La derrota de la candidatura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo es, en sí misma, una noticia negativa no solo para España, sino muy especialmente para aquellos países que forman el núcleo de poder en la Unión Europea: el eje franco-alemán. El resultado de la votación ha ampliado el espectro de influencia de un grupo de países pequeños en tamaño económico y demográfico, pero cuyo peso es cada vez mayor, destacando en elementos como la estabilidad presupuestaria, capacidad de ahorro sobre PIB, innovación tecnológica, peso de agricultura e industria sobre el conjunto o superávit por cuenta corriente, entre otros indicadores.
Con este resultado, la hoja de ruta diseñada por el eje franco-alemán para la reconstrucción europea, junto con la negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, se podría ver seriamente cuestionada, tanto en el fondo como en la forma. Esta estrategia fue pergeñada por las cancillerías de Berlín y París, sustentadas en el control que en este momento tienen sobre la Comisión y el Parlamento, los cuales serían los brazos ejecutores. Sin embargo, no calibraron correctamente el riesgo de descontento que, sin duda, ya existía en bastantes países tanto del norte como del centro europeo, con gobiernos tanto socialdemócratas como liberales y conservadores.
Esta votación del Eurogrupo tiene múltiples significados para Europa. Reafirma, en primer lugar, que las decisiones deben tomarse habiendo generado previamente un consenso de los Estados Miembros y no bajo una imposición tácita o explícita de Alemania y Francia, como lleva sucediendo desde la anterior crisis de 2008. En segundo lugar, supone introducir contrapesos en las decisiones políticas europeas, a pesar de que esto pueda retrasar en el tiempo la toma de algunas decisiones importantes como finalizar la unión bancaria europea, establecer una estrategia común de fortalecimiento de los sectores empresariales ante las amenazas americana y china. Pero aquí el argumento de países como Holanda, Austria o Finlandia es claro: ya existen mecanismos de coordinación y respuesta rápida en la Unión Europea que pueden atender necesidades urgentes de aquellos países más afectados, con lo cual no es procedente crear más estructuras –y menos haciéndolo por la “vía rápida”, sin apenas discusión previa–, que concentren más el poder entre París y Berlín.
En tercer lugar, estos países reclaman que se fortalezcan tanto los mecanismos de control ex ante y ex post de los fondos europeos, como el cumplimiento de las reglas presupuestarias y financieras que deberían sostener a futuro la Zona Euro. En este sentido, desconfían profundamente de las principales economías del euro, ya que, por ejemplo, Alemania y Francia son los primeros países que incumplen sistemáticamente los tratados comunitarios. Ya ocurrió en 2005 con el límite de déficit de Maastricht y ahora está ocurriendo con las masivas ayudas de Estado a las grandes compañías estratégicas nacionales, poniendo en peligro la unidad del mercado común europeo.
Por último, este escenario tiene importantes consecuencias para España, más si cabe por la grave crisis fiscal que en los próximos meses vivirá el país y la desconfianza existente en materia empresarial e inversora (27.100 millones hasta abril, según el Banco de España). Si la vicepresidenta Nadia Calviño se hubiera convertido en presidenta de los ministros de Finanzas de la Zona Euro habría aportado credibilidad a España, pero, sobre todo, un peso negociador importante a la hora de definir y ejecutar las ayudas europeas.
Sin embargo, la derrota de Nadia Calviño supone que España tenga como última salida unirse a Italia para intentar formar una “coalición de agraviados”, que maximice la llegada de fondos europeos y minimice la cuantía sujeta a una condicionalidad estricta, tanto de devolución de los préstamos como de compromisos macroeconómicos.
Esta “coalición” comparte las estimaciones más negativas de PIB de 2020 (-12,8% interanual, según el FMI), pero muy especialmente un desequilibrado escenario fiscal de origen junto a Francia. España registró un incumplimiento histórico (en épocas expansivas) del objetivo de déficit público, a lo que se suma un crecimiento sin control del gasto público y tres planes presupuestarios fallidos, el último de ellos con severas reservas por parte de la Comisaría de Asuntos Económicos de la UE. Por tanto, si ya de por sí las economías italiana y española partían de unas bases frágiles de política fiscal, la crisis las ha destruido por completo. Con lo cual, es totalmente imprescindible la combinación entre llegada de fondos europeos y política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE).
Sabedores de esta realidad, los países del norte y centro europeo se reafirmarán en sus posiciones, arguyendo que tanto Italia como España están recibiendo una ayuda fundamental, como es mantener artificialmente bajo control sus primas de riesgo. Copan un tercio de las compras realizadas por el BCE bajo su programa anti-pandemia, superando con creces la participación de estos países en el capital del BCE (España supone el 11,9% del total, cuando su capital key es del 9,69% e Italia supone el 20,02%, muy por encima de su participación en el capital del BCE, que es del 13,8%).
En suma, el discurso del “norte” contra el “sur” ahora se ha transmutado en los “pequeños” contra los “grandes”. Tanto cuando se hacía el primer discurso como ahora el segundo, hay mucho de falaz, pero sí hay una realidad: los países que se preocupan de cómo va a ser el futuro y aquellos que solo les preocupa intentar salvar el presente.
