en poco más de mes y medio de Gobierno, el Ejecutivo está intentando volver a establecer rigideces laborales que minan la competitividad ganada por las empresas, la cual ha permitido que cada año el empleo crezca por encima de los 500.000, concediendo subidas salariales y de pensiones que la economía no se puede permitir a largo plazo. Con esta situación, cada declaración de un miembro del Gobierno es percibida con temor a que suponga un nuevo compromiso de gasto o una nueva “piedra en el zapato” del crecimiento de la economía. Este no debería ser el camino.