Un personaje de Jorge Luis Borges, el consejero Kuranosuké, cuando decide aparentar una vida degenerada para coger desprevenido a su enemigo, se codea “con rameras y con poetas, y hasta con gente peor”. Frecuentar prostitutas no es una actividad distinguida, ciertamente; y trabajar en el sector lo es menos aún. Pero muchos hombres demandan servicios de prostitución; y muchas mujeres –la prostitución masculina es bastante reducida– los ofrecen. La razón es que, aunque el trabajo carezca del menor prestigio y sea poco grato para quien lo realiza, está relativamente bien pagado; ya que todos los estudios indican que los ingresos de una prostituta son, en promedio, bastante más elevados que los de las demás mujeres con un nivel de capital humano similar.
Por otra parte, no es cierta la idea, muy extendida en nuestro país, de que la mayor parte de las mujeres que ejercen la profesión lo hacen obligadas. Es verdad que existen el tráfico de blancas y algunas situaciones lamentables de mujeres obligadas a prostituirse. Pero los datos disponibles indican que, en la gran mayoría de los casos, las prostitutas eligen esta profesión porque valoran más los mayores ingresos que pueden obtener que los costes antes señalados.
La posible regularización de la prostitución es una cuestión abierta en España. En esta ocasión, el origen del debate que hemos podido seguir a lo largo de varios días en los medios de comunicación se encuentra en unas manifestaciones de Albert Rivera, quien se ha mostrado partidarios de normalizar la actividad profesional de las prostitutas y ha señalado, además, que tal medida permitiría a Hacienda recaudar “hasta 6.000 millones de euros”. La propuesta, a pesar de haber producido algunas reacciones nerviosas en exceso y de lo incierto de la cifra, es razonable y merece ser tomada en consideración. Pero me temo que no sería fácil llevarla a la práctica con éxito.
El caso de referencia en estos debates suele ser Holanda, país que en el año 2000 reformó la legislación referida a la prostitución, autorizando los burdeles y regularizando la situación de las personas que la ejercen, que se integran desde entonces en el sistema de la seguridad social y deben pagar impuestos como cualquier otro trabajador. Esto implica que tienen que declarar sus ingresos en el impuesto sobre la renta y facturar a los clientes un IVA del 19%; aunque he encontrado una curiosa sentencia de un juez de Amsterdam que determinó que una stripper debería facturar el IVA al 6% por tratarse de una actividad artística… y no está claro hasta dónde se puede extender el concepto de actividad artística.
El propósito de la reforma legal era claro: las prostitutas son personas que realizan una actividad laboral y deberían ser tratadas como el resto de los trabajadores. Esto tendría como efecto, además de conseguir nuevos ingresos fiscales para el Estado, eliminar –o al menos reducir sustancialmente– el estigma que siempre ha acompañado al ejercicio de esta profesión. La reforma no parece haber alcanzado, sin embargo, los objetivos perseguidos. No se sabe bien, en primer lugar, cuántas prostitutas han legalizado su situación. Hay cálculos que estiman que, aproximadamente, el 40% de las profesionales pagan hoy el impuesto sobre la renta. Pero, al ignorarse el número real de prostitutas en activo, esta cifra resulta poco fiable. Por otra parte, no parece que el prestigio social de las prostitutas haya mejorado mucho por el hecho de ser reconocidas como trabajadoras, con todos sus derechos y obligaciones. Y, por fin, no deberíamos olvidar que Holanda es uno de los países con tipos más altos en su impuesto sobre la renta; y cada prostituta que decida dar el paso hacia la legalización debe comparar las ventajas que le supone dignificar su actividad con los inconvenientes que implica el pagar al fisco impuestos elevados. Y los hechos indican que, si tienen que elegir, la mayoría no están dispuestas a perder dinero a cambio de una poco clara dignidad social; decisión que, por cierto, resulta perfectamente racional.
INTERVENCIONISMO
Dados los resultados de esta experiencia, cabe preguntarse si realmente sería conveniente cambiar en España la regulación de la prostitución en un sentido similar. La respuesta a esta cuestión no es fácil, desde luego. Pero permítanme una sugerencia, que está tan alejada de la de quienes proponen políticas restrictivas –que podrían llegar hasta a perseguir penalmente a los clientes– como de la de los que quieren cobrar impuestos y meter en la Seguridad Social a las prostitutas: ¿por qué no dejamos las cosas como están? El sector en España parece funcionar razonablemente bien y no genera altos niveles de delincuencia. El mercado es abierto y, por los datos de los que disponemos, los precios se fijan con bastante transparencia. ¿Estamos seguros de que vamos a mejorar las cosas mediante una mayor intervención del Estado?
Y una cuestión curiosa, para terminar estas reflexiones. Lo que Rivera plantea es, en el fondo, que el Estado se beneficie también del ejercicio de la prostitución al obtener recursos mediante el cobro de impuestos. Esto puede parecer una buena idea, ya que permitiría construir escuelas u hospitales, o mejorar los servicios públicos. Pero hay un pequeño problema: el diccionario de la Real Academia define al proxeneta como aquella “persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona”. Con la propuesta de Ciudadanos, ¿no estaríamos dejando en una posición incómoda al señor ministro de Hacienda?
