La preocupante situación en la que se encuentra nuestra economía se debe, en buena medida, a los efectos del Covid-19. Pero sería un error cerrar los ojos a otros problemas muy serios que afectan al país. La pandemia no es,
ciertamente, la única causa de las dificultades por las que está pasando la economía española. Con ella coinciden, al menos, otras dos crisis. La primera afecta a la estructura misma del sistema productivo; la segunda es una crisis institucional que podría acabar teniendo efectos muy graves si no se consiguiera corregir la peligrosa deriva de los últimos meses. Y la acción conjunta de las tres resulta muy peligrosa.
¿Por qué nuestra economía se encuentra en una situación de mayor debilidad que la de la mayoría de las naciones europeas? ¿Por qué las estimaciones de caída del PIB para la zona euro se sitúan en torno al 8%, mientras que para España están en torno al 12%? ¿Por qué las perspectivas a medio plazo del paro en España son tan negativas?
Puede argumentarse –y con razón– que la economía española, con un fuerte peso del sector turístico, se ha visto afectada por el Covid-19 de una forma especialmente intensa. Y que la gestión del Gobierno y del sector público ha sido aquí especialmente torpe, en un contexto internacional en el que la incompetencia ha abundado en demasía. Pero no se puede olvidar tampoco cuáles eran los puntos de partida en marzo de unos países y otros.
Hay que recordar que España, con unas tasas de crecimiento elevadas en los años previos, no había sido capaz en 2019 de hacer caer su tasa de paro por debajo del 14% ni su déficit público por debajo del 2,7% del PIB, mientras la deuda se mantenía por encima del 95% del PIB. Si los comparamos con naciones como Alemania u Holanda, con tasas de paro por debajo del 4%, deuda pública por debajo del 60% y superávit presupuestario en ambos casos, se entiende que España no sólo está pasando por una crisis de coyuntura más profunda que otras economías, sino que, además, tiene unos graves problemas de fondo, en especial en el sector público y en el mercado de trabajo, que van a ser una rémora para la recuperación en los próximos años. Se ha dicho que la pandemia ha demostrado la importancia de “lo público” en la vida nacional y se pide, por ello, mayor intervención del Estado en numerosos sectores de la economía. Pero me temo que si algo ha demostrado el Covid-19 es lo mal que funciona nuestro sector público, que ha sido incapaz de reaccionar con un mínimo de eficiencia ante las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse.
Ataque a las instituciones
Y esto ocurre en una nación que tiene unas instituciones endebles, sometidas hoy a críticas de todo tipo cuyo objetivo no parece ser su mejora, sino su destrucción. La prosperidad de un país se basa en dos pilares fundamentales: su capital humano y sus instituciones. Y no cabe duda de que, en el caso de España, los ataques generalizados a algunas de ellas no están contribuyendo precisamente a la recuperación de la economía. El ministro de Justicia afirmó hace unos días que “el Consejo General del Poder Judicial está en descomposición”. Y es probable que tenga razón. Pero el Sr. ministro debería haber añadido que también la Fiscalía y el mismo Gobierno del que forma parte están en descomposición. Y, por desgracia, no es éste el principal problema. La realidad es que el país se enfrenta a una
crisis muy preocupante en este campo, seguramente la más seria desde el fracasado intento de golpe de Estado de febrero de 1981. Todo ello en el marco de un proyecto dirigido a cambiar el régimen democrático establecido por la Constitución de 1978.
El Gobierno parece dispuesto a aplicar cualquier medida –por absurda que sea– si considera que le ayuda a mantenerse en el poder. Y esto ha llevado a una politización de todo punto indeseable de un número cada vez mayor de aspectos de nuestra vida pública, que ha tenido como efecto poner en cuestión el principio de que hay instituciones que deberían quedar fuera del debate cotidiano. No es casualidad que los ataques más duros que se dirigen a nuestro actual modelo constitucional desde la izquierda, desde los partidos nacionalistas y –lo que resulta más lamentable– desde una parte del Gobierno se centren hoy en dos cuestiones que deberían quedar fuera de tales estrategias partidistas: la Jefatura del Estado y la Administración de Justicia.
Se trata, aparentemente, de temas que no tienen mucho que ver con el funcionamiento de la economía. Pero pensar tal cosa es un error. Si se desestabilizan dos de las instituciones básicas del Estado los costes en términos de generación de incertidumbre y deterioro de las expectativas pueden ser muy altos. Mezclar en el mismo vaso una dosis de defectos estructurales, con una copa de pandemia y dos medidas de crisis institucional puede tener como resultado eso que suele llamarse un cóctel explosivo.
