Por Cristina Ruiz
El nivel de prosperidad de las naciones está ligado a su nivel de libertad económica. Esa es una de las principales conclusiones que recoge Francisco Cabrillo, catedrático Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Internacional de La Rioja, en su recientemente publicado libro «Libertad Económica en España» (Lid), realizado en colaboración con la Fundación Civismo. Tras ocho años sin realizar el estudio (desde 2015), el economista vuelve a realizar este análisis de las comunidades autónomas españolas a partir de doce indicadores. Seis de los mismos se refieren a la dimensión del sector público y otros seis a la regulación en determinados sectores. El gasto público, la deuda y el número de empleados que trabajan para la administración regional, la Sanidad, el Comercio o la Vivienda son algunos parámetros que analiza para determinar la posición que ocupa cada comunidad autónoma en el ranking de regiones que cuentan con una mayor o menor grado de intervencionismo. Tras analizar estas variables, Cabrillo sitúa a Madrid en cabeza en lo que a libertad económica se refiere, y a Extremadura en último lugar. No obstante, el estudio destaca el empeoramiento que han sufrido algunas comunidades, siendo éste especialmente relevante en el caso de la Comunidad Valenciana y Navarra. La primera se sitúa en decimoquinta posición en este índice (frente a la cuarta de 2015), lo que sugiere una participación muy alta del sector público en la actividad económica de la región. «En Valencia se ha producido un aumento del intervencionismo y, en consecuencia, el gasto público y el esfuerzo fiscal han subido, siendo la región con mayor deuda autonómica», explica Cabrillo.
El total del gasto de la Comunidad Valenciana representa un 19,8% del su PIB , un 15% más que en 2015, y su deuda el 41,18%. Por su parte, Navarra se sitúa en décimo lugar, frente al sexto de 2015. Su gasto asciende al 21% del PIB y su deuda al 16,13%.
Madrid es la autonomía con la participación más baja del sector público en la economía, con un gasto público y un endeudamiento, que representan el 9,5% y el 14,27% del PIB, respectivamente. En el lado opuesto, se sitúa Extremadura. La mayoría de los indicadores analizados se traducen en una intensa actividad regulatoria y en una dimensión del sector público por encima de la media. El gasto en esta comunidad representa el 22,9% de PIB y la ratio de deuda, el 23,53%.
«Después de realizar el análisis, se puede decir que cuanto más intervencionista es una comunidad, menor es su prosperidad», asegura el profesor.
Hace años que se elaboran índices de libertad económica en el mundo, los cuales solo se pueden aplicar en caso de países muy descentralizados, como España, Alemania o Estados Unidos. España, tal y como indica Cabrillo, ocupa un lugar intermedio en estas clasificaciones, sin bien es cierto que su evolución no está siendo buena. «El Estado está asumiendo cada vez más peso en la actividad económica, algo que se evidencia, entre otras cosas, en la evolución del empleo público», subraya.
En este sentido, Cabrillo llama la atención sobre el inmovilismo de las regiones más atrasadas, como la presidida por Guillermo Fernández Vara, donde el gasto público, la deuda o los impuestos no han hecho más que aumentar sin tomarse ninguna otra medida de estímulo de la actividad económica y de la inversión.
«Buena parte del gasto del Estado son transferencias a la comunidades. Esto hace que se produzca un fenómeno curioso, ya que todas se consideran acreedoras históricas y ninguna deudora frente al Estado. Todas se sienten agraviadas al pensar que no reciben los suficientes recursos. Cuando las cosas no van bien es más fácil culpar al Estado, y decir que no se les ha dado lo que merecen, que asumir una mala gestión», asegura.
El profesor también desmonta algunos de los argumentos que generalmente las comunidades menos prósperas esgrimen para, por ejemplo, no bajar impuestos. «A menudo, estas autonomías dicen que no pueden bajar impuestos porque ellos no son tan ricos como, por ejemplo, Madrid. Sin embargo, no es cierto. Lo que ocurre es que Madrid tiene esa política fiscal porque tiene un mayor grado libertad económica», expone. Así, Cabrillo pone como ejemplo a Estados Unidos para refutar el argumento, donde los estados más ricos, como Nueva York, California y Massachusetts, no son los que tienen mayor libertad económica, sino que son aquellos que equivaldrían a nuestra Extremadura, como Idaho, Utah o Georgia, los estados más pobres, los que diseñan políticas más liberales, precisamente, para atraer la inversión. «Por tanto, no es cierto que las regiones con menor renta per cápita tienen que gasta más, subir más los impuestos y ser más intervencionistas», añade.
También destaca que habrá ciertos partidos a los que les parezca buenísimo estar en los últimos lugares de índice de libertad económica, ya que «todo depende del prisma bajo el que se mire», concluye.
